Presupuesto 2020: una señal de sustentabilidad para el mundo financiero

Francisco Jueguen
Francisco Jueguen LA NACION
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17 de septiembre de 2019  

Hoy, quizá más que nunca, surgen del presupuesto 2020 una lectura económica y otra política. La decodificación depende del lector.

"Son irrelevantes económicamente", describió un analista que no hace mucho tiempo formaba parte de la tarea de construir el presupuesto. Habla de los supuestos del PBI: inflación, dólar, cuenta corriente o saldo comercial, entre otros, que ayer comenzaron a analizarse en el Congreso. "A nadie le importa realmente. Se usan para que los técnicos hagan sus proyecciones de gastos e ingresos. Hay tendencia a subestimar la inflación. Así, el excedente de recaudación puede asignarse discrecionalmente", explica sobre los abusos que los gobiernos ejercen desde una mirada técnica.

Para 2020, con la foto de hoy, el Gobierno prevé una expansión del PBI de 1%, un dólar de $67 promedio, un dato de inflación -punta a punta- de 34%, superávit comercial de US$17.473 millones y otro de cuenta corriente de 0,4%. "Los supuestos son razonables y moderados. Las conversamos. Consensuarlos es mucho. Estamos en campaña", dijeron en el Ministerio de Hacienda. Primera pista para los avezados lectores políticos.

"¿Cuánta importancia económica hay que darle a este proyecto?", preguntó LA NACION a tres economistas privados. "Hay que darle cero bola. Mucho más si hay cambio de gobierno", contestó un importante analista. "La verdad es que hacer un presupuesto hoy es misión imposible", agregó una colega suya. Un tercer especialista hizo la síntesis: "Es intrascendente, sobre todo en un contexto económico tan complejo y con un probable cambio de gobierno".

El Poder Ejecutivo explicitó esa complejidad en sus propios supuestos para 2019: caída del PBI de 2,6% (con un derrumbe de la inversión de 23,4% y de las importaciones de 17,8%), tipo de cambio de $48 promedio, índice de precios en un 52,8% y un déficit de cuenta corriente de 0,9% del producto.

"Están más o menos alineados con lo que dice el sector privado", dijo un economista en referencia a la principal medida de comparación: el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA). "Los supuestos de 2020 son felices", describió, sin embargo, sobre las previsiones de PBI, inflación, dólar y, principalmente, para las cuentas públicas.

Otros técnicos fueron más descarnados: "Es poco realista. Ni siquiera se puede hablar de optimista, porque el problema es de consistencia interna. La inflación desacelerando 19 puntos porcentuales rompería el equilibrio fiscal que cobra impuestos a la inflación, que es descendente, e indexa el gasto a la inflación actual, elevada. No resiste el análisis. La caída de 2019 deja más de dos puntos de arrastre estadístico negativo, que difícilmente se puedan revertir con la inversión a la baja como supone el mismo presupuesto oficial. Por último, las exportaciones, dicen, dinamizarían la economía, pero se plantea un tipo de cambio que no va a lucir competitivo".

Pero detrás de esa razonable inconsistencia técnica están las intencionalidades políticas, sobre todo, en tiempos de alta incertidumbre. En su proyecto, el Gobierno explicita al Fondo Monetario Internacional ( FMI), a Washington y a los mercados que este año y el que viene se cumplirían las metas fiscales previstas en el stand-by agreement (SBA). Según esas previsiones, utilizando los ajustadores permitidos por el Fondo, el Gobierno mostraría un déficit de 0,5% del PBI este año y un superávit de 1% el año que viene.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el Gobierno proyecta un ajuste primario de 1,43 puntos que le permita cumplir con la meta fiscal. La dinámica se apoyaría en la reducción del peso del gasto, ya que los ingresos aumentarían 0,23 puntos empujados básicamente por los no tributarios (inflación), y el gasto primario caería 1,2 puntos, principalmente por la baja de subsidios (-0,48 puntos).

Esa intención oficial es significativa cuando, tras el "reperfilamiento", poco se sabe de qué pasará con la deuda ante la falta de un proyecto para el pasivo local de mediano plazo y el rojo con el FMI. La deuda pública total, "un reflejo del déficit fiscal", según el oficialismo, es del 85% del PBI, pero en manos de privados llega al 33%.

El relato del presupuesto es el de un proyecto de sustentabilidad con un modelo que generará dólares (exportaciones) y no los malgastará en sostener una macroeconomía distorsionada. Pero sin consenso no hay credibilidad.

"Creo que, escuchando a los diferentes candidatos presidenciales, empezamos a tener consenso, incipiente, quizás aún no consolidado, de que el déficit fiscal permanente no es sostenible", dijo el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en su presentación en el Congreso.

"Es verdad que ese puñado de consensos es importante, tenemos que seguir consolidando consensos (...) para no resetear el modelo económico en cada mandato presidencial", cerró su mensaje político el encargado de la economía.

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