Un vía crucis de fechas para Alberto Fernández

Hoy fue el día del nacimiento de Francisco, el hijo de Fabiola Yañez y del presidente Alberto Fernández. Hay que desearles, como les deseó Cristina Kirchner desde Instagram, felicidades y, sobre todo, a Alberto Fernández que viva este día de alegría muy intensamente. ¿Por qué? Porque lo que le espera de ahora en adelante es una especie de vía crucis de fechas, para decirlo con un término adecuado para esta época del año, dado que están por sucederse una cantidad de desafíos traumáticos. Todos tienen que ver con la economía y con la forma en que la economía se cruza en este oficialismo, dramáticamente, con la política.

El primer hito de ese calendario endiablado es pasado mañana: el 13 de abril. Es el día en que se va a conocer el nuevo índice de inflación. Se supone que va a ser de entre 6,2% y más de 7% en alimentos. Es un golpazo porque quiere decir que la inflación está disparada, y para atenuar ese golpe el ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de hacer declaraciones en C5N con Gustavo Silvestre. Fue a ofrecer una entrevista para anticipar que va a ser un índice muy negativo, pero que va ser el índice más alto del año, porque él promete que la inflación después va a ir bajando. Este es el principal problema que tiene Guzmán, por lejos.

De esto deriva el conflicto con el kirchnerismo, con Cristina y con La Cámpora: una política económica muy difícil de manejar, que da permanentemente muy malas noticias. Estamos hablando de una inflación que va escalando, que sube casi dos puntos porcentuales en un mes. Esto genera expectativas muy negativas, que prometen que va a seguir subiendo y no bajando como dice el ministro. Y hay que tener en cuenta que el problema se plantea con dos factores controlados: el dólar intervenido, ya que hay cada vez más restricciones sobre el mercado de cambios, y las tarifas congeladas. En algún momento, por el pacto que se hizo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), habrá que ir soltando el dólar y liberando las tarifas y eso promete, por lo menos episódicamente, un nuevo escalón inflacionario. Es decir, que si se cumple el sendero de medidas que pactó Guzmán con el Fondo, lo más probable es que haya más inflación y no menos. Inclusive, uno podría pensar en una inflación virtuosa, porque es una inflación que deriva de ir tomando medidas que normalizan estructuralmente la economía. Pero la idea de que ésta va a ser la inflación más alta del año, es una idea muy discutible, como fue la del año pasado cuando Guzmán dijo que la inflación anual iba a ser del 29%.

¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de una inflación muy alta, durante muchos meses, en un marco general de estancamiento de la economía, que ya lleva por lo menos 12 años. Entonces, inevitablemente tiene consecuencias políticas importantes que se reflejan en las encuestas. Nosotros venimos insistiendo y vamos a insistir todavía más en este problema, en la erosión política que produce, no solo al Gobierno sino a la clase política en general, a la percepción que el público tiene respecto de las prestaciones de la clase política y de la democracia, este desempeño económico.

Esta vez vamos a mirar un estudio que acaban de hacer Shila Vilker, del Grupo de Opinión Pública, y Raúl Timerman, de Tres Punto Zero. En un cuadro se muestra la expectativa que tiene la gente sobre la situación personal. Distinguen entre el total de la gente y la clase media, que es la que especialmente determina al mover su voto el rumbo del poder. En ese cuadro se observa que un 23,3% de las personas consultadas considera que la perspectiva de su vida personal y la de su familia será entre buena y muy buena; el 64,9% cree que va a ser mala y muy mala. Si vamos a la clase media, el 70,4% cree que le va a ir peor y solo el 20% cree que el año que viene va a estar mejor. Esto es importante porque estamos hablando de dos sociólogos de los que no se puede sospechar que sean enemigos del Gobierno. Si recordamos bien, fue Timerman el que transmitió públicamente por un mensaje del Presidente que los candidatos en la provincia de Buenos Aires y en la Capital iban a ser Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, lo que desencadenó la pelea con Cristina y Máximo Kirchner. Es decir, estamos hablando de alguien que tiene buena comunicación con el oficialismo.

