Un juez argentino pidió a los Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro
Lo resolvió Sebastián Ramos en el marco de la causa por violaciones a los derechos humanos; se libró un exhorto con el pedido a Washington
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez federal Sebastián Ramos pidió la extradición a los Estados Unidos del dictador Venezolano Nicolás Maduro, acusado en la Argentina de violaciones a los derechos humanos.
“Líbrese exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país”, dijo el magistrado en su decisión, a la que accedió LA NACION.
Maduro está preso en los Estados Unidos desde hace un mes acusado de delitos de narcotráfico,conspiración para el tráfico internacional de drogas, posesión de armas de guerra y conspiración para el uso de artefactos destructivos.
Ramos había ya ordenado la captura internacional de Maduro, y de su segundo, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, acusados de delitos de lesa humanidad y de cometer violaciones a los derechos humanos.
El magistrado dispuso que se haga saber de esta decisión a Interpol.
En la Argentina, la causa fue iniciada por denuncias de refugiados venezolanos que dijeron haber sufrido torturas y con informes de organismos internacionales que acreditan esas vejaciones y asesinatos de opositores. Están representados por el abogado Tomas Farii Duggan.
Ramos escribió que pidió las capturas a fin de cumplir con lo indicado por la Sala I de la Cámara Federal, que había resuelto indicarle al juez que pidiera la captura de Maduro, cuando aún oficiaba como presidente de Venezuela.
Ramos inicialmente consideraba que no era necesario avanzar sobre Maduro en la Argentina en virtud del principio de “justicia universal” en casos de derechos humanos, ya que estaba abierta una investigación en la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, a instancia de los fiscales Carlos Stornelli y Juan José Agüero Iturbe y de los querellantes, la Cámara Federal lo instruyó para que avance.
La Cámara Federal, con los votos de Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, había enumerado como evidencia el contenido de dos legajos reservados con decenas de testimonios de refugiados que fueron torturados y detenidos de manera ilegal en Venezuela y el contenido de una docena de informes de organismos internacionales que documentan la represión en Venezuela, los arrestos ilegales y los tormentos que sufrieron los detenidos políticos.
Los camaristas se pronunciaron en el expediente iniciado por la denuncia en Comodoro Py de la Clooney Foundation for Justice, una organización que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su esposa Amal, una abogada defensora de los derechos humanos. Allí se pidió indagar a Maduro por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
En la causa, que cuenta con más de una decena de declaraciones reservadas, hay denuncias de torturas, desapariciones y detenciones que realizó el gobierno de Maduro.
Según afirma la querella, esas violaciones a los derechos humanos ocurren desde 2014 en Venezuela, pero se han visto “agravadas” tras las elecciones presidenciales celebradas el 29 julio, en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar las actas de votación.
Una de las víctimas, un hombre que supera los 30 años y cuya identidad permanece en reserva, relató con detalle cómo fue apresado y torturado por oficiales del servicio de inteligencia bolivariano. La víctima, que cuenta con estatus de refugiado en el país, contó que, con el pretexto de realizarle una entrevista, los oficiales del régimen se presentaron en su casa y lo apresaron. Relató, entre otros hechos, que fue interrogado, que su familia recibió amenazas y que fue amenazado con un arma de fuego puesta en su boca, además de golpeado y amedrentado por oficiales bolivarianos.
Indicó que permaneció preso junto con otros 18 detenidos en una celda para cinco personas.
El primer testigo que presentó la querella afirmó haber estado detenido por tres años y medio en el Helicoide, un edificio que pertenece al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El régimen lo acusaba de conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armamentos. Afirmó haber sido víctima de “tortura psicológica” junto a otros detenidos. Uno de ellos, en un hecho que calificó como “punto de quiebre” durante su detención, apareció ahorcado en su celda en marzo de 2015.
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