Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados: “Es un combo letal para el inquilino”
La semana que viene se debatirá el proyecto de ley que busca, entre otros puntos, agilizar los desalojos
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Una de las principales organizaciones de inquilinos salió a cruzar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno. La agrupación advirtió que la iniciativa propone un esquema de “desalojos rápidos” sin precedentes en la región.
“El proyecto establece el régimen de desalojo más agresivo de América Latina”, aseguró Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, tras un análisis comparativo con legislaciones de países como Brasil, Uruguay, Perú, España, El Salvador y Paraguay. Según el informe de la organización, ningún país combina plazos tan cortos con un nivel tan bajo de garantías para el inquilino.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y presentada el 27 de marzo, comenzó a debatirse el miércoles pasado en un plenario de comisiones en el Senado, aunque el oficialismo aseguró que no habrá dictamen, al menos, hasta la próxima semana. La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El objetivo, según el escrito, es: “Eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”.
La iniciativa propone una reforma integral que abarca cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y ajustes en distintas leyes, entre ellas la de tierras rurales, la de manejo del fuego y el régimen de integración socio urbana de barrios populares.
Uno de los puntos centrales del proyecto impacta de lleno en los desalojos, buscando que sean más rápidos y simplificando los trámites registrales.
¿Qué propone el proyecto de ley en materia de desalojos?
El texto del proyecto establece que todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión o toma de inmuebles, pasen a tramitarse mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino.
Para eso, la reforma modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que rige exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también el Código Civil y Comercial de la Nación, que es una ley de fondo aplicable en todas las provincias. Los principales cambios propuestos se centran en los siguientes puntos:
- Se implementa el juicio sumarísimo: establece que todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión o toma de inmuebles, pasen a tramitarse mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino.
- La intimación de pago es a tres días corridos: en caso de incumplimiento en el pago de viviendas en alquiler, el dueño debe enviar una notificación otorgando un plazo de tres días corridos para que el inquilino pague la deuda (en la actualidad es de 10 días).
- La restitución puede ser anticipada en casos de intrusión (situaciones donde personas ingresaron o permanecen en una propiedad sin permiso del dueño): el juez puede devolverle la tenencia al dueño antes de que se dicte la sentencia final. El proyecto especifica que esto puede pedirse una vez que la demanda haya sido notificada oficialmente. Esa solicitud deberá resolverse en un plazo de cinco días.
- La restitución también puede ser anticipada en casos de falta de pago o vencimiento de contrato de alquiler: el demandante debe presentar una caución juratoria (un compromiso legal de hacerse responsable por posibles daños, es decir cómo lo recibe) y el trámite seguirá los plazos rápidos del juicio sumarísimo.
- Se limitan las pruebas para presentar en los juicios: en paralelo, en los juicios fundados específicamente en falta de pago o vencimiento de plazo, solo se admitirá la prueba documental y pericial, con el objetivo de evitar demoras asociadas a otros medios de prueba.
Para la agrupación, este combo configura un cambio de reglas que inclina la balanza de manera decisiva hacia los propietarios. Principalmente en lo que tiene que ver con que no hay una “segunda oportunidad”: no se contempla la posibilidad de frenar el desalojo pagando la deuda.
“El Gobierno quiere que se vote una ley en donde si una familia se atrasa tres días en el pago del alquiler es desalojada de inmediato”, sostuvo Muñoz.
Pero el cuestionamiento de esta ley, que según Muñoz se va a aprobar, no se limita al plano legal, sino que vincula el proyecto con el contexto económico y la dinámica actual del mercado de alquileres.
Según su mirada, se está configurando un “combo letal” para los inquilinos: contratos más cortos, condiciones más flexibles para los propietarios y un deterioro del ingreso real en un escenario de mayor precarización laboral.
En paralelo, anticipó un escenario de ida y vuelta regulatorio: “Cuando esto genere consecuencias, otro gobierno va a tener que volver a impulsar una ley de alquileres”.
Mientras el Gobierno apuesta a acelerar los desalojos como señal hacia los propietarios, los inquilinos advierten que el costo social puede ser inmediato.
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