El problema del uso político de los arrepentidos

El espectáculo que ofrece la vida pública, en una campaña electoral que se presenta como decisiva, no es el más edificante. El debate político tiene como escenario principal los tribunales federales. Allí se libra una batalla en la que los dos mayores contendientes, el Gobierno y el kirchnerismo, apelan a todos los recursos. Los feligreses de Cristina Kirchner intentan que la investigación sobre las actividades del espía Marcelo D’Alessio se convierta en una causa espejo de la que se inició con los cuadernos del chofer Oscar Centeno . La simetría se constituye sobre un eje lamentable. En los dos casos se modulan las declaraciones de arrepentidos para imponer a los expedientes una orientación facciosa.

En los dos aparecen, hiperactivos, los servicios de espionaje. Las revelaciones de Centeno tuvieron una derivación imprevista: hicieron que a Mauricio Macri le estallara la Agencia Federal de Inteligencia (AFI ). Tanto María Eugenia Vidal como Elisa Carrió pidieron hace 15 días su disolución. Desde la Casa Rosada ni les contestaron.

Ahora se presume, por la confesión de uno de los imputados ante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti habrían sido espiados por un aparato clandestino con terminales en el propio Gobierno. Un motivo más para convulsionar al máximo tribunal. Los responsables de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, se presentarán hoy ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para exculparse de las alarmantes irregularidades.

El escándalo por la utilización política de los servicios de inteligencia se potenció con la declaración de un exagente de la AFI, Hugo Rolando "Rolo" Barreiro, en el juzgado de Dolores. Barreiro, que estaba prófugo, se ofreció como arrepentido. Aún no consiguió esa condición. En su catarsis, admitió trabajar para D’Alessio, quien operaba con los excomisarios bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.

Las tareas eran reportadas, según Barreiro, a Majdalani; a su jefe de Gabinete, Darío Biorci, y al agente Pablo Piramonti. Casado con la hermana de Majdalani, Biorci sigue en la AFI a pesar del decreto contra el nepotismo. Exhibe un antecedente que lo familiariza con la cultura actual del organismo: fue directivo de Platense, a pesar de ser hincha de Boca.

Lo más relevante de la declaración de Barreiro: consignó que D’Alessio espiaba a Rosenkrantz y Rosatti. En este contexto hoy atestiguará el exsocio de Rosenkrantz Gabriel Bouzat, otra víctima. Los dos magistrados se presentarían en Dolores como querellantes. El caso D’Alessio alcanzó una gravedad institucional inédita. A pesar de eso, el juez Ramos Padilla no se detuvo en la imputación sobre cómo se controlaría a ministros de la Corte. Ni siquiera repreguntó.

En un clima ya muy tenso, colaboradores de Rosenkrantz y Rosatti formulan acertijos espinosos. ¿Sería el Gobierno, que los designó, el que querría vigilarlos? ¿O ese espionaje era parte de la batalla por el desplazamiento de Ricardo Lorenzetti, que para la época narrada aún no había sucedido? La retrospección alimenta las intrigas: ¿ahora se entiende por qué colaboradores de Lorenzetti ventilaban viajes de Rosenkrantz a Miami? ¿Tuvo algo que ver la negativa de Rosatti a un acuerdo entre la Corte y la AFI sobre las escuchas judiciales? ¿O es otro episodio de la eterna rivalidad entre Daniel Angelici, responsable político de dos oficinas de la AFI, con Fabián Rodríguez Simón, padrino de Rosenkrantz y Rosatti? Fantasías paranoicas, típicas de cuando se descubren estas ciénagas.

Barreiro ratificó otra información ya conocida: la relación entre la banda de espías y el fiscal federal de Mercedes Juan Ignacio Bidone. Es el funcionario que investigó el triple crimen de Quilmes/General Rodríguez. Una puerta que se abre sobre uno de los casos más opacos, y de consecuencias políticas más contundentes, de la era Kirchner. El del tráfico de efedrina y la identidad de la Morsa. ¿Se animará Ramos Padilla a atravesarla?

Barreiro presenta otros detalles interesantes. Designó abogado al colega, también retirado, Guillermo Alberdi. Fue un antiguo colaborador de Fernando Pocino, el agente que hizo las veces de sherpa de Majdalani cuando llegó, con Bogoliuk, a hacerse cargo del organismo, en 2015. Pero Alberdi recapacitó y prefirió no involucrarse. Barreiro lo reemplazó por Tatiana Teranzo, quien también patrocina a Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez.

Esa conexión entre Teranzo y Pérez Gadín explicaría el interés de Barreiro por declarar que Leonardo Fariña, principal acusador de Báez y Pérez Gadín, era estimulado con dinero desde el Ministerio de Seguridad. Otra curiosidad fue la explicación de Barreiro sobre el papel de una supuesta secretaria de Claudio Bonadio, de nombre Alejandra, quien, según él, derivaba hacia D’Alessio a los empresarios que buscaban algún contacto con el juez. Este detalle, que Ramos Padilla deberá verificar, cumple una función estratégica: vincular al extorsionador D’Alessio ya no con el fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli, sino con el juez.

En el entorno de Cristina Kirchner celebran ese párrafo de la confesión y levantan apuestas sobre el apellido de "Alejandra". ¿Hay una declaración reservada donde se la identifica? ¿Será una abogada cercana a José Roberto Dromi, quien salió casi ileso de la causa por la importación de gas? ¿O a Ariel y Alfredo Lijo? El enigma tiene en vilo a Comodoro Py.

En la presentación de Barreiro también llama la atención el empeño con que su abogada lo interroga sobre algo ajeno a su defensa: los contactos que tendría D’Alessio con Carrió y, sobre todo, con la diputada Paula Olivetto. Una curiosidad que contrasta con la prudencia ante otra información. Cuando el juez le pregunta a Barreiro si conoció a un sobrino de Antonio Stiuso durante una audiencia de la causa sobre la "mafia de los contenedores", se abstuvo de hablar, después de consultar a su abogada, alegando un secreto profesional del que se olvidó para otros asuntos. Rolo parece locuaz, pero no suicida.

La aparición de Barreiro plantea el problema del uso político de los arrepentidos. Hay innumerables indicios de que este tipo de declaraciones son alimentadas por terceros con informaciones destinadas a dañar a un adversario. De pronto, Barreiro no es capaz de distinguir si D’Alessio era un espía oficial o clandestino, pero se convierte en omnisciente sobre minucias que pueden beneficiar al kirchnerismo.

La misma desviación se verifica en la causa de los cuadernos. Por ejemplo: el anecdotario que cuenta José López sobre la noche que pasó trasladando bolsos al convento no coincide con las evidencias que recogieron, con medios electrónicos, el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado.

También puede haber manipulaciones para salvar a un acusado. Ernesto Clarens y Juan Chediack habrían tenido que abstenerse de imputar a los Eskenazi como financistas de los Kirchner para conseguir la libertad. Es posible que la Justicia Federal argentina, con estas maniobras, consiga golpear a escala global la credibilidad del régimen del arrepentido. Festejaría el garantismo.

Estas presiones y negociaciones para alcanzar un fin político no remueven el problema principal. Tanto en la causa de los cuadernos como en la de D’Alessio, quedan al desnudo irrefutables entramados delictivos. En el juzgado de Ramos Padilla está saliendo a luz un fenómeno del que sobraban evidencias: el descontrol de los servicios de inteligencia. Ese aparato aceleró su degradación en la etapa kirchnerista. La muerte de Alberto Nisman no se explica sin ese descenso.

Macri, que había prometido sanear la AFI, la empeoró. Puso esa agencia en manos de Arribas, un especialista en la compraventa de futbolistas, que venía de vivir 15 años en Brasil. Secundó a ese funcionario con una exdiputada, Majdalani, cuyo principal antecedente era su íntima amistad con Francisco Larcher, encargado de la Secretaría de Inteligencia que, durante el kirchnerismo, lo tenía a él mismo como blanco de sus hostilidades.

El Presidente suele explicar esa designación con una excusa que la ensombrece más: "Me la recomendó Nicolás Caputo". Su exsocio. Para que la continuidad con el deplorable orden anterior fuera perfecta, entregó las oficina legal y financiera de la AFI al binguero Daniel Angelici. Ese trío –Arribas, Majdalani/Caputo y Angelici– administra y supervisa $7600 millones en fondos reservados.

Que todo terminara en un escándalo no sería un accidente. Parece un objetivo. No había que esperar al descubrimiento de D’Alessio. Hace un año y medio, la gobernadora Vidal descubrió que entre los agentes que Arribas y Majdalani habían destacado en el conurbano para perseguir a los narcotraficantes había socios de los narcotraficantes. Arribas y Majdalani habían reclutado a esos espías entre retirados o exonerados de la Bonaerense. Entre ellos estarían Bogoliuk y Degastaldi. Las bases de Inteligencia se desmontaron. Las actividades, se advierte ahora, continuaron. Nadie en el Gobierno creyó que había que modificar algo después de la denuncia de Vidal.

Arribas y Majdalani deberán hoy dar explicaciones ante la comisión bicameral que, en teoría, los controla. Es posible que los kirchneristas, encabezados por Leopoldo Moreau, oficien de fiscales. Que los macristas sean los defensores. Y que la UCR, que preside esa comisión a través de Juan Carlos Marino, opere como juez. Riesgo para Carrió: no tiene allí nadie que la represente. Y quizá todos quieran atacarla.

La bicameral deberá demostrar que no es, como exhibió hasta ahora, un organismo anestesiado. El espionaje viene provocando un escándalo tras otro y a sus miembros nunca se les ocurrió hacer una pregunta. Tal vez se deba a que comparte una cultura. Esa comisión es la única que cuenta, igual que la agencia a la que debe controlar, con fondos reservados.