Estos números, que hablan de mucho desencanto, se reflejan en este cuadro político en donde se le pregunta a la gente cómo se definirían entre las opciones kirchnerismo, peronismo, macrismo, albertismo, entre otras. El 47,8% no tiene identificación con ningún grupo político: el 23,6% se autodenomina independiente, el 16,5% ninguno de los anteriores y el 7,75% no sabe. Los números de la economía se reflejan en estos números de la política. Acá está el huevo de la serpiente, acá está el desencanto económico reflejado en términos de desencanto político. Esto hace juego con la abstención electoral, con el voto en blanco, con la aparición de fenómenos radicalizados que crecen en cada elección. Si tomamos la clase media, la cifra es similar: 47,4% de los consultados dice no identificarse con ninguna de las opciones que ofrece el menú de la política.

¿Este malestar se le puede imputar a Martín Guzmán? Obviamente que este número de inflación sí. A propósito, un detalle: no sabemos cómo es que se filtró el dato de la inflación desde el Indec. El ministro tuvo la primicia, que la comunica seguramente para atenuar el impacto político de todo esto. Guzmán sabe que no hay ministro de Economía que aguante muchos meses de inflación de esta magnitud, una que supera el 80% anual. ¿Es un problema de Guzmán? En alguna medida sí, pero muy probablemente sea un problema del diseño político de la gestión económica. Y acá hay algo muy curioso: dos personas que se detestan como son Alberto Fernández y Mauricio Macri incurren en la misma idea, que es fragmentar el área económica. Ninguno de los dos ha querido tener un ministerio que coordine todas las áreas que hay que coordinar en una crisis. Este Gobierno tiene una política económica fragmentada desde el punto de vista de su organización administrativa: hay un ministro de Economía que es Guzmán; un presidente del Banco Central como Miguel Pesce, que debe lidiar con problemas delicadísimos que van del dólar hasta las Leliqs. Un ministro de Producción que tiene otra visión muy ligada a los sectores empresariales y sociales, que es Matías Kulfas, que dos por tres le lleva informes al Presidente que no condicen con las cifras que le lleva Guzmán. Otro actor importante es Roberto Feletti, que introduce dentro del Gobierno una lógica totalmente distinta, mucho más parecida a la que podría tener Cristina Kirchner y La Cámpora, de mayor intervención sobre los mercados; y una voz solitaria que ahora está en Cancillería es Cecilia Todesca. Es decir, tenemos muchas políticas económicas dentro de una misma gestión o muchos programas económicos lo cual genera incertidumbre por definición. Entonces, ¿Quién es el responsable de la marcha de la economía, Guzmán o Fernández al decidir este tipo de estrategia de política?

El 13 de abril empieza el vía crucis de fechas complicadas para Fernández y el 15 de abril será otra fecha complicada. No sabemos si él lo sabe, suponemos que Guzmán sí, porque hay un dato poco conocido que se advierte si se lee con atención el informe del equipo del FMI que pactó con el Gobierno. Puntualmente, en las páginas 7, 14 y 29 se repite que el Gobierno debe tener para el 15 de abril un nuevo presupuesto aprobado por el Congreso que se alinee con el programa que se pactó con el Fondo. Es evidente que de acá al 15 no hay tiempo para aprobar ese presupuesto. También es obvio que es muy difícil aprobarlo por una razón muy sencilla: Fernández no tiene el número y si hubiera la posibilidad de tratarlo el kirchnerismo tampoco le daría ese número. Quiere decir que el Gobierno está obligado de alguna manera o a incumplir el acuerdo firmado por Guzmán o a rebuscárselas para conseguir un DNU que sea aprobado por alguna de las dos Cámaras y salvar así la cara frente al Fondo.

No es el único compromiso que se desconoce de los que asumió el ministro. Hay otro que no tiene que ver con la política económica, pero es muy revelador de cómo funciona el mundo y de cómo un organismo multilateral financiero puede incidir en aspectos muy importantes de la vida pública de un país. En un párrafo del informe del staff del Fondo sobre el acuerdo con la Argentina, se dice lo siguiente: “Además, se están tomando medidas para mejorar la transparencia de los gastos relacionados con Covid. Como paso inicial, el Gobierno federal publicará, a más tardar a finales de diciembre de 2022, información sobre los beneficiarios reales finales de las empresas adjudicatarias de contratos Covid; y trabajará con los gobiernos provinciales para establecer un sistema de informes para la consolidación de la información con la mira puesta en publicar la información de las empresas adjudicatarias de contratos Covid por todas las provincias a finales de marzo de 2023″. Es decir, Guzmán se comprometió frente al Fondo a publicar quiénes son los beneficiarios finales, las empresas que contrataron vacunas con el Gobierno de acá a finales de diciembre y, antes de marzo de 2023 tiene que publicar también con quiénes contrataron las provincias.

