Van a juicio la viuda del exsecretario de los Kirchner y otros 34 acusados por lavado de dinero

Con la certeza de que Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario presidencial, era el nexo entre Néstor y Cristina Kirchner y los recaudadores de las coimas de la obra pública en el caso de los Cuadernos, el fiscal Carlos Stornelli mandó a juicio a 35 personas, incluida la viuda del exfuncionario, sus familiares, el excontador de la familia presidencial, abogados y financistas.

Esta es la tercera etapa elevada a juicio en esta causa de lavado de dinero, desprendimiento del caso Cuadernos, donde se investiga cómo parte de la plata que terminaba en bolsos en la casa de los Kirchner, en Recoleta o en Olivos, fue lavada con la compra de edificios y empresas en la Argentina y en propiedades en los Estados Unidos y el Caribe.

Esas operaciones se le atribuyen a Muñoz. La suma lavada es incalculable pero el fiscal habla de operaciones por 40 millones de dólares en Estados Unidos, casi 30 millones de dólares en el Caribe y otros 8,5 millones de dólares en sociedades en la Argentina.

En esta etapa, el fiscal Stornelli recordó que los recaudadores de las coimas -registradas por el chofer Oscar Centeno-, por la que decenas de imputados están siendo juzgados ahora mismo en otro juicio, dejaron 87 veces en manos de Muñoz bolsos con dinero, según los registros del caso.

En su resolución, Stornelli dijo que Muñoz era el intermediario entre los recaudadores y los Kirchner.

Los acusados son Víctor Alejandro Manzanares, el contador histórico de la familia Kirchner y de Muñoz. Fue el arquitecto societario de firmas como MADACO S.A. y MM SERVICIOS S.A., usadas para las compras de propiedades y falsificar actas para justificar el enriquecimiento ilícito; Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, que tras la muerte de su esposo, lideró las maniobras de ocultamiento y liquidación de bienes en el exterior. También están acusados su hijo Franco, y la hermana de Daniel Muñoz, de nombre Susana.

La madre de Pochetti, Stella Marys Blanco, es otras de las acusadas, pues fue utilizada como “prestanombre” o socia aparente en empresas como Patagon Adventure SRL y en la compra de terrenos en Villa La Angostura. Como parte de la maniobras de lavado se inyectaron fondos ilícitos en negocios comerciales en la Patagonia.

El empresario Carlos Temístocles Cortez también está elevado a juicio por gestionar inversiones en el rubro farmacéutico y por ser nexo para operaciones financieras en Suiza. Leonardo Daniel Llaneza y Rubén Horacio Llaneza, socios del “Grupo Llaneza”, facilitaron el ingreso de dinero ilícito de Muñoz, unos 8,5 millones de dólares en su cadena de farmacias (Fagnano, Llomar, Autofarma) y en la compra de San Up.

Conocido como el jardinero de los Kirchner, Ricardo Fabián Barreiro actuó como testaferro en la adquisición de inmuebles y en la empresa Vial Sur SA junto a Manzanares. Mientras que el exsecretario Roberto Néstor Sosa intervino en la compra de propiedades en Santa Cruz y figuró en la sociedad Vial Sur para ocultar el patrimonio de Muñoz.

El negocio de los garajes

También están acusados Gregorio Sebastián Ludman, socio en emprendimientos como Proxi SRL y Patagon Adventure. En la maniobra se adquirieron garajes comerciales en la ciudad de Buenos Aires (en las calles Rivera Indarte, Amenábar y Malabia) cuya explotación sirvió para blanquear dinero.

Alejandrina Pochetti, hermana de Carolina, participó en la administración de los garajes y en sociedades como Malabia 1741 S.A. Su ex esposo Pablo Gastón Raies fue director y accionista en las empresas que controlaban los garajes, simulando actividad comercial lícita. Y Mauro Gabriel Profético, Fernando Martín Herrera y Marcelo Adrián Timpanaro participaron en la administración y explotación de los garajes, junto con el contador Daniel Roberto Eloy Bona.

