Un Gobierno encajado en su propio lodo
El Presidente y el juez federal Lijo tensaron la cuerda a tal extremo que, al final, se cortó en el máximo tribunal; para peor, con el voto en contra de Manuel García-Mansilla
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LA NACIONClaudio Jacquelin
El Gobierno no consigue salir del pantano en el que se metió solo y parece quedar cada vez más atrapado. Justo en el momento en que más necesita dar la vuelta de página en varios temas que lo vienen complicando desde hace ya tres semanas. Fue cuando estalló el criptogate, en el quedaron involucrados el propio presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Cavar no suele ser una buena técnica para salir del pozo.
La decisión presidencial de forzar más allá de límites razonables la interpretación de la Constitución, según sostiene una mayoría de prominentes juristas, para nombrar por decreto, en comisión, a dos jueces de la Corte Suprema encontró este jueves un nuevo escollo en el propio máximo tribunal.
De esta manera, lejos de diluirse el escándalo, quedaron realzadas la suma de excepcionalidades y anomalías que el asunto reúne. Tanto como el costo que ha decidido pagar Milei por impulsar a cualquier precio, muy especialmente, al objetado juez federal Ariel Lijo.
El propio magistrado, cuyo pliego sumó un récord de objeciones de las más reputadas instituciones vinculadas con el Derecho, lejos de facilitar un proceso ya demasiado enrarecido, complicó y sigue complicando al Gobierno que lo promueve.
Los hechos demuestran que resultó un exceso insoslayable la pretensión de forzar aún más las normas y la jurisprudencia para seguir garantizándose su futuro, al tratar de retener su cargo de juez federal de primera instancia y asumir en la Corte Suprema sin renunciar a ese puesto por temor a que el Senado termine por rechazar su pliego.
Ahora, tal posibilidad asoma mucho más probable que hace una semana, ante el manoseo que han sufrido las instituciones, los legisladores y los procedimientos para llenar la vacante existente desde hace ya tres años y medio tras la jubilación de Elena Highton, según las noticias que surgen de los principales bloques de la Cámara alta.
El Gobierno y el juez federal tensaron la cuerda a tal extremo que, al final, se cortó, precisamente en el máximo tribunal. Para peor, con el voto en contra de Manuel García-Mansilla, uno de los dos designados por el decreto presidencial, y al que hace apenas una semana y sin dilación alguna la Corte le había tomado juramento.
Así, el flamante cortesano, que además es un reconocido constitucionalista, mostró de entrada una actitud independiente al sumar su voto a dos jueces que no gozan de la simpatía de la Casa Rosada, como son Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en rechazo al pedido de licencia de Lijo y a la toma de juramento hasta tanto no renuncie al juzgado que le dio mayoría absoluta a la acordada. Ricardo Lorenzetti, el padrino (en sentido amplio) de Lijo, estaba a favor de otorgar la licencia. Pero decidió no estampar su firma en el acuerdo de este jueves.
La noticia sorprendió y cayó como un meteorito sobre la Casa Rosada, pero, además, reactivó el malestar que existe en el Senado luego de que el Presidente decidiera saltarse el procedimiento establecido por la Constitución, que reserva a ese cuerpo la aprobación de los pliegos con una mayoría especial de dos tercios. Durante un año Milei fue incapaz de alcanzarla.
Haber forzado una ventana interpretativa para designarlos por decreto, cuando solo quedaban dos días para que terminara el receso del Congreso y para que empezara el período de sesiones ordinarias en el que podían tratarse los pliegos en la Cámara alta, profundizó el malestar y los desencuentros.
Muchos más, después del discurso presidencial del sábado último ante una Asamblea Legislativa semidesierta por la ausencia de buena parte de los opositores más duros. Y sin contar el escándalo que protagonizó el superasesor presidencial Santiago Caputo, con gestos y palabras intimidantes, contra el diputado radical Facundo Manes, que había interrumpido al Presidente blandiendo una Constitución, precisamente, en queja por la designación por decreto de los candidatos del Presidente.
Un Senado más hostil
“La intención de tratar ahora los pliegos de Lijo y de García-Mansilla para luego ser rechazados ha ganado adeptos en los últimos días. Todo es cada vez más desprolijo e inaceptable. La idea es llevarlos al recinto, incluso el de García-Mansilla, aunque no tenga dictamen de comisión, para luego no darle los dos tercios de los votos, amparados en que es un rechazo a los procedimientos que utilizó el Presidente. No en contra de los candidatos”, explica un senador que ha preferido hasta ahora no pronunciarse, especialmente sobre el cuestionado juez federal.
Ese argumento deja al descubierto el atajo (o la excusa) que habrían encontrado y estarían dispuestos a transitar varios colegas suyos que tampoco quieren dejar estampado su rechazo al magistrado, cuyo poder e influencia parecen reverenciar (o temer).
La enorme ascendencia que Lijo tiene sobre buena parte del fuero federal, aún más allá de Comodoro Py, quedó expuesta y resaltada nuevamente con la acordada de la Corte.
El texto votado destacó fundadamente la anomalía que había implicado el otorgamiento de la licencia extraordinaria por parte de los jueces de la Cámara Federal, Mariano Llorens, Eduardo Farah, Roberto Boico, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Martin Irurzun, contraviniendo una serie de disposiciones insoslayables del propio tribunal supremo.