A su vez, la Auditoría General de la Nación tiene que publicar las auditorías externas sobre esos gastos a finales de junio de 2023. Quiere decir que el ministro se comprometió frente al Fondo a presentar una radiografía de algo muy opaco, como fue la contratación de todos los insumos que tienen que ver con el Covid, en especial las vacunas. Es obvio que detrás de esta exigencia hay un dato central: la Argentina contrató la mayor provisión de vacunas con Rusia, es decir, la Sputnik V. De allí deriva la señal del FMI pidiendo aclaraciones sobre ese convenio y, probablemente, sobre por qué no se firmaron otros, como el de Pfizer.

En junio se presenta otro problema: el informe consigna que, a mediados de ese mes, Guzmán se comprometió a tener definido el aumento de tarifas energéticas para que no se modifiquen en términos reales este año. Si, a la fecha, la inflación es más del 80% anualizada, la suba deberá ser superior a esa cifra. Este es un problema central para el Gobierno, porque ya debería haberse emitido una resolución, sobre todo para el aumento de la tarifa eléctrica, que convoque a una audiencia pública que permita al ENRE convalidar el aumento propuesto por el Gobierno.

Las autoridades en materia energética -concretamente, el secretario de Energía Darío Martínez-, todavía no emitieron esa resolución y ya se pasó el tiempo, si la idea es que ocurra a mediados de junio. Para el gas el problema es menor, porque hubo una audiencia con un aumento celebrada en el verano, que no se aplicó y podría usarse a cuenta de la que necesitan hacer ahora. En el caso de la electricidad, es necesario que todo esto se haga.

Guzmán ya quiso concretar un aumento el año pasado del 45% y el encargado de llevar a la práctica esa suba, el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, solo aceptó un 9%, que era la instrucción que le dio Cristina Kirchner. El ministro de Economía lo echó y él no se fue. Alberto Fernández le prometió a Guzmán que lo iba a sacar, pero no lo hizo. Anoche, en C5N, Guzmán dijo algo muy importante: “Vamos a seguir adelante con los funcionarios que se alinean con las políticas del Gobierno”. ¿Qué quiere decir? ¿Que si las autoridades energéticas no convalidan el aumento de tarifas que propone Guzmán y se aferran a la consigna ya expresada por La Cámpora -que la suba no puede ser superior al 20%-, el Presidente los va a echar? ¿Significa que van a seguir con aquellos que acompañan las medidas que Guzmán pactó con el Fondo? Esta es la encrucijada a la que se aproxima Fernández y hay gente a su alrededor que espera ver la próxima semana que él toma decisiones para convalidar el acuerdo con el Fondo, frente a aquellos sectores que se resistan a implementar sus políticas dentro de su propio Gobierno.

Es un problema de primera magnitud, porque si uno mira la anatomía del Gobierno de Fernández, Cristina Kirchner tiene dos áreas que ha reservado para sí: una es la judicial sobre todo por la presencia de Carlos Zannini como procurador del Tesoro, de Juan Martín Mena como segundo del Ministerio de Justicia, de Gerónimo Ustarroz, que es el hermano de Wado de Pedro, como delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Otra área que es sagrada para ella desde el punto de vista político, económico e ideológico es Energía. Entonces, ¿Alberto Fernández va a desplazar a los funcionarios identificados con Cristina Kirchner en caso de que no cumplan las instrucciones que se derivan del acuerdo con el Fondo? Es la gran pregunta que se hacen los leales al Presidente para medir su nivel de consistencia frente a las dificultades que tiene su Gobierno. Estamos hablamos de un mandatario que pactó un acuerdo con el Fondo que, por lo que se ve en estos días, no puede cumplir.

