Una violencia política que el Gobierno ha cultivado
La política hace lo imprescindible en los últimos días antes de las elecciones. La sociedad bosteza. Hace casi cinco meses que ve desfilar a los mismos personajes por idénticos escenarios. Sólo la violencia, especialmente frecuente en esta campaña electoral, rompió el letargo desde las primarias del 11 de agosto. Todos, políticos y sociedad, saben qué ocurrirá el próximo domingo. Las grandes tendencias no cambiarán. Falta sólo definir, en los casos más atractivos, algunos legisladores que representarán a las minorías. Sin embargo, la violencia es, ciertamente, un protagonista inesperado.
Entre los hastíos y las agresiones de la política, la Corte Suprema de Justicia dictó ayer un fallo histórico. Suspendió las elecciones a gobernador de Santiago del Estero, porque el actual gobernador, Gerardo Zamora, se presentaba a una inconstitucional re-reelección. Zamora llegó por el radicalismo a la gobernación, pero luego se convirtió en fanático kirchnerista. Heredó la estructura y las mañas del caudillo peronista santiagueño Carlos Juárez. Zamora, que consiguió el 70% de los votos en agosto pasado, no podrá seguir siendo gobernador. Ironías de la política: fue un planteo del radicalismo (que escribió mayormente Ricardo Gil Lavedra) el que ahora lo voltea del poder.
Pero volvamos a la violencia. El último episodio dejó heridos de bala a dos militantes de Milagro Sala, en Jujuy. Una balacera acribilló la casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Un prefecto, que trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Nación, robó la casa de Sergio Massa. Más tarde, el propio Massa fue herido en La Matanza por un proyectil de plomo lanzado con una gomera. El equipo del candidato sigue convencido de que fue una emboscada para que modificara la marcha de la caravana. En otro lado lo esperaban con armas de fuego. ¿Y después? ¿Pensaban, acaso, matar a Massa? "Tal vez sólo querían amedrentar con unos cuantos tiros al aire", dicen los massistas.
El gobernador de Santa Cruz, el ahora antikirchnerista Daniel Peralta, denunció ayer que militantes kirchneristas estuvieron detrás de los incendios que afectaron el hospital de Río Gallegos y una dependencia de su gobierno. Los incendios fueron provocados en medio de una negociación salarial. "Están buscando un muerto", bramó el gobernador patagónico enfrentado con la familia Kirchner. Peralta alertó también sobre la presencia de "gente de afuera" dando vueltas por la provincia, y declaró que el kirchnerismo está "desesperado" porque corre el riesgo de perder Santa Cruz el próximo domingo. "Pueden perder en cualquier lugar, menos aquí", precisó. Y parece que van a perder.
El enfrentamiento entre Peralta y los Kirchner llegó a tal extremo que la seguridad de la Presidenta, cuando viaja a Santa Cruz, queda en manos de tropas federales. Cristina no confía en la policía provincial, que responde a Peralta. El gobernador, a su vez, dijo que fue un "complot" para terminar con él cuando encontraron en su avión oficial el orificio de un disparo. Policías que parecen ejércitos enemigos. Huellas de presuntos atentados criminales. La política ya cruzó la frontera de la violencia.
Milagro Sala es una mujer violenta. Su organización, la Túpac Amaru, también lo es. ¿Querían realmente matarla a ella, como dijo su abogado, cuando ayer explicó por qué dos militantes de Sala resultaron heridos de bala en una refriega con armas y piedras? También Sala denunció como instigador del hecho al senador radical Gerardo Morales, pero éste dijo que se trató de una gresca entre facciones que responden o respondieron a la propia dirigente de Túpac Amaru. Morales es el dirigente político que más denuncias ha hecho contra Sala por los métodos violentos de ésta. El senador radical deslizó otra información significativa: aseguró que varios candidatos de Sala, que competirán el próximo domingo, están vinculados con el "microtráfico de drogas".
