Un exintendente de Salta fue imputado como coautor por el robo de rieles del Belgrano Cargas
El secuestro de 165 vías en allanamientos simultáneos incluyó 15 piezas halladas en una propiedad de quien fuere exfuncionario
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LA NACION
Atta Gerala, exintendente de Coronel Juan Solá, Salta, fue imputado como coautor del delito de robo agravado de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, según resolvió el Juzgado Federal de Orán tras un pedido del fiscal general con funciones de coordinación en la provincia norteña, Eduardo Villalba. La decisión se tomó luego de analizar pruebas testimoniales, peritajes telefónicos y elementos materiales que vinculan al exjefe comunal con una maniobra delictiva de extracción, acopio y contrabando de rieles a Bolivia, con uso de recursos públicos.
La imputación original en su contra, dictada en diciembre pasado, lo señalaba como partícipe necesario. Sin embargo, el 20 de marzo, el fiscal Villalba solicitó agravar la acusación a coautor, en el marco de una investigación que incluye a su hijo, José Miguel Gerala, y a David Medina, un comerciante de Orán. Ambos ya se encuentran bajo arresto domiciliario, imputados por contrabando agravado y robo en despoblado. El juez federal de garantías Gustavo Montoya avaló la ampliación del objeto procesal y autorizó nuevas medidas probatorias.
Durante la audiencia, el fiscal también imputó a Gerala por malversación de caudales públicos, al considerar que utilizó vehículos, herramientas y maquinarias del municipio para actividades privadas, incluso después de dejar su cargo, el 20 de noviembre de 2023, cuando se dispuso la intervención de la comuna. La defensa del exintendente solicitó libertad provisoria, pero el pedido fue rechazado por el juez ante los argumentos de la fiscalía.
Según declaró Villalba, los saqueos de rieles se realizaban “a cara descubierta” y con la connivencia de la policía y Gendarmería. Según la fiscalía, para la extracción y traslado de los rieles, los acusados contrataban a pobladores de las comunidades originarias de la zona. En la causa constan testimonios de miembros de dichas comunidades que identifican al exintendente como organizador de las cuadrillas de extracción.
Uno de los elementos más relevantes de la investigación surgió del peritaje al teléfono de su hijo, José Gerala, que arrojó mensajes y registros audiovisuales que, según la fiscalía, confirman la coordinación directa entre padre e hijo para la ejecución del robo. Además, se encontraron imágenes de los traslados y del uso de la camioneta oficial del municipio para movilizar personas y materiales.
También se llevó a cabo un operativo, realizado el 19 de mayo del año pasado, en el que quedaron detenidos dos camiones con 180 rieles sin documentación en regla. Los conductores argumentaron en primera instancia que transportaban chatarra, pero luego reconocieron que fueron contratados por el entonces intendente para trasladar la carga desde el paraje Pluma de Pato hasta Pichanal. Este procedimiento derivó en la intervención del fiscal federal Marcos Romero, quien alcanzó con los transportistas un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, con tareas comunitarias y una donación de más de 3 millones de pesos.
A pedido de Villalba, ese expediente fue incorporado a la investigación actual, aportando elementos que refuerzan la tesis de que Gerala orquestaba los traslados y tenía conocimiento pleno de la operación. Además, el fiscal subrayó la falta de intervenciones policiales en Morillo, a pesar de la magnitud de los robos, y contrastó esa ausencia con operativos realizados por fuerzas de localidades vecinas.
En otra de las intervenciones telefónicas incluidas en la causa, el hijo del exintendente dialoga con un oficial de la comisaría de Morillo, quien reclama un pago por permitir el paso de los camiones. La conversación incluye la mención de un acuerdo con el comisario, avalado por “mi viejo”, y la promesa de pagos por cada transporte realizado.
Los testimonios de los pobladores de las comunidades originarias de la zona también apuntan a la participación activa del entorno del exintendente. Declararon que fueron contratados para las tareas de extracción y carga, y que el hijo del exjefe comunal dirigía las cuadrillas, a menudo bajo amenazas. La auxiliar fiscal Roxana Gual detalló que la extracción de los rieles se concentró en los parajes de Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano, y que el material era llevado a un galpón en Orán, operado por Medina. Parte del botín ya estaba acopiado en la ribera del río Bermejo, desde donde se organizaban los envíos hacia Bolivia, en contravención a la prohibición de exportar material ferroso vigente hasta fines de 2023.
Al declarar ante el juez, Atta Gerala negó todas las acusaciones. Aseguró que no tuvo vinculación con el transporte de rieles ni con los camioneros, que no mantuvo relación con comunidades originarias y que su camioneta fue usada por un empleado para tareas de iluminación.
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