Una funcionaria del Banco Ciudad sabía y evitó el corralito

Mónica Almada es integrante del directorio del Banco Ciudad. Su historia, como la de millones de ahorristas, pudo haber sido por demás angustiante: el 28 de noviembre último, cinco días antes de que se impusiera el corralito financiero, había depositado nada menos que 315.000 dólares en un plazo fijo de aquella entidad.

Pero Mónica Almada no se angustió aquel 3 de diciembre, cuando se aplicó el fatídico decreto que atrapó todos los ahorros. Había logrado zafar: el viernes previo al corralito, a las ocho de la noche, ordenó que se le abriera la caja para precancelar su plazo fijo. Extrajo todos sus ahorros. Adujo que debía realizar una operación inmobiliaria urgente.

Aníbal Ibarra, jefe del Gobierno de la Ciudad, dista de creer que Almada tenga dotes de vidente. Muy por el contrario: asegura que aprovechó su condición de funcionaria del banco -y, por lo tanto, dueña de información financiera sensible- para motorizar una operación (la precancelación del plazo fijo) a todas luces ilegal.

Pero eso no es todo: fuentes bancarias seguras confiaron a LA NACION que Almada aterrizó en el directorio de la entidad merced a la "estrecha confianza" que cultiva con el ex presidente Fernando de la Rúa. De hecho, su gestión comenzó cuando De la Rúa asumió como jefe del gobierno porteño, en 1996.

Ibarra solicitó anteayer la renuncia de Almada por medio del directorio del Banco Ciudad. Y adelantó, en diálogo con LA NACION que remitirá este caso a la Justicia para su investigación.

La funcionaria aún permanece en silencio. Se desconoce si finalmente accederá a renunciar a su cargo.

El caso de Almada surgió de una auditoría interna que realizó el Banco Ciudad para detectar posibles movimientos sospechosos en los días posteriores a la instauración del corralito bancario.

El Banco Central había ordenado este procedimiento a todas las entidades para evitar posibles fugas ilegales de dinero; el banco porteño decidió que esa auditoría incluyera también los días previos al 3 de diciembre.

Fue así como saltó, como un resorte, el caso de Almada.

Según el informe que el directorio del banco le trasladó a Ibarra, la funcionaria había depositado el 28 de noviembre 315.000 dólares en un plazo fijo a treinta días en la entidad donde trabaja. Como corresponde a este tipo de operaciones, Almada sólo podía acceder a su dinero un mes después, es decir, el 28 de diciembre.

Sin embargo, según detalla el informe de la auditoría, dos días después, el viernes 30 de noviembre, a las 20 (cuando el banco ya había cerrado sus puertas), Almada solicitó la precancelación de su plazo fijo, una operación bancaria que sólo se reserva para casos de extrema urgencia.

Adujo que debía hacer una transacción inmobiliaria y pidió que se abriera la caja. Y extrajo todo su dinero.

Una maniobra irregular

Sin embargo, la operación inmobiliaria nunca se realizó, según pudo constatar el banco en su auditoría. Almada debió reconocerlo cuando se la indagó al respecto.

Al comprobar que estaban frente a una maniobra irregular, el jueves último, el directorio de la entidad exigió a Almada que devolviera el dinero que había extraído. La funcionaria accedió, pero esto no conformó a Ibarra, que solicitó la renuncia de Almada.

"Si no renuncia, remitiré el caso a la Legislatura para que lo defina la Comisión de Etica", anticipó. La Legislatura es la que designa a los integrantes del directorio del Banco Ciudad, cuyos nombres son elevados para la consideración de sus miembros a propuesta de la Jefatura de Gobierno.

Asimismo, Ibarra adelantó que enviará el caso a la Justicia para su investigación. "La jueza federal María Servini de Cubría investiga casos de fuga de dinero antes y después del corralito. Seguramente esta historia le interesará", subrayó Ibarra.

El jefe del gobierno porteño destacó también la labor del banco, "que no actuó en forma corporativa en defensa de uno de sus miembros".

Insistió, además, en que Almada debe abandonar cuanto antes su cargo en el Banco Ciudad.

"Frente a la angustia que padecen millones de ahorristas, con su dinero atrapado en el corralito, no puede ser que una funcionaria pública utilice su cargo y la información que de él obtiene para su propio provecho", sostuvo.

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