Hay una prefiguración sobre este dilema. Hay que recordar que el 24 de marzo, cuando le preguntaron a Andrés Larroque, el ministro de Acción Social de la Provincia -alguien que no habla como un librepensador, sino por boca de Máximo y, muy probablemente, de Cristina Kirchner- si estaba dispuesto a abandonar el Gobierno, él contestó “¿Cómo nos vamos a ir de algo que hicimos nosotros?”. Lo que hay es un conflicto por la legitimidad. ¿Quién es el dueño del Gobierno? ¿Es Fernández, porque legalmente es el Presidente y formalmente la Constitución le da las atribuciones para gobernar? ¿O es Cristina porque es la dueña de los votos? Esto es lo que está en discusión y es el dilema en el que están atrapados. A medida que empieza a cristalizarse el calendario pactado con el Fondo, esa contradicción se vuelve dramática y empieza a requerir decisiones muy traumáticas.

Otro problema es la segmentación de las tarifas, otro trámite en el que todavía no se avanzó y un problema de orden técnico importante. Conviene explicarlo, aunque sea brevemente. En la Argentina hay una subvención económica a la energía, sobre todo a los habitantes de Área Metropolitana de Buenos Aires, pero no es técnicamente un subsidio. Una empresa pública llamada Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) vende a las distribuidoras energía más barata de lo que la compra a los productores. El Tesoro se hace cargo de la diferencia. Para que aquel que tiene más recursos pague más, debería segmentarse ese precio mayorista y después identificar a los que tienen mayor capacidad de pago para que las distribuidoras le carguen ese precio especial.

No es tan fácil. En la época de Julio De Vido había frecuentemente intentos de segmentar y era dificilísimo hacerlo. Hoy sigue siendo peligroso: en Colombia, el presidente Iván Duque tuvo un levantamiento social por haber dispuesto un aumento de tarifas que era segmentado. No solamente hay una demora desde el punto de vista administrativo, sino que, además, está la posibilidad de una crisis política que al kirchnerismo, dueño de los votos, le resulta mucho más preocupante que a Fernández o Guzmán.

Esto se inscribe en un problema más amplio que es el costo que crece por las circunstancias internacionales para la importación de gas y gasoil, sobre todo para este último que es muy importante para la logística de la cosecha, del transporte y para la producción de energía eléctrica. Esta es una novedad que se agrega a la dificultad anterior: para subsidiar se va a necesitar mucho más dinero. Esta va a ser la discusión de la próxima semana. Hay funcionarios que hasta piensan que, a lo mejor, el nacimiento de Francisco, la nueva paternidad, hace que a Alberto Fernández le caiga una ficha psicológica respecto de su destino en la Historia. Que se pare sobre sí mismo y le ponga un límite al kirchnerismo. Como una especie de apelación a la magia para que el Presidente tome las riendas de lo que él considera debe ser su política económica.

Esto es importante porque todos los incumplimientos que están prefigurados en este vía crucis de Fernández se compensan de una sola manera frente al Fondo: van a tener que cumplir con mayor rigor las metas fiscales. El staff del organismo es muy preciso y repite siempre lo mismo en su informe: habrá que recalibrar políticas, no metas. Es decir, si no se llega al 2,5% de déficit fiscal, habrá que hacer un ajuste mayor. No se van a reblandecer los objetivos. Es la otra cara del problema: en la medida en que no se cumplan determinados objetivos, se vuelven más dramáticas otras metas, como las fiscales.

Todo este panorama, tan exigente, plantea un problema creciente dentro del Gobierno que tiene que ver con la cuestión social, que se va agravando a causa de los ajustes y por la inflación, sobre todo por la de alimentos. Porque este fenómeno, cosa que Guzmán no dice, va licuando los salarios del Estado, las jubilaciones y los planes sociales. Un periodista muy alineado ideológicamente con la Casa Rosada, Roberto Navarro, que dirige un portal llamado El Destape, escribe al comienzo de su columna del domingo lo siguiente: “El gran fenómeno político de la Argentina de los últimos años es el de los trabajadores pobres. La participación de los asalariados en la economía, que había llegado al 54% con Cristina Kirchner, cayó al 45% a finales del Gobierno de Mauricio Macri y hoy está en 42,7%. Peor que con Macri. Y si aún no cae abajo del 40% es gracias a que dos sectores elevan el promedio”. Está hablando de dos sectores alineados con Cristina como son los camioneros y los bancarios, que firman paritarias por encima del promedio. “Sino estaríamos peor todavía de lo que ya estamos”, dice Navarro. Y agrega: “Estamos peor que con Macri”. Es una frase inesperada.

