Una extensa lista de acusaciones de alto voltaje

La comida anual de la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, funciona como un termómetro de la relación entre los tribunales y el Gobierno. Anteayer, quedó claro el alto nivel de tensión: a diferencia de otros años, no asistió ningún político oficialista y los jueces aplaudieron como nunca el discurso del presidente de la asociación, Ricardo Recondo, cada vez que aludió a la necesidad de que los fallos sean respetados por "los otros poderes del Estado".

"Esta última semana, después de las declaraciones de Aníbal Fernández recibimos un montón de pedidos de tarjetas para la cena. Tanto que hubo gente que se quedó afuera", dijo a LA NACION un encargado de la organización.

Las denuncias de presiones políticas a la Justicia acapararon esa cita, pero no son nuevas. En los últimos años se acumulan casos de jueces que cuestionan actitudes del Gobierno que consideran invasivas de sus funciones. Al menos en público, no han denunciado el supuesto hostigamiento de grupos económicos al que se refirió ayer la presidenta Cristina Kirchner.

Esta semana Aníbal Fernández fue el blanco de las críticas judiciales, por su decisión de desconocer un fallo. Recondo llegó a hablar de "un golpe de Estado a la Justicia". Pero Fernández ya había tomado otras medidas que perturbaron a los magistrados. El año pasado les había ordenado a las fuerzas de seguridad que antes de cumplir cualquier pedido del Poder Judicial se lo informaran. Los jueces protestaron y la Corte le hizo saber al Gobierno que no estaba dispuesta a tolerar semejante injerencia. Finalmente, la medida no se ejecutó.

Otra decisión suya que fue cuestionada fue el pedido de juicio político contra el juez penal tributario Javier López Biscayart -que descubrió las presuntas coimas en el caso Skanska- después de una pelea por el alojamiento de un preso.

Este tipo de pedidos de remoción ante el Consejo de la Magistratura -que suelen convertirse en larguísimos procesos- son denunciados por los jueces como presiones a quienes no se alinean con el oficialismo.

Uno de esos expedientes es la causa que abrió el gremialista Julio Piumato "contra todos los jueces del país" por su supuesta inacción ante los cortes de rutas durante el conflicto entre el Gobierno y el campo. Esa denuncia fue acogida por el Consejo, que abrió un expediente y pidió informes a todas las Cámaras de Apelaciones. Tiene un año y ocho meses, y sigue abierto.

Otro es el pedido de destitución del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, contra Guillermo Yacobucci, Luis García, Angela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, casi la mitad de la Cámara de Casación, máximo tribunal penal. El motivo: que habían accedido a liberar a represores detenidos desde hacía años sin condena. Entonces, 74 jueces nacionales presentaron una nota de repudio ante la Corte. Finalmente, el caso se cerró.

La pelea con la Casación le valió al Gobierno la más dura queja de un juez. Fue cuando Alfredo Bisordi, entonces presidente del tribunal, acusó a Néstor Kirchner de pretender "darles órdenes a los jueces por televisión". Bisordi, enfrentado a organismos de derechos humanos y denunciado ante el Consejo, renunció para jubilarse.

Otro juez que denunció presiones fue el subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid (ver aparte).

La Corte también ha dejado oír su malestar por las injerencias políticas, aunque siempre con un estilo muy moderado. Un modo que parecieron dejar de lado esta semana los ministros Carmen Argibay y Carlos Fayt ante la última jugada de Aníbal Fernández.

Denuncia del PJ contra Biolcati

LA PLATA.- El PJ bonaerense denunció ayer al presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati: pidió a la Justicia que determinara si constituye un delito su reciente frase en la que instó a "descabezar la gobernación bonaerense". La denuncia quedó radicada en el juzgado a cargo de Arnaldo Corazza.

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