Se sabe que una de las pocas cosas a las que les rehuyen los jueces es al revocamiento bochornoso de sus pronunciamientos por parte de un tribunal de alzada. Más aún si queda expuesta la inobservancia de disposiciones básicas y su extralimitación. Es lo que ocurrió en este asunto, según consignó expresamente el máximo tribunal. En algunos casos parece preferible el escarnio a la venganza. Las deudas de honor (o deshonor) no se pueden deshonrar en ciertos colectivos.
De esta manera, la incertidumbre ha quedado tan reinstalada como el empantanamiento del Gobierno. Lijo y el caso $LIBRA son escándalos que siguen corriendo a la par en el centro de la agenda pública con capítulos que se renuevan cada día. La mayoría, escritos en la misma Casa Rosada.
En las cercanías de Lijo sostienen que el juez se resiste a renunciar a su cargo y que no se resigna a no tener los dos tercios de los votos de los senadores presentes, sobre muchos de los cuales ha desplegado, junto con su protector Lorenzetti, una intensa tarea de convencimiento durante casi un año y después de haber forjado una fuerte relación directa o indirecta aún más antigua con varios de ellos.
Hasta ahora, eso no alcanzó más que para lograr los nueve votos para que su pliego tuviera dictamen de comisión. Algo que, para reforzar peculiaridades, no logró siquiera García-Mansilla, que sí consiguió sentarse en el máximo tribunal y hasta votar en la primera acordada, a pesar de que ya había varios pedidos de amparo presentados ante la Justicia para evitar que lo hiciera, aún antes de que se dirima la constitucionalidad de su designación.
El entuerto político y judicial, abierto y agravado en menos de una semana por esas designaciones y sus derivados, todavía tiene varios escollos por superar, tanto en el campo político como judicial. Por un lado, está pendiente la decisión de Lijo respecto de su eventual renuncia para que la Corte defina si le toma juramento. Paso ineludible tras la decisión de este jueves.
Si este obstáculo lograra ser superado, todavía quedaría sin levantar la barrera política, ya que si el aún juez federal renunciara a su actual cargo y llegara al Supremo, como García-Mansilla, ambos tienen pendientes un eventual tratamiento de sus pliegos en el Senado y, de no obtener los dos tercios de los votos, se abriría una batalla judicial (y otro probable conflicto de poderes).
En tal caso, algunos senadores que se oponen a sus arribos a la Corte están decididos a recurrir a la Justicia para que no puedan permanecer allí mientras dura el actual período de sesiones ordinarias, como pretende el Gobierno.
En el caso de Lijo, a la forzada interpretación constitucional que hizo el Presidente de la facultad para designar “empleados que requieran de la aprobación del Senado” durante el receso del Congreso, se suma que la vacante que viene a llenar no “ocurrió” durante ese período, sino, como se dijo, se produjo en septiembre de 2021. En el caso de García-Mansilla, su palabra incumplida de no aceptar un nombramiento por decreto, formulada en la audiencia ante el Senado, es considerada (o argumentada) por varios senadores como un agravante. Sin contar con el rechazo por cuestiones ideológicas (no por idoneidad o ética) que suscita en el bloque perokirchnerista.
La reanudación de diálogos con ese espacio para abrir una nueva negociación y destrabar la votación de los pliegos de ambos designados por decreto no habría pasado aún de la etapa embrionaria.
No facilitan las cosas la política de hechos consumados de Milei y los embates presidenciales contra Axel Kicillof por la inseguridad en su provincia, que lograron abroquelar el fracturado perokirchnerismo. El fuerte impacto que esos ataques tuvieron sobre el gobernador en la conversación digital, según un relevamiento, suma dificultades. Aunque algunos cristicamporistas interesados en la cuestión judicial disfruten de los rayones sufridos por Kicillof. La eventual ampliación de la Corte y la designación de un Procurador General, demandadas por Unión por la Patria, no habrían superado la etapa de los sondeos informales.
Mientras tanto, la oposición encuentra en los escándalos continuados de la Corte y el Criptogate un atajo para disimular su impotencia y su muy escasa legitimidad social, sin que el Gobierno logre desplazarlos de la agenda pública.
Ni siquiera ha conseguido ganar la agenda con el anuncio de una inminente firma del crucial acuerdo con el FMI. Tampoco, con la consecuente discusión sobre su tratamiento por parte del Congreso (como exige la ley vigente y que prometió Milei), ahora enturbiado por el probable envío, a través de un DNU, de una versión acotada del entendimiento, sin los anexos que expliciten los compromisos asumidos por el Gobierno.
Un relevamiento en redes sociales de la consultora AdHoc muestra la dificultad del oficialismo para volver a imponer una conversación positiva o favorable en la esfera pública digital, donde ha sabido reinar durante buena parte del primer año de gestión.
Las principales conclusiones de ese estudio dicen que “el escándalo cripto rompió con la tendencia de estabilidad en la conversación de Milei y el mes cerró negativo para el Presidente. La negatividad fue más alta que la positividad, más allá de los intentos de volver a tomar las riendas de la agenda”.
Además, destaca que hubo casi un 18% menos de interés en el discurso de apertura de sesiones del Congreso respecto del año pasado y que “el discurso de Milei quedó opacado por el intercambio entre Manes y Caputo”.
Como se señaló en una columna del prestigioso The Wall Street Journal “Milei sufre daños autoinflingidos”. No le está resultado fácil al Gobierno salir del pantano en que se metió solo y al que se empeña en regar con nuevos capítulos escandalosos.
Tipo de trabajo:
análisis
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