Un fallo que puede llevar a Irán a pedir la baja de las circulares rojas

Hernán Cappiello
Hernán Cappiello LA NACION
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1 de marzo de 2019  

La historia que se terminó ayer con la absolución de Carlos Menem y la condena al juez Juan Galeano empezó a escribirse en 2004, cuando tras otro juicio oral fueron absueltos todos los acusados del atentado contra la AMIA . En ese momento el tribunal oral integrado por los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo (hoy no están en la Justicia) liberó a todos los acusados, sentenció que durante el menemismo se complotaron el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para encontrar falsos culpables por el atentado a la AMIA , y mandó a investigar esa confabulación.

La investigación del complot duró 15 años y terminó ayer cuando otro tribunal dijo que Menem no encubrió el atentado. Pero para la Justicia, el juez a cargo del caso, Juan José Galeano, dejó de investigar una pista que llevaba a un pariente sirio de Menem, Kanore Edul. Ese delito se llama encubrimiento. No obstante, la Justicia entendió que no hay mérito para procesar ni sobreseer a Kanore Edul y estudia sobreseerlo definitivamente porque descarta su vinculación con el ataque.

Además, el juicio que concluyó ayer probó otros dos graves delitos: que Galeano, con fondos reservados de la SIDE comandada por Hugo Anzorreguy (también condenado), pagó 400.000 dólares a Carlos Telleldín, en ese momento mecánico y único preso por el atentado. Telleldín armó en su taller la Trafic blanca usada como coche bomba y tras el pago de ese dinero dijo que se la entregó a un grupo de policías bonaerenses comandados por el entonces comisario de la bonaerense Juan José Ribelli. Los jueces ahora probaron que el pago lo recibió Ana Boragni, mujer entonces de Telleldín, en un banco de Ramos Mejía, en un operativo monitoreado por la SIDE. Ese delito se llama peculado.

Tras ese pago, Boragni llamó a Telleldín, que estaba en el juzgado de Galeano y le dio el OK para que firmara la declaración. Esa declaración sirvió de base para que Galeano procesara con prisión preventiva y encarcelara a los policías. Esos delitos para los jueces se llaman privación ilegal de la libertad y prevaricato. Es decir, fallar contra la ley a sabiendas y encarcelando a los policías usando pruebas que había comprado. Los jueces no dicen que Telleldín mintió, sino que se compró su declaración.

Los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia fueron condenados por un delito menor. El tribunal no encontró pruebas de que supieran del pago o del encubrimiento. Pero dijo que omitieron denunciar y por eso los responsabilizó por violación de sus deberes de funcionario, un delito residual y les impuso dos años en suspenso.

Un juicio sin culpables

La Justicia puso fin ayer, al menos parcialmente, a un relato kirchnerista: los jueces dijeron que Menem no encubrió el atentado a la AMIA. Y dio certeza sobre un debate que viene desde el gobierno de Cristina Kirchner: confirmó que se evitó investigar una pista que llevaba a Siria.

Con esta base es que Cristina Kirchner impulsó la desvinculación de Irán de la causa AMIA, lo que le valió la denuncia por encubrimiento que realizó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir asesinado para la Justicia.

Es otro juicio por encubrimiento del ataque a la AMIA que ahora deberá enfrentar otro expresidente: Cristina Kirchner.

El juicio que concluyó ayer no aportó pruebas sobre los autores del ataque a la AMIA, que para la Justicia son siete exfuncionarios iraníes. Pero esta sentencia puede tener consecuencias sobre los pedidos de captura de esos sospechosos.

Irán, ahora, podría pedir a Interpol que levante esas capturas en base al siguiente argumento: si el juez Galeano que dictó sus capturas fue condenado por cometer delitos en la investigación, que se dejen sin efecto las circulares rojas basadas en las pruebas obtenidas por ese magistrado.

La única pista que tiene la Justicia argentina sobre los autores del ataque se debilitaría y se alejaría la posibilidad de detenerlos y condenarlos.

La otra paradoja de este fallo es que quienes fueron los acusados del atentado, investigados además por otros delitos comunes, hoy son las víctimas que ayer lograron condenar a sus acusadores.

Aunque llevó 15 años, fue más fácil para la Justicia condenar a los que investigaron mal, que a los culpables del atentado. Esa respuesta es la que esperan las 85 víctimas desde hace 25 años.

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