Falsas amenazas en escuelas: la provincia de Córdoba cobrará los operativos a los adultos responsables de los alumnos
La medida apunta a frenar la ola de intimidaciones; varias instituciones piden llevar los útiles en bolsas transparentes
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- La gobernación de Córdoba anunció que cobrará a las familias de los alumnos que generen falsas amenazas de tiroteo en escuelas los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones demandan. La semana pasada se investigaron casos en unas cien instituciones educativas de la provincia, mientras que ayer la Justicia ordenó la internación en un centro de salud mental de un adolescente de 13 años con presuntos vínculos activos con la comunidad digital que glorifica las masacres escolares conocida como True Crime Community (TCC).
La decisión de cobrar a los mayores responsables de los estudiantes que hagan falsas amenazas identificados e imputados por la Justicia fue formalizada por el Ministerio de Seguridad. La medida establece que serán ellos los responsables de los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación.
“A partir de ahora, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos”, explicó el ministro Juan Pablo Quinteros.
El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención.
Con esa información, el Estado avanzará con la intimación de pago y, de ser necesario, con acciones judiciales.
Ateración del normal funcionamiento escolar
Quinteros puntualizó que cada operativo de esas características “moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”.
Subrayó que no se trata de hechos menores, sino de “conductas que alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en estudiantes, docentes y familias", y obligan a una respuesta inmediata del Estado.
El protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, planteó el ministro.
En este contexto, este miércoles se conoció que un colegio prohibió el ingreso de alumnos con mochilas. Después de que se difundiera que el Instituto Obispo Caixal había tomado esa medida, a las radios y canales de televisión llegaron mensajes de que también en otros existía la misma disposición.
En el Caixal explicaron que la decisión se tomó después de que aparecieran amenazas pintadas y que apunta a reducir tensiones internas y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.
El adolescente internado
En medio de las recientes amenazas de ataques en establecimientos escolares que se replicaron por todo el país, autoridades de Córdoba detectaron a un adolescente de 13 años con presuntos vínculos activos con la comunidad digital de fanáticos de las masacres armadas True Crime Community (TCC). En su poder, además, hallaron material considerado “violento”, que incluía anotaciones para fabricar explosivos y armas blancas.
El estudiante santafesino Gino C., autor del ataque que provocó la muerte de un chico de 13 y dejó otros dos heridos de bala en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, también estaba conectado con la TCC.
El caso en Córdoba se descubrió a partir del análisis de chats en los que el menor oriundo de la localidad de Río Cuarto manifestaba “intenciones violentas” y recibía mensajes de apoyo de otros usuarios digitales.
Una vez identificado, según consignó el medio eldocetv, la fiscal penal juvenil Norma Scaglia ordenó un allanamiento en su vivienda, en el barrio Yofré Norte. Allí se secuestró un cuaderno con instrucciones precisas sobre cómo fabricar bombas y explosivos caseros, además de cuchillos de caza y una navaja.
“Había manifestaciones constantes en escrito y en el chat del grupo de este joven de solucionar cualquier forma de conflicto con compañeros del colegio, amigos o conocidos solo con el uso de armas”, detalló la fiscal en diálogo con Telenoche. “Miembros de este grupo manifestaban su conformidad, le decían que de esta manera iba a ser un héroe. Hay logos compatibles con la comunidad TCC”, explicó.
Los padres del menor, según consignó el medio local, aseguraron que no estaban al tanto de lo que ocurría. Tras el procedimiento, la Justicia intervino de urgencia y el menor fue derivado a un centro de salud mental especializado, en donde permanece internado bajo seguimiento profesional.
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