Una nueva manipulación mediática de Cristina
Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la Capital, es hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara de Casación Penal Federal, y hermano de Ignacio Mahiques, fiscal del fuero penal federal. Cristina Kirchner le dedicó un tuit a Juan Bautista, en el que lo señaló como el funcionario del gobierno de Mauricio Macri que había presionado a la jueza Ana María Figueroa, que integra la Cámara de Casación Federal, para que reabriera la causa por la firma del acuerdo con Irán, iniciada por el fiscal asesinado Alberto Nisman. Figueroa denunció que en 2015 la presionaron en nombre del gobierno de Macri por el memorándum con el régimen de Teherán. Juan Bautista fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante casi toda la gestión de Macri. Un mes antes de que este terminara su mandato, Mahiques hijo renunció a ese cargo para asumir como jefe de los fiscales en la Capital. El actual procurador capitalino aseguró que nunca habló, ni siquiera socialmente, con la jueza Figueroa.
El aspecto sorprendente del caso es que la propia jueza Figueroa, que siempre simpatizó con el cristinismo, confirmó luego que ella nunca nombró a Juan Bautista Mahiques. Y tiene razón. Nunca lo hizo. Un periodista de la radio AM750, emisora que tiene inocultables simpatías con el kirchnerismo, le deslizó si se estaba refiriendo a Juan Bautista. La jueza no contestó y siguió contando sus presuntos recuerdos.
Es necesario hacer un paréntesis sobre la actitud de Figueroa. El supuesto apriete que ella denuncia ahora habría sucedido en 2015; es decir, en los 20 días de ese año en que Macri fue presidente. Macri asumió el 10 de diciembre de 2015. Una jueza que se precie de tal hubiera hecho una denuncia inmediata de semejante presión indebida. Una denuncia judicial y hasta mediática.
Una jueza de una instancia inferior a la de ella, Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal Nº 8, recibió hace poco una llamada de la Secretaría de Derechos Humanos, que lidera el cristinista Horacio Pietragalla, para recordarle que ellos habían pedido la prisión domiciliaria de Luís D'Elía. La jueza Namer libró un oficio a la secretaría de Pietragalla en el que denunció que recibió una "llamada inapropiada", lo que significa un apriete en la jerga judicial. Namer dejó sentado en el expediente de D'Elía el apriete del funcionario que envió Pietragalla, que fue Mariano Przybyski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Esa dirección depende de Pietragalla.
¿Por qué Figueroa no tuvo en su momento la valentía de la jueza Namer? ¿Por qué si calló entonces le parece oportuno hablar ahora, cuando han vuelto muchos de sus amigos políticos? "Ella combina a veces fanatismo y resentimiento", resumió otro juez de la Cámara de Casación que conoce a Figueroa.
El núcleo del problema consiste, de todos modos, en que Cristina Kirchner puso en boca de Figueroa lo que Figueroa no dijo. Peor: puso en su boca un nombre que Figueroa no nombró. Cabe hacer una pregunta: ¿por qué la vicepresidenta se ocupa personalmente de escrachar a Juan Bautista Mahiques, cuyo cargo actual no podría afectarla a ella, ya que tiene jurisdicción sobre la Justicia ordinaria de la Capital? El primer objetivo no es Juan Bautista, sino su hermano Ignacio, el fiscal del fuero penal federal. Ignacio Mahiques escribió, junto con su colega Gerardo Pollicita, el dictamen más duro y preciso que se haya escrito sobre la arbitrariedad para licitar las concesiones de las obras públicas en tiempos de los dos presidentes Kirchner. El beneficiario fue Lázaro Báez. Ese dictamen fue el argumento principal del juez Julián Ercolini para procesar a Cristina Kirchner por asociación ilícita junto con Julio De Vido, José López (el exfuncionario que revoleó bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez) y el propio Báez.