Lo cierto es que las personas identificadas por la Justicia como autoras de los disparos, y cuya captura pidió, estuvieron antes muy cerca de Milagro Sala. El gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, no sabe qué hacer con Sala. Ésta le disputa el poder constantemente, pero ella tiene la bendición política de la Presidenta, que la llena de subsidios estatales. Fellner enfrenta a Sala, a veces, y otra veces se convierte en su aliado político y estratégico. Sea como sea, Jujuy es una provincia que no puede prescindir de la presencia política de Milagro Sala, una dirigente a la que le cuesta establecer el límite entre la disidencia pacífica y la violencia concisa.
Fellner es peronista y tiene la cintura más flexible que Bonfatti, un socialista que se dice decidido a combatir la complicidad policial con el narcotráfico. Catorce balas se incrustaron en la casa del gobernador hace doce días. Tres balas terminaron dentro de la vivienda, donde se encontraba el gobernador. Su vida dependió de la casualidad. No estaba en la habitación donde se estrellaron los disparos. "No tengo ninguna duda sobre la conexión entre sectores de la policía y el narcotráfico", recalcó Bonfatti en las últimas horas, después de recibir otra amenaza de muerte por mensaje de texto.
Bonfatti es reacio a vincular el atentado que sufrió con la campaña electoral, pero dirigentes que le responden recordaron que el diputado camporista Andrés "Cuervo" Larroque había llamado "narcosocialistas" a los gobernantes de Santa Fe. "Tal vez el hecho no tiene vinculación con la campaña, pero el gobierno nacional lo dejó solo al gobernador con aquella descalificación", razonaron. El tráfico de drogas, que es el gran protagonista oculto de la política argentina, tiene la categoría de delito federal. Es un problema del gobierno nacional, pero éste les transfiere a las provincias la responsabilidad política. Otro gobernador, el cordobés José Manuel de la Sota, se vio hace poco obligado a cambiar a su ministro de Seguridad cuando se descubrió una vinculación entre policías provinciales y el narcotráfico.
Un ex gobernador del Chaco, el radical Ángel Rozas, actual candidato a senador nacional, fue duramente golpeado en su provincia hace pocos días. Rozas denunció que militantes del gobernador peronista Jorge Capitanich quisieron matarlo. El escándalo que armó Rozas habría encogido aún más la pequeña diferencia de votos entre el candidato radical y el oficialista. Una brecha de sólo seis puntos, a favor de Capitanich, fue el resultado de agosto pasado.
No se trata, para peor, de una política violenta aislada de una sociedad pacífica. La sociedad parece a punto de estallar. Los vecinos se pelean. Los automovilistas dirimen a las trompadas los desacuerdos del tránsito. La cultura política es violenta y contagió sus reacciones a importantes sectores sociales. Desde 2001, la Argentina vive en medio de violencias latentes o explícitas, que el poder no ha hecho más que cultivar. Sin embargo, las campañas electorales se habían preservado, salvo algunas excepciones, de la violencia. Ese precedente se rompió este año, justo cuando la sociedad decidió la finitud del kirchnerismo.
El próximo domingo sucederá un hecho novedoso en los últimos diez años. Por primera vez desde 2003 no habrá un Kirchner para celebrar el triunfo o para hacerse cargo de la derrota en una noche de elecciones nacionales. La enfermedad de la Presidenta le evitará a ésta el mal trago de asumir públicamente un fracaso anunciado. Los mariscales de la derrota serán otros, que se repartirán nada más que las pérdidas distritales. Nadie se hará cargo de las políticas nacionales cuestionadas por la sociedad. Nadie podrá referirse a la violencia como un fenómeno nacional, en el que influyen el narcotráfico, el punterismo político y hasta los barrabravas.
Será también un domingo prematuro. Tampoco en los próximos comicios nacionales, que serán los presidenciales, habrá un Kirchner en la noche final de alegrías y tristezas electorales.
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