El chofer Fausto Alejandro Machado, que conducía a Muñoz y era su asistente, figuró como titular de vehículos de alta gama y transportaba dinero en efectivo en bolsos. Para sacar el dinero del país y comprar propiedades de lujo en los Estados Unidos, como en el Hotel Plaza de Nueva York, se utilizó una red de testaferros y sociedades extranjeras.

Así quedaron implicados el matrimonio integrado por Sergio Esteban Todisco y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy, de Mar del Plata, que actuó como la “cara visible” y directores de las sociedades offshore (Gold Black, Free Experience) y cuentas bancarias hasta su divorcio en 2015. También la madre de Elizabeth, Elba Diamantina Municoy, prestó su nombre para conformar sociedades como Ocean Silver Inc, lo mismo que Rubén Francisco Silva, supuesto testaferro vinculado a la firma WVMarluc SA y nexo en operaciones locales con Ortiz Municoy.

Según el fiscal Stornelli, los facilitadores financieros, abogados y escribanos implicados, son Mariano Antonio Montes, Jorge Antonio Galitis y José Sebastián Jabbaz, Alejandro Maximiliano Raele y Segundo Pantaleón Córdoba.

Los Panamá Papers

Tras la muerte de Muñoz y la aparición de los Panamá Papers en 2016 se activó un plan para liquidar los bienes de la organización en los Estados Unidos. La banda ya había invertido 70 millones de dólares en inmuebles, edificios y departamentos que debían esconderse en otro lado. Se eligió una paradisíaca isla del Caribe: Turks & Caicos.

El abogado Miguel Ángel Plo, su hija María Jesús Plo y su yerno Federico Carlos Zupicich asumieron la defensa técnica. Viajaron a EE.UU., constituyeron nuevas sociedades y organizaron la venta de inmuebles para ocultar el rastro del dinero hacia las islas Turks & Caicos.

El mexicano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo fue reclutado como testaferro para firmar como titular de las sociedades offshore cuando los testaferros originales quedaron expuestos y quedó envuelta Perla Aydee Puente Reséndez en la dirección de las sociedades en el exterior y el abogado Peter Michael Karam que diseñó y gestionó la estructura en las islas para recibir los fondos liquidados desde Miami. Otros implicados son Gabriel Fernando Diéguez y Luis Antonio Gugino.

La resolución judicial describe cómo una “asociación ilícita” operó durante más de una década, sobreviviendo incluso a la muerte de su principal operador, para ocultar un patrimonio que, según se desprende de las pruebas recolectadas, supera los 40 millones de dólares en una sola de sus estructuras offshore, sumado a decenas de millones movidos en transferencias internacionales.

Stornelli asegura que se instauró un “sistema de recaudación ilegal desde el Poder Ejecutivo Nacional”, en el que Muñoz fue el receptor primario de bolsos con dinero en efectivo en el domicilio de la calle Uruguay y en la quinta de Olivos. Sin embargo, la causa actual se centra en qué pasó después con ese dinero: las maniobras de lavado de activos en la Argentina y en el exterior.

Si bien el cálculo total del lavado es complejo debido a la multiplicidad de operaciones, el requerimiento de Stornelli menciona algunas cifras. El fiscal señala que la sociedad Gold Black Limited, perteneciente al matrimonio Muñoz-Pochetti, ocultó un patrimonio de 40.000.000 de dólares.

Stornelli dijo que se detectaron 83 transferencias bancarias vinculadas a uno de los testaferros clave, Carlos Cortez, por un total de 43.053.705,86 de dólares entre 2011 y 2018. Y que en la etapa de liquidación y fuga hacia Turcas y Caicos, se registró, por ejemplo, que una segunda compañía prestó a una primera un monto no superior a 29.300.000 de dólares para financiar operaciones en las islas.

En la Argentina, sólo en el rubro farmacéutico en el sur del país (Grupo Llaneza), Muñoz llegó a inyectar una inversión real total de unos 8.500.000 dólares.

Por Hernán Cappiello

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