Ignacio Mahiques integró el año pasado una terna para cubrir el cargo de juez federal de Mercedes. La comisión de acuerdos del Senado le dio el correspondiente acuerdo, pero el cuerpo, por presión del peronismo, nunca llegó a tratar esa terna. El nuevo gobierno retiró todos los pliegos de futuros jueces que estaban a consideración del Senado. Es muy probable que Ignacio Mahiques no alcance el cargo de juez federal en los próximos años, a pesar de que hace seis meses recibió el premio internacional Gusi Peace Prize International por su desempeño como fiscal.
De paso, Cristina Kirchner crea hechos inexistentes para usarlos como defensa en la causa por el memorándum con Irán, como lo señaló ayer en LA NACION el periodista Hernán Cappiello. El fallecido juez Claudio Bonadio la procesó por traición a la patria en ese expediente, que finalmente la Cámara de Casación, con el voto en contra de Figueroa, reabrió.
El exjefe de los servicios de inteligencia Oscar Parrilli, también procesado en esa causa, adelantó tales recusaciones en declaraciones públicas. Más aún: señaló su certeza de que los dos jueces de Casación (la tercera es Figueroa) que resolvieron reabrir la causa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, también habían sido presionados por el gobierno de Macri. ¿También por Juan Bautista Mahiques? La jueza Figueroa dejó sin muchos argumentos reales y tangibles a Cristina y a Parrilli, aunque les hizo un favor impreciso e incomprobable.
La aclaración de Figueroa fue una mala noticia para el cristinismo, que se sumó ayer a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que suspendió el fallo del juez Víctor Violini, que excarceló a muchos presos por la pandemia del Covid-19. Unos 2200 presos fueron liberados o enviados a prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires. Es posible que en los próximos días la Corte ordene que muchos de ellos regresen a la cárcel. El máximo tribunal provincial expuso muchos argumentos jurídicos razonables, pero también señaló la conmoción social que provocaron esas liberaciones o prisiones domiciliarias.
Aunque no lo dijo, la Corte enmendó también a uno de sus miembros, Eduardo de Lázzari, quien el 20 de marzo firmó en su condición de entonces presidente del tribunal una autorización para que un solo juez de un tribunal de Casación (integrado por tres jueces) resolviera sobre libertades y prisiones domiciliarias. Así apareció Violini, que es solo un juez de un tribunal de tres, con fuertes simpatías públicas por el cristinismo. Fue el cristinismo, en su versión política o judicial, la corriente política que dio rienda suelta a la idea de una liberación masiva de presos o al traslado de estos a sus casas para que cumplan la pena de prisión.
El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que nunca militó en la franja que promovió las liberaciones, se manifestó ayer en contra de esa práctica de algunos jueces y le echó la culpa al procurador general (jefe de fiscales y defensores), Julio Conte Grand. El cristinismo viene trabajando para desestabilizar a Conte Grand, que llegó a ese puesto en el gobierno de MaríaEugenia Vidal. Su designación contó con la consiguiente aprobación parlamentaria que incluyó a la oposición. Kicillof dijo que Conte Grand había elaborado una lista de 1200 presos que podrían cumplir prisión domiciliaria por ser personas de riesgo ante la pandemia. Lo cierto es que de la lista de Conte Grand solo 600 fueron a sus casas, sobre un total de 2200 liberaciones.
Dos conclusiones pueden inferirse. La primera es que existe una manipulación de datos para mejorar la situación judicial de Cristina Kirchner, aunque para eso deba recurrir al escrache de personas que nada tuvieron que ver con nada (caso Mahiques). La otra es que el mismo recurso de deformar la realidad le sirve al cristinismo para desviar la atención de los verdaderos autores de políticas que provocaron un amplio rechazo social (caso Conte Grand). La manipulación de la información y el desprecio por los hechos no son prácticas nuevas ni desconocidas. Forman parte de la panoplia política que ofrece Cristina Kirchner a sus cortesanos.
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