Una batalla que aún está lejos del final
El 13 de agosto, la Presidenta ofreció una interpretación de la derrota que había sufrido dos días antes frente a Sergio Massa, en las primarias de la provincia de Buenos Aires. Explicó que habían salido victoriosas las corporaciones, "los dueños de la pelota", gracias a que los medios de comunicación independientes tergiversaban la realidad y confundían al electorado. Su tesis fue clarísima: Massa había sido una pieza en el ajedrez de Clarín, triunfador de última instancia. P uesto en otros términos: el único conflicto que rige la vida pública del país es el del Gobierno contra "el monopolio". Todos los demás enmascaran esa contienda. Un argumento inmejorable para alguien que está perdiendo votos.
En el contexto de esta concepción, Cristina Kirchner habrá celebrado ayer, desde su convalecencia, una victoria estratégica. Cuatro ministros de la Corte Suprema -Lorenzetti, Highton, Zaffaroni y Petracchi- le dieron la razón en todos los aspectos de su disputa con Héctor Magnetto.
Si se aceptan los criterios que, autocomplaciente, ella fijó para analizar las elecciones, ayer consiguió una revancha frente a los sinsabores del domingo pasado. ¿El electorado? Una anécdota.
La sentencia no entraña una novedad absoluta. El 22 de mayo de 2012, cuando fijó un plazo de vigencia para la medida cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín, el mismo tribunal había advertido que la ley de medios no representaba una amenaza para la libertad de expresión, sino que era sólo un intento de desconcentración del mercado llevado adelante por las autoridades.
En el fallo de ayer la mayoría de los ministros de la Corte ratificó esa posición. Para el kirchnerismo, ninguna noticia podía ser más oportuna. No porque se acepte que frente a la pelea de la Presidenta con Clarín toda otra discusión es anecdótica. El domingo pasado, la señora de Kirchner debió sepultar sus ensoñaciones de continuidad en la Casa Rosada más allá de 2015. Ese dato sólo podría ser compensado, y con muchas dificultades, no con una sentencia contra "el monopolio", sino con una que corrigiera la Constitución a favor de una nueva reelección.
Aun así, el fallo de ayer opera para el Gobierno como un bálsamo. En principio, modifica la agenda pública. Los progresos en los tribunales reemplazarán en la pantalla de TV y los titulares de los diarios, siquiera por un momento, los fracasos en las urnas. Y Cristina Kirchner ofrecerá otra demostración del poder que todavía conserva. Si Massa pretendía regodearse en el podio, solitario, con una semana de festejos, deberá realizar otra proeza.
Además de retener el 33% de los votos, mejorar la performance bonaerense de Martín Insaurralde y controlar las dos cámaras del Congreso, Cristina Kirchner podrá exhibir que la Justicia, en su expresión más encumbrada, atiende sus posiciones y respeta sus intereses. Es difícil que encuentre una ayuda más propicia para seguir inspirando autoridad en la semana en que ingresó al tramo final de su mandato.
Con estas condiciones, y la postulación de un candidato presidencial que exprese a su núcleo más cercano, la Presidenta intentará evitar la diáspora de su feligresía. El domingo realizó un primer experimento al privilegiar a Jorge Capitanich entre los caudillos que ganaron sus provincias. La predilección por Capitanich tuvo manifestaciones anteriores: el gobernador del Chaco fue designado director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). En otras palabras: Capitanich es reconocido como un cruzado en la guerra contra Clarín. Es su gran activo frente a Daniel Scioli, a quien la señora de Kirchner acusó, poco antes de que se lanzara la campaña electoral, de no defender al oficialismo por tener complicidades con la "corporación mediática". También la interna del kirchnerismo parece un combate de la única guerra que interesa.
Esta lectura del fallo sobre la ley de medios puede ser relativizada. No sólo la Corte esperó a que el Gobierno estuviera muy debilitado para entregarle el instrumento que tanto requería. La Presidenta tendrá, además, que apresurarse si pretende disfrutar de los efectos prácticos que habilita la sentencia. Las controversias ya comenzaron. Martín Sabbatella, el titular de la Afsca, adelantó que, como el máximo tribunal afirmó que los plazos previstos en el artículo 161 para la adecuación a la nueva normativa están vencidos, procederá de oficio al desguace de Clarín.
Sin embargo, numerosos expertos consideraban anoche que el procedimiento previsto en ese artículo era excepcional y, por lo tanto, dejó de estar vigente. Esos especialistas sostienen que, en consecuencia, Sabbatella deberá aplicar los mecanismos ordinarios de la ley. Uno es draconiano: el artículo 108 habilitaría la caducidad de las licencias.
Otro es el previsto por el artículo 52, por el cual Clarín debería presentar a la Afsca un plan de adecuación en 60 días que, como la reglamentación no aclara lo contrario, serían hábiles. Si ese organismo rechazara la propuesta –es lo más probable,—se iniciaría un complejo pleito que llevaría a Clarín y al Gobierno de nuevo a tribunales. Ese derrotero es tan previsible que la Corte lo vaticinó entre líneas en su sentencia de ayer.
El laberinto por el que deambula la ley de medios puede ser más prolongado. En el Tribunal Superior de Justicia porteño se preparan para una controversia jurisdiccional: Mauricio Macri hizo aprobar una norma por la cual la regulación de los medios de comunicación es exclusiva de la ciudad. José Manuel de la Sota hizo lo mismo en Córdoba. En poco tiempo, la Corte deberá volver sobre el expediente que intentó resolver ayer.
Elisa Carrió reprodujo ayer sus catilinarias contra Ricardo Lorenzetti. La diputada sostuvo que con la sentencia en contra de Clarín se cumplió el acuerdo de la Corte con el Poder Ejecutivo, que ella había denunciado cuando se discutió la reforma judicial.
Se podría fantasear con una hipótesis más endiablada. Si hubiera algún pacto, tal vez no sea con Cristina Kirchner, sino con el próximo gobierno. Si la forma en que se lleva adelante la adecuación de Clarín vuelve a la Justicia, es probable que el desenlace de esta guerra tenga lugar cuando quien la inició haya sido reemplazada.
Con independencia del conflicto entre el Gobierno y el principal grupo audiovisual del país, el fallo que produjo ayer la Corte tiene derivaciones secundarias relevantes. Al mismo tiempo que convalidaban la posición del oficialismo, los jueces de la mayoría reclamaron algunas garantías para los medios sometidos a regulación. Solicitaron, por ejemplo, la idoneidad y corrección de la Afsca. Casi una ironía. Ese organismo todavía no incorporó a su directorio a uno de los dos representantes de la minoría parlamentaria: Alejandro Pereyra, reconocido especialista en radiodifusión, propuesto por Margarita Stolbizer, fue vetado por Cristina Kirchner.
El pronunciamiento tiene proyección más allá del sistema de medios. Del considerando 56 al 60 quedó expuesta una teoría sobre las licencias de concesión que extiende el Estado con consecuencias imprevisibles para un país que, según reconoce el Gobierno, está necesitado de inversiones. Allí se estableció que el Congreso puede dictar leyes que desconozcan los plazos y términos originales pactados con los concesionarios, con reconocimiento del daño actual, pero no del lucro cesante.
Una noticia excelente para Sabbatella, que lamentará Miguel Galuccio: la vigencia de ese punto de vista complicará todavía más el objetivo oficial de atraer recursos para el negocio petrolero, sobre todo en Vaca Muerta. El kirchnerismo no defrauda. Por su propia iniciativa, siempre llora y ríe al mismo tiempo.
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