Una banda sindical que se manejaba con las amenazas y la extorsión

Al menos 44 hechos delictivos de extorsión y asociación ilícita señalan como culpables a Humberto Monteros y José Burgos. Los secretarios gremiales presuntamente formaban parte de una banda que amenazaba con paralizar obras y obligaba a las empresas constructoras a contratar firmas de su entorno familiar para beneficio personal.

El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos de Bahía Blanca, Gustavo Zorzano, explicó que Monteros y Burgos eran los líderes de una banda que operaba en dos etapas. La primera era la de la extorsión y la amenaza para que los empresarios firmaran acuerdos con las condiciones que los sindicalistas exigían.

"Mandaban delegados del gremio a la obra, realizaban observaciones sobre los trabajadores y hacían que el empresario fuera a la sede del sindicato para arreglar cuestiones de dinero", señaló Zorzano.

Las cifras arregladas en la Uocra de Bahía Blanca entre sus dirigentes y los empresarios para no paralizar la obra oscilaban "entre un 25 y 30% por encima de los sueldos de los trabajadores".

Según Santiago Saldungaray, un empresario de la construcción que declaró ante Zorzano, Monteros y Burgos "llegaron a pedir hasta $5000 por obrero, que normalmente se pagaban en mano".

Para Saldungaray, los delegados de la Uocra "inventaban que había incumplimientos" para obligarlos a negociar en la sede sindical.

Esa era la única manera que tenían las constructoras para asegurar la continuidad de sus actividades con los obreros del sindicato. Sin embargo, esa es la primera de las dos etapas del accionar de la supuesta banda delictiva liderada por Monteros y Burgos.

La segunda parte de esta supuesta organización extorsiva se activaba con el pago del anterior sobresueldo. Es decir, una vez aprobado el comienzo de la obra, Monteros y Burgos obligaban a las constructoras a contratar a empresas de su entorno familiar. Esto configuraría el delito de asociación ilícita.

"Primero pedían compensaciones económicas y después se convirtieron en empresarios", indicó Saldungaray.

La esposa, el cuñado y la sobrina de Monteros, y la hija de Burgos tienen a su nombre empresas que ofrecen servicios de transporte, equipamiento de trabajo y baños químicos. A ellas es que, según la investigación de Zorzano, los líderes sindicales direccionaban las contrataciones de los empresarios constructores.

Flor De Lirio S.A. es una compañía de transporte que registra operaciones comerciales desde 2009. Su directorio está compuesto por la esposa de Monteros, Lucía Teresa Sanabria; su cuñado, Raúl Sanabria, y su sobrina, Carolina Faath.

Ese mismo directorio es el que encabeza la firma Soluciones en Grupos de Trabajo (SGT), que brinda un servicio de equipamiento de trabajo desde 2010, un año después de la creación de Flor De Lirio.

Cinco años más tarde llegó el nacimiento de otra empresa, esta vez relacionada al entorno de Burgos. En 2015, Estefanía Burgos, hija del sindicalista, registró la compañía Acqua Servicios, encargada de los baños químicos.

Son 44 hechos de estas características los que Zorzano contabilizó en su investigación, a partir de 60 declaraciones de exdirigentes sindicales, empresarios y empleados de la construcción. Según ellos, los hechos ocurrieron desde 2007, dos años después de la asunción de Monteros y Burgos, y "en los últimos tres las extorsiones se profundizaron".

Recién en septiembre último se abrió la causa por la que están detenidos Monteros, Burgos y otros ocho dirigentes de la Uocra de Bahía Blanca. En aquel momento, el fiscal general de esa ciudad, Juan Pablo Fernández, comenzó de oficio la investigación. Fue después de que María Eugenia Vidal se enterara de que el gremio paralizaba obras en la zona.

Durante 12 años la cúpula de la Uocra Bahía Blanca negoció con los empresarios de la construcción sin que ellos mostraran oposición alguna. "Había un apoyo político que nos impedía denunciar esto antes", sostuvo Saldungaray.

De esta manera, el sistema que aplicó Juan Pablo "Pata" Medina, al frente de la Uocra de La Plata, lo replicaron sus pares en Bahía Blanca. Extorsiones, asociaciones ilícitas y dinero "bajo la mesa" son los factores comunes de una mafia sindical que empieza a caer.

Ignacio Grimaldi