Esto se traslada al plano social con una disputa por los planes sociales, vinculada con otro problema: quién es el representante político de los pobres en un país con una pobreza creciente. Estamos viendo acampes por parte de los movimientos sociales y discusiones con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, pero, ¿por qué? Puede que sea un argumento de la discusión que falten planes sociales, pero hay uno mucho más importante: Zabaleta hizo algo si se quiere revolucionario, lo podríamos llamar portabilidad del plan social, que permite que cada beneficiario elija quién quiere que le otorgue el plan, si son los movimientos sociales o los intendentes. Con esta portabilidad del plan social, en la que cada uno elige de quién quiere ser dependiente, muchos se están pasando de los movimientos sociales a las intendencias. Es una reacción de la política que se ve amenazada en términos de poder por los antiguos piqueteros. Esto también está detrás de los acampes.

Todo este es el panorama sobre el cual tiene que caminar Fernández para cumplir con el programa con el Fondo, un programa cada vez más problemático que obliga al Gobierno, en prevención de que va a haber revisiones, a alinearse más con los Estados Unidos como se vio la semana pasada. Nosotros hablamos el lunes de que EE. UU. le había pedido al Gobierno que se sume a la expulsión de Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que preside la Argentina. Como era de prever, Alberto Fernández votó por la expulsión de Rusia, se apartó de México, que se abstuvo, y del Brasil de Jair Bolsonaro, que también se abstuvo. Parecería que Vladimir Putin tiene otras puertas de entrada a América Latina mucho más disponibles de las que le ofreció Fernández cuando lo fue a visitar días antes de la invasión a Ucrania.

El interrogante es, entonces, cómo el Gobierno va a cumplir el acuerdo con el Fondo. Sin embargo, el problema político no es el acuerdo sino otro: que Fernández perdió las elecciones, no puede cumplir con el Fondo y está atrapado porque si no cumple se le hunde su Gobierno. Cristina Kirchner también está atrapada porque es muy difícil que se pueda despegar de Fernández, a quien postuló con un tuit. Olímpica, quiso que se supiera que era un dependiente total de ella. Ahora paga el costo de ese tuit. Frente a este dilema apareció un discurso muy interesante de Vilma Ibarra que se divulgó durante el fin de semana. En una reunión de funcionarios ligados a Alberto Fernández, ella dice, de manera muy inteligente, “acá nadie se salva solo, salvarse solo es de neoliberales”. ¿Qué es salvarse solo? Lo describe ella misma: “Es pensar que me voy a preservar pensando en volver más adelante, en asegurar mi capital político”. Es verdad lo que dice Vilma Ibarra, pero subliminalmente ese mensaje transmite algo muy concreto: que nadie se salva sugiere que nos estamos hundiendo todos. Esto es lo que está viendo Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y La Cámpora y por ese motivo están tratando de despegarse del Gobierno.

Hay un autor muy interesante que se llama Michael Ignatieff, un canadiense profesor de la Universidad de Toronto y exprofesor de la Universidad en Harvard, que hizo una experiencia política frustrante en su país. En El fuego y las cenizas escribió sus memorias de esa experiencia y se ha convertido casi en un clásico. Ahí él habla de Maquiavelo, quien dice que el éxito político se basa en dos factores: por un lado, la “virtú”, que en italiano antiguo es la pericia, el saber hacer, la cancha; y por el otro, la fortuna, que es la suerte. En ese libro, Ignatieff analiza la idea de suerte en Maquiavelo y sostiene que la suerte tiene que ver con el poder sentir en la panza, la oportunidad, el momento. No solo saber hacer sino cuándo hacerlo. No es qué, es cuándo. Si algo se nota en Alberto Fernández es que carece de esta capacidad, porque su momento, si es que tuvo uno, fue la pandemia, con un 80% de imagen positiva, y una Cristina Kirchner con la boca cerrada, mientras cuidaba a su hija en Cuba. En aquel momento tuvo la realidad convertida en un papel en blanco, justo cuando Macri terminaba una presidencia con resultados muy reprochables, aun para su propia gente. Ese era el momento de hacer el acuerdo con el Fondo, pronto, rápido; ese era el momento de cerrar la deuda. Sin embargo, se demoró, como dice un político con bastante gracia: “Para él lo urgente puede esperar”. Perdió las elecciones y ahora reclama solidaridad y unidad para un Gobierno que es muy difícil que consiga la unidad. Porque nadie se hace solidario con una experiencia que fracasa. La clave de la unidad del Frente de Todos era el éxito del Gobierno y no el voluntarismo de darle a cada uno un pedacito. Si en aquel entonces hubiese hecho un buen acuerdo con el FMI y hubiera ganado las elecciones, hoy Cristina Kirchner estaría diciendo: “Hicimos un acuerdo con el Fondo como hizo Néstor”, y estaría cantando. La idea de “no nos gusta el acuerdo con el Fondo” es una coartada para poder bajarse de un fracaso político. Este es el centro del problema.

