Una fiscal pidió la indagatoria del exministro de Justicia de Mauricio Macri por el dinero entregado a Alejandro Vandenbroele

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió que sean citados a declarar en indagatoria el exministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano, y Alejandro Paul Vandenbroele, arrepentido del caso Ciccone, por el que fue condenado junto con el vicepresidente Amado Boudou.

Vandenbroele se acogió al programa de Protección a Testigos e Imputados, que le dio los fondos para que montara una posada en Mendoza. Según Ochoa, esos pagos ordenados durante el macrismo a Vandenbroele iban más allá de lo permitido por la ley para preservar la seguridad de un colaborador de la Justicia.

“Bajo el pretexto de ser una medida especial de protección, se le brindó al nombrado asistencia económica por un periodo mayor a los seis meses previstos en la normativa en infracción al artículo 5º, inciso d), de la Ley 25.764, (...) y destinándose importantes sumas de dinero sin la debida justificación; todo ello en perjuicio de las arcas del Estado”, afirmó Ochoa en su pedido de indagatorias.

La fiscal también pidió que sea citado a declarar como acusado, por los mismos hechos, Francisco Lagos, exdirector del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

Consultado por LA NACION sobre el pedido de indagatoria, Garavano afirmó: “Es un nuevo ejemplo de la ofensiva de los k para tratar de invalidar la causa Ciccone y lograr la impunidad”.

Desde que dejó la función pública, Garavano integra el equipo de asesores jurídicos de Macri.

En 2020, en una entrevista con LA NACION, Vandenbroele dijo que era mentira que hubiera recibido un trato preferencial del gobierno macrista. “Si alguien me pagó, fue el grupo de Boudou”, afirmó entonces.

Ochoa, en cambio, sostuvo en su pedido de indagatoria que la ley establece un plazo máximo de seis meses para una asistencia económica que en el caso de Vandenbroele se extendió durante dos años, en violación de la ley.

“Comenzó el 6 de diciembre de 2017, fecha en la cual se le entregó la suma de pesos veinte mil ($20.000) a efectos de solventar gastos inherentes a la seguridad física propia y de su entorno familiar; sin embargo, pese al plazo máximo de seis meses previsto en el artículo 5°, inciso d), de la Ley Nº 25.764, y sin que obre en el legajo ninguna disposición que justifique su apartamiento, la asistencia económica en cuestión se extendió formalmente hasta el día 4 diciembre de 2019, donde por resolución se dio por concluida, registrándose no obstante la realización de depósitos bancarios el día 5 de diciembre de 2019″, escribió la fiscal.

Ochoa destacó además que durante ese tiempo Vandenbroele incumplió las normas de conducta a las que debía someterse. La fiscal relató, por ejemplo, que el 4 de enero, “aduciendo con engaño una autorización inexistente y aprovechándose de la confianza y buena fe de la custodia que tenía asignada”, Vandenbroele viajó solo, en auto, hasta al centro de Pilar, provincia de Buenos Aires, “arriesgándose a exponer su lugar de localización”. Ochoa relató que la custodia le sacó fotos y dio cuenta de esta irregularidad y que, a pesar de eso, no quedó registro de lo ocurrido en las bases de datos del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

La fiscal también afirmó que el 5 de agosto de 2019 un funcionario del programa había recibido una llamada de Laura Muñoz, exmujer de Vandenbroele, que le dijo que el día anterior su exmarido había “acompañado a su hija a su domicilio en estado de ebriedad, manejando su automóvil, y que no era la primera vez que trasladaba a su hija en ese estado”.

La ley establece que quien pretenda “permanecer” dentro del programa de protección debe, como “condición inexcusable”, “mantenerse dentro de límites impuestos por las medidas especiales de protección” y “comprometerse a no cometer delitos o contravenciones”. También prevé que “el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas (...) será causal suficiente para disponer judicialmente su exclusión” del programa. Sin embargo, destaca la fiscal, Vandenbroele “nunca fue excluido” y, por el contrario, en mayo de 2018, Garavano “autorizó el gasto de $680.000 para ser destinados a solventar los gastos de relocalización provisoria en el Legajo T.I.P. N° 753/17″, de Vandenbroele.

“Luego, pese a haberse vencido el plazo de seis meses previsto en la normativa y la causal de expulsión por incumplimiento exteriorizada el día 4 de enero de 2018, con fecha 19 de octubre de 2018 [Garavano] dictó la Resolución N° 2018-937- APN-MJ, autorizando otro gasto pero por la suma de $2.054.000 para solventar los gastos de relocalización definitiva” del arrepentido, afirmó la fiscal.

En total, el Estado destinó $4.478.559 para proteger a Vandenbroele.

LA NACION

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