Un Parlamento a ciegas

Delia M. Ferreira Rubio
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2 de mayo de 2012  

La información es un insumo central para la tarea de un congreso en serio. Tanto para legislar como para controlar es indispensable contar con información suficiente, veraz y actualizada.

La carencia de información por parte del Congreso es un factor de debilidad institucional del Legislativo frente al Ejecutivo. En muchos países, el parlamento cuenta con equipos de investigación y análisis propios, altamente profesionalizados que aportan la información necesaria. No es el caso en nuestro país.

En materia de discusión del presupuesto y de control de la ejecución presupuestaria y rendición de cuentas, por ejemplo, el Congreso está en inferioridad de condiciones en el debate porque depende de la información que se elabora en el ámbito del Ejecutivo. La situación ha empeorado en los últimos tiempos con la utilización de datos basados en estadísticas económicas y sociales manipuladas.

El procedimiento legislativo prevé numerosos mecanismos para facilitar a los legisladores el acceso a la información: la asistencia de funcionarios a las comisiones, la presentación de pedidos de informes, la visita del jefe de Gabinete. En la práctica, esos procedimientos son todo menos mecanismos de acceso a la información. Ante la falta de respuestas, algunos legisladores han recurrido a la utilización del decreto 1172/03, dictado durante la administración de Néstor Kirchner. La único que consiguieron fue que el Gobierno entendiera que el decreto era sólo para los ciudadanos.

El Ejecutivo es renuente a enviar información. No es un pecado sólo de la actual administración. Desde el regreso a la democracia hubo críticas sobre la falta de respuesta a los pedidos de informes e intentos por imponer la obligación de responder, el plazo para hacerlo y las sanciones a los funcionarios renuentes. La situación no mejoró en los últimos años, sino todo lo contrario.

A contramano de la tendencia mundial hacia la apertura y la transparencia, liderada en la región por Brasil, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se caracteriza por restringir el acceso a la información, que es manejada como patrimonio personal de los funcionarios de turno. Tanto que en alguna ocasión la Auditoría General de la Nación tuvo que recurrir a la Justicia, por vía del amparo, ante la negativa del Gobierno.

Dicho esto, es justo reconocer también que el Congreso argentino ha desertado de su rol de verdadero poder del Estado y de su legítima participación en la fijación de las grandes políticas nacionales para limitarse a un papel de acompañamiento dócil al Ejecutivo. Tampoco cumple el Congreso sus funciones de control. Los informes de la Auditoría que contienen mucha información son aprobados sin mayor discusión y no se les da seguimiento. Las respuestas que, en algunas ocasiones, envía el Poder Ejecutivo terminan en el archivo, no se publica su contenido en Internet, ni dan lugar a otras acciones.

El Congreso argentino podría corregir esta situación si la dirigencia política estuviera preocupada por la construcción de un parlamento fuerte, moderno, ágil y eficiente; un verdadero poder del Estado y no un Congreso a ciegas.

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