La urbanización en barrios populares es todavía una cuenta pendiente
El ex secretario de Vivienda de La Nación analiza el déficit habitacional y explica por qué “las organizaciones sociales en lugar de urbanizar, prefieren subsidios”
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Nuestro país arrastra décadas de un enorme déficit habitacional estructural. Esto quiere decir que las soluciones que año a año se generan para dar respuesta son menores a la demanda que necesita ser atendida. Ante ello, poder estructurar políticas públicas que sean capaces de dar una respuesta a ese déficit, es -sin dudas- un desafío complejo que no acepta mezquindades.
La ausencia de acceso al crédito para la primera vivienda, sumado a una infraestructura obsoleta para dar respuesta al crecimiento de nuestras ciudades, han determinado que las familias de menores ingresos se tengan que asentar en barrios populares. Villas y asentamientos informales justifican hoy el crecimiento del déficit en términos cualitativos [1]. La solución a esas necesidades viene de la mano de inversión en programas de urbanización y no -necesariamente- de la tradicional construcción de viviendas sociales en manos del Estado.
Ahora, cómo hacerlo en un país con escasos recursos que requiere de equilibrio en sus cuentas públicas para poder crecer, es un desafío que requiere de visión, creatividad e ingenio financiero.
Pese a mucho que se pueda decir, fue la gestión del expresidente Mauricio Macri, quien puso el tema en evidencia por primera vez. A través de la sanción de la Ley 27.453, creó un marco para poder dar respuesta a escala al problema de la informalidad urbana en Argentina, profundizando el trabajo de creación del primer registro nacional de barrio populares en 2017. Hasta ese momento, esta realidad había estado invisibilizada desde la política pública. La ley llevó la firma de los jefes de los tres interbloques de la alianza Cambiemos, y el acompañamiento de todos los diputados y senadores, despejando cualquier duda respecto del apoyo inequívoco a la iniciativa.
No hubo mezquindad y aún con el resultado electoral adverso para el entonces gobierno, se determinaron los parámetros para su funcionamiento, mediante un decreto reglamentario firmado con fecha 5 de diciembre de 2019, días antes de terminar el mandato.
La gestión actual ha demostrado enormes falencias para poder poner esta política en marcha. La creación de un ministerio para atender la problemática habitacional nos hizo creer que la misma iba a tener continuidad. Desencuentros, internas o incapacidad determinan una total inejecución para poder continuar el camino ya iniciado.
Luego de idas y vueltas, la Secretaría de Inclusión Socio Urbana (SISU), organismo encargado de su ejecución, pasó de manos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat al de Desarrollo Social. Y, aún así, aún con muchos de los históricos referentes de los movimientos sociales ocupando cargos públicos en el referido ministerio, no se ha podido ejecutar en forma consistente los fondos previstos para avanzar en la urbanización de estos barrios.
El impuesto PAIS sancionado en diciembre de 2019, le asignó al fideicomiso de la SISU el 9% de lo recaudado y, a través de la sanción del impuesto a la riqueza, otro 15% del mismo también le fue entregado. Todos malos impuestos que según nuestras estimaciones generaron ingresos cercanos a los $50 mil millones y que no han sido correctamente ejecutados, con solo $5 mil millones “comprometidos”, que no significa “ejecutados”. Estamos entonces frente a tributos que han sido confiscatorios para sus contribuyentes y cuya subejecución determina que los mismos hayan sido licuados con motivo de la alta inflación que arrastra nuestra economía, sumado a que los mismos se han invertido, de acuerdo a la propia autoridad de aplicación, “en letras del tesoro” para “conservar el valor de los fondos” - aumentando la deuda pública.
En paralelo, la pandemia ha puesto en evidencia índices de pobreza alarmantes que requieren de políticas públicas capaces de transformar esa realidad y no solamente contenerla. Es que erogar subsidios por parte del Estado no conlleva ningún reconocimiento. “Poner el pan en la mesa” para quienes no tienen qué comer es una obligación innata del Estado. El desafío real pasa por implementar políticas que permitan generar