Una obra social intervenida por el Gobierno activa el Procedimiento Preventivo de Crisis
Se trata de Osprera, la prestadora médica de los peones rurales; el interventor que está a cargo es cercano a Lule Menem
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LA NACION
La obra social de los trabajadores rurales (Osprera), intervenida por la gestión de Javier Milei hace un año, solicitó en la Secretaría de Trabajo iniciar un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) para asegurar la continuidad de la atención médica a sus afiliados. Así lo informó en un comunicado la intervención de la prestadora médica, a cargo de Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem. Petroni fue designado temporalmente por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que le renovó el mandato al frente de la intervención.
La decisión de Petroni de activar el PPC se da un día después de que el juez federal Sebastián Casanello hay dispuesto una serie de medidas de pruebas en la causa en la que investiga al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y a otras personas vinculadas a la gestión libertaria de haber orquestado un supuesto “plan criminal para hacerse con la conducción del gremio (Uatre)”, a cargo hoy de José Voytenco, un dirigente del PJ chaqueño.
La causa judicial indaga posibles maniobras para desestabilizar la representación gremial de los trabajadores rurales, incluyendo la imposición de una intervención en Osprera, que la Uatre denunció como un “acuerdo criminal” con fines políticos y para “direccionar negociados”. Casanello emitió ayer una resolución de 15 páginas que detalla cinco ejes principales de investigación, que responden a un pedido formulado por la defensa de Uatre para reconstruir la presunta cadena de decisiones que derivaron en la intervención de la obra social.
Casanello intimó a la Secretaría de Trabajo a entregar, en un plazo de 10 días, 19 expedientes completos relacionados con seccionales de Uatre donde se registraron conflictos o intervenciones directas. Esto apunta a desentrañar irregularidades en procesos administrativos que podrían haber sido manipulados para justificar la intervención. Interviene el fiscal Guillermo Marijuan.
Tras este avance de la Justicia, Petroni comunicó hoy el inicio del trámite del PPC en la prestadora médica de la Uatre. “Actualmente, Osperera destina un 16% del gasto mensual al personal, duplicando el límite del 8% establecido por la Superintendencia de Servicios de Salud. El PPC permitirá un ahorro superior a los $10.500 millones, posibilitando el equilibrio presupuestario sin afectar prestaciones ni servicios esenciales”, informó la intervención.
Y añadió, para justificar su decisión: “El Proceso Preventivo de Crisis es una herramienta legal que permite ordenar la estructura económica de entidades en situación crítica, sin paralizar su funcionamiento. En este caso, se aplicará para preservar prestaciones, asegurar la provisión de medicamentos, ordenar relaciones con prestadores y proteger los empleos vinculados al sistema de salud, bajo supervisión oficial”.
De crisis en crisis, Osprera también fue auxiliada por el gobierno del Frente de Todos. El 7 de diciembre de 2023 recibió un subsidio de $3350 millones en concepto de “apoyo financiero”. Es decir, tres días antes de que Alberto Fernández deje la gestión y le transfiera el bastón de mando a Milei. Daniel López, titular de la SSS de ese entonces, fue el que autorizó el envío de los fondos. Hubo por entonces también un pedido judicial de intervenir la obra social, pero así y todo Voytenco mantuvo el control. Duró hasta que la administración de La Libertad Avanza decidió intervenirla por decreto y desplazar al titular del gremio.
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