Un primer paso hacia el fin de los privilegios y las desigualdades

Hernán Cappiello
Hernán Cappiello LA NACION
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27 de noviembre de 2018  • 12:47

La Corte dio un mensaje: si la Justicia quiere reconciliarse con la sociedad debe eliminar sus privilegios.

El fallo que obliga a pagar el impuesto a las ganancias a los jueces que lleguen a la magistratura desde el propio Poder Judicial no es fundamental por su impacto económico, sino por su implicancia simbólica y porque abre las puertas de una negociación a largo plazo para que todos los jueces, fiscales, magistrados y funcionarios tributen el impuesto a las ganancias.

En 2016, a instancias del Gobierno y con el impulso de Pablo Tonelli , el Congreso aprobó una ley que obliga a pagar impuesto a las ganancias a los jueces que sean elegidos desde 2017 en adelante.

Así comenzaron a pagar los nuevos jueces que venían de la calle, de ejercer la profesión de abogados. Pero los jueces que ya estaban en la nómina del Poder Judicial como secretarios presentaron un recurso de amparo para no pagar, porque ya no lo estaban haciendo. La Justicia les dio la razón.

La Corte con su sentencia obliga a pagar el impuesto a estos 90 funcionarios judiciales nombrados después de 2017 y que ya estaban en el Poder Judicial. Lo que se recaudará son unos 4.500.000 pesos al mes, aproximadamente. No más. Por ahora.

Sin embargo, la importancia de la decisión de la Corte es que plantea una equidad con el resto de los contribuyentes que no visten toga y con los funcionarios judiciales que llegaron al Poder Judicial desde la calle, ejerciendo la profesión de abogados.

Hoy son solo 12 los jueces que no provienen del Poder Judicial, sino de la profesión, que llegaron por concurso a la judicatura, los que pagan el impuesto a las ganancias. Hasta este fallo, los magistrados que eran secretarios y ascendían a jueces, por ejemplo, estaban exentos de ese impuesto que pesa sobre los salarios. El fallo de la Corte Suprema vino a componer esa desigualdad y hoy todo ellos deben tributar.

La otra consecuencia de esta sentencia, que fue dictada por unanimidad por los miembros del tribunal, es que abre una etapa de negociación para que todos los jueces, los nuevos y los viejos, paguen el impuesto a las ganancias.

Aún quedan sin pagar los jueces, fiscales, defensores, funcionarios y magistrados que fueron nombrados antes de 2017. De los 19.600 empleados judiciales, los alcanzados por este impuesto -en caso de que se generalice su aplicación- serían unos 1600.

La Asociación de Magistrados había presentado el recurso de amparo que la Corte Suprema hizo caer. El gremio de los jueces sabía que iba a perder cinco a cero y está dispuesto a negociar la letra chica de una reglamentación para minimizar los alcances de este fallo, que abre un rumbo en el blindaje que tenían los jueces para sus salarios, pues alegan que su intangibilidad es garantía de su independencia.

El Gobierno prevé dos escenarios de negociación: la propia causa judicial o una comisión tripartita entre jueces, Poder Ejecutivo y legisladores. Cualquiera que sea el escenario, la condición para la negociación es que la solución no se vaya a judicializar, porque se trataría de un cuento de nunca acabar.

Lo ideal es que el Poder Judicial se autorregule con una acordada de la Corte que establezca sobre qué conceptos se aplica el tributo (sueldo básico, antigüedad, etcétera), pues ese camino obturaría la posibilidad de que los magistrados sigan reclamando en los tribunales.

La intención del Gobierno y del radicalismo en el Congreso es que los jueces tributen sobre los porcentajes de aumento, de modo que con el paso del tiempo la pérdida que implica en el salario se licue. Algunos jueces están de acuerdo con esta iniciativa.

Para la sociedad fue fundamental que la Corte fallara por unanimidad, pues así dio un mensaje claro de que se empezaron a terminar los privilegios y las desigualdades.

Pero para el interior del Poder Judicial fue mucho más relevante la unanimidad de los magistrados, ya que a pesar de sus diferencias, dieron una señal inequívoca de que establecieron una nueva política de fondo para uno de los poderes del Estado.

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