Hay un par de gráficos que muestran la evaluación de la gestión nacional, también de Shila Vilker y Raúl Timerman. En febrero, entre los votantes de Macri, un 92,3% pensaba que la gestión del Gobierno es mala o muy mala mientras que, en los votantes de Alberto Fernández, esa cifra fue de 19,3%. Pero un mes después, aquel porcentaje de partidarios del oficialismo que mira mal la gestión del Presidente saltó al 30%. Esto es lo que están mirando Cristina y Máximo Kirchner, y los gobernadores, que también le piden una respuesta a Fernández. Se está yendo el voto propio, perdieron las elecciones del año pasado y, probablemente, perderán más votos hacia 2023. A esta inquietud le tiene que dar respuesta Martín Guzmán o un equipo económico.

Terminamos con una última fecha, 18 de abril. Ese día es el que en la práctica tiene que empezar a funcionar un nuevo Consejo de la Magistratura conformado según la última ley vigente, porque la ley que rige ahora fue declarada inconstitucional por la Corte. ¿Cuál es la novedad? El Presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, está obligado a hacerse cargo del Consejo porque se lo exige aquella ley. Es un cambio de primera magnitud porque quiere decir que la Corte y, en un sentido más amplio, los jueces, toman el control del organismo que rige la Justicia, que empieza a desvincularse un poco del poder de la política. Lo contrario de lo que pretendía Cristina Kirchner, la autora de la ley declarada inconstitucional.

La última sesión del Consejo actual será este miércoles y el kirchnerismo va a hacer todo para juntar una mayoría que le permita aprobar la designación de algunos jueces clave antes de la nueva composición, que no le va a ser tan favorable como la actual. La oposición se abroqueló planteando que no le va a dar los votos al oficialismo. Hay siempre un signo de interrogación que proviene de Jujuy. La senadora Silvia Giacoppo, que depende de Gerardo Morales, no está muy claro cómo va a votar porque no es clara la relación entre el gobernador jujeño y el Gobierno. Al final siempre se alinea con la oposición, pero mientras tanto reina el suspenso.

Es importante porque la política no se entiende sin mirar el campo de batalla judicial. Hay otras fechas importantes para Cristina Kirchner en junio. Son los alegatos de la causa por la obra pública en Santa Cruz. Si se demuestra que en esos trabajos hubo sobreprecios y coimas, terminará afectando como responsables de lavado de dinero a los directores de las empresas titulares de sus hoteles. Junio también es central en la justicia para Macri, porque vienen malas noticias de la causa por espionaje. El jefe de contrainteligencia de la AFI de su gestión, Diego Dalmau Pereyra, dijo ante la Justicia que la orden de cablear el Banco Provincia para grabar una reunión de empresarios y gente de Vidal la dio Silvia Majdalani, que transmitió una orden de Arribas. El diputado Leopoldo Moreau sostuvo que Macri se hace asesorar por Antonio Stiuso en estos temas.

Stiuso estaría por ir a declarar al Congreso, a la comisión bicameral que preside Moreau y controla a los organismos de Inteligencia. Si esa visita se produce va a ser interesantísimo. Porque a Stiuso lo estará esperando en esa comisión nada menos que Oscar Parrilli, el que lo echó de la AFI y promovió un sinfín de causas judiciales por negocios poco claros de Stiuso en el terreno de la Aduana y el contrabando. No sabemos cuál es la fecha, pero será también clave esa visita para la política argentina que, como decimos, juega un capítulo muy importante desde el 18 de abril con otro Consejo de la Magistratura.

Por Carlos Pagni

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