Una sostenida tendencia a la mejora en la transparencia presupuestaria provincial

La disponibilidad y el detalle de la información fiscal publicada por las provincias mejoraron en 2019, dando continuidad a un proceso de mejora ininterrumpido desde 2015 inclusive. De acuerdo con el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) de CIPPEC, el promedio de las 24 jurisdicciones para 2019 alcanzó a 7,8 puntos respecto de un puntaje máximo de 10. Desde 2013, cuando comenzó a medirse, el grado de transparencia presupuestaria se ha incrementado en casi un 40%, configurándose una clara tendencia a la mejora. El fenómeno de mejora convive también con una menor dispersión de los resultados, lo que sugiere que las provincias no solo han mejorado en sus puntajes, sino que han tendido a converger a niveles altos de transparencia presupuestaria.

El ITPP que elabora anualmente CIPPEC pone acento en cuatro dimensiones: la información relativa al presupuesto, la ejecución y rendición de cuentas, los recursos que se utilizan para atender el gasto -tanto tributarios como de deuda- y las prácticas de divulgación de la información fiscal. El objetivo del índice es medir la disponibilidad pública y oportuna de un conjunto de instrumentos claves para una lectura adecuada de las finanzas públicas.

Resultados

¿Cómo se traduce esta tendencia general de mejora que reporta el ITPP en términos más concretos? Valen algunos ejemplos elocuentes. En 2013 solo ocho provincias tenían disponible en la web el proyecto de presupuesto para el año entrante, mientras que en 2019 son 13 las provincias que lo hicieron, habiéndose observado un pico de 15 en 2018. La divulgación del proyecto de ley previo a su tratamiento y eventual sanción favorece un debate más amplio sobre la asignación de los recursos públicos, permitiendo mejoras incrementales en las políticas públicas. Por otra parte, se aprecia mayor transparencia en materia de rendición de cuentas: 19 provincias han elaborado y hecho pública la Cuenta de Inversión -el principal instrumento con el cual la administración da cuenta del uso de los recursos- en 2019, cuando menos de la mitad lo hacía en el pasado.

No obstante, se detectan áreas en las que hay espacio de mejora. En primer lugar, con respecto a la información sobre la ejecución del gasto, si bien se entrega en los formatos habituales, su actualización es esporádica y podría ser publicada con mayor nivel de detalle. En segundo lugar, en cuanto a la deuda, si bien la gran mayoría de las provincias (22 provincias) informan sobre los saldos de capital adeudado (el stock), es mucho menor el número de jurisdicciones que publican los perfiles proyectados de servicios de interés y amortización (8 provincias), ya sea a nivel de la deuda consolidada o para los distintos tipos de instrumentos que la componen.

Beneficios

De manera más general, ¿cuáles son los beneficios de esta mayor transparencia? El desempeño del índice señala que aumenta la disponibilidad de información fiscal de las provincias al alcance de la ciudadanía. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que los gobiernos provinciales ejecutan casi 40 % del gasto público consolidado del país y que este gasto es el que soporta una serie de servicios esenciales para la ciudadanía: seguridad, educación y salud.

Pero la mayor oferta de caudal informativo es sólo una herramienta para alimentar el conocimiento y el debate público acerca de cómo se asignan y se gestionan los recursos y gastos públicos. En definitiva, el ITPP sólo nos dice que, en principio, la ciudadanía está en mejores condiciones para conocer e interrogarse acerca de la solvencia de las finanzas públicas provinciales y de la calidad de los gastos que entregan las diferentes administraciones. Esto último deberá dirimirse en otro campo por fuera de las dimensiones medidas por el ITPP, pero para que se dé este debate y mejore la calidad del gasto público de las provincias, el incremento en la transparencia es condición necesaria. En este sentido, la tendencia que capta el ITPP es una buena noticia.

Por Ricardo Carciofi y Pablo Carreras Mayer, investigador principal y coordinador, respectivamente, del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC