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Un escándalo en el Bapro alcanzaría a Duhalde y a Ruckauf
Los datos surgen de un informe técnico
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LA NACIONPablo Morosi
LA PLATA.- El gobierno y la justicia bonaerenses deberán resolver, en estos días, el camino que seguirá la investigación de una comisión legislativa sobre presuntas irregularidades cometidas en el otorgamiento de créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) cuyas derivaciones alcanzarían, entre otros, al presidente Eduardo Duhalde.
Sin lograr consenso para presentar un informe conjunto, y en medio de una áspera disputa política, los ocho integrantes de la comisión bicameral de la Legislatura que investigaron irregularidades en el otorgamiento de unos 42.000 créditos por 2400 millones de pesos entre 1991 y 1999, presentaron, por separado, sus conclusiones.
Tras nueve meses de revisar balances, estudiar la normativa crediticia y realizar decenas de interrogatorios, los legisladores sólo consiguieron acordar el informe técnico, pero no la interpretación de los datos recopilados.
Por un lado, para los miembros de la comisión Alfredo Irigoin, Pedro Azcoiti (de la UCR) Marcelo Di Pietro (ARI) y Alejandro Mosquera (Frente Grande), los presuntos ilícitos y anomalías constatados responden a una "acción sistemática que facilitaba las irregularidades amparada por los ex gobernadores Duhalde y Carlos Ruckauf y por los directorios de la entidad financiera, incluido el actual".
La diputada Marta Ferrara, del Partido de Unidad Federalista -liderado por Luis Patti-, elaboró sus propias conclusiones, en las que apuntó, además de a Duhalde, a quienes fueron sus ministros de Economía provinciales, Jorge Remes Lenicov y Jorge Sarghini, y a los presidentes del directorio Rodolfo Frigeri, Carlos Sánchez y Ricardo Gutiérrez.
Los legisladores peronistas Raúl Pérez, Héctor Trucco y Carlos Díaz, si bien admiten las irregularidades y hasta la posibilidad de la comisión de delitos contra la administración pública provincial, dicen que "debe ser la Justicia la que resuelva sobre las responsabilidades de los funcionarios".
Los primeros en expedirse fueron Irigoin, Azcoiti, Di Pietro y Mosquera, que hace dos semanas dejaron en la mesa de entrada de la Legislatura una copia del informe y sus conclusiones y que en las próximas horas llegará a los despachos del gobernador, Felipe Solá; del procurador general de la Suprema Corte de Justicia provincial, Eduardo de la Cruz, y del fiscal de Estado, Ricardo Szelagowsky.
Préstamos sin garantías, comisiones en los balances, falta de contralor e incumplimiento de la normativa vigente fueron las principales anormalidades señaladas por los investigadores. Entre los presuntos ilícitos se menciona administración infiel, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público.
Los legisladores de la oposición acusaron al actual directorio del Bapro -presidido por Ricardo Gutiérrez- de obstruir el acceso a la información durante la investigación; también cuestionaron supuestas dilaciones de los representantes del PJ que presentaron su informe el último día hábil de 2001, fecha límite estipulada para el funcionamiento de la comisión.
En sus conclusiones, los legisladores justicialistas reconocieron las irregularidades y las adjudicaron a "una deficiente supervisión por parte de los niveles superiores" del Bapro. Además, destacaron que el espíritu de la comisión "fue el de determinar fehacientemente los hechos e individualizar a sus presuntos responsables, que colocaron al banco en la situación crítica por todos conocida". Díaz dijo a LA NACION que "en un próximo paso será la Justicia la que resolverá sobre las eventuales penalidades que les correspondan a los funcionarios". Se lamentó porque las acusaciones contra Duhalde o Ruckauf "sólo responden a una utilización política de un tema tan grave".
"No somos jueces, no nos corresponde indicar las responsabilidades jurídicas o penales, pero sí señalar la responsabilidad política del directorio del banco y de los entonces gobernadores Duhalde y Ruckauf", consideró Di Pietro, e enfatizó que de los más de 30 funcionarios interrogados por la comisión Duhalde fue el único que se negó a responder un cuestionario por escrito.
El pasivo generado por los créditos incobrables del banco fue traspasado al Estado provincial con el aval de la Legislatura, que creó un fideicomiso y autorizó al PE a emitir un título de deuda pública por $ 1100 millones contra lo que recibió la cartera en mora, que supera los $ 2400 millones.
Voceros del Bapro indicaron que las autoridades del banco consideraban "prematuro" opinar sobre el informe y que esperarán a tener el material en sus manos para emitir sus juicios. En tanto, fuentes de la gobernación dijeron que Solá "irá al fondo y hará lo que corresponda, como lo hizo al respaldar la investigación de la comisión bicameral".
En la mira
Eduardo Duhalde
- Molestia. El legislador Marcelo Di Pietro (ARI) dijo que de los más de 30 funcionarios interrogados por la comisión bicameral, el actual presidente de la Nación fue el único que se negó a responder un cuestionario que le fue remitido por escrito por los legisladores.
Carlos Ruckauf
- Protección. Los legisladores de la oposición que integran la comisión que investigó las supuestas irregularidades en el Bapro denunciaron que los presuntos hechos ilícitos se realizaron con el amparo de las gestiones de los ex gobernadores peronistas Duhalde y Ruckauf.
Américo Gualtieri
- Violación. Pese a estar prohibido por la carta orgánica del Banco Provincia, 23 empresas recibieron préstamos por más de 20 millones de pesos, entre ellas la firma constructora de Gualtieri.
- El empresario, al que se le atribuyen vínculos con el duhaldismo por haber construido la mayor cantidad de obras públicas en la provincia de Buenos Aires durante las dos gestiones de Eduardo Duhalde, adeuda al Banco de la Provincia de Buenos Aires 105 millones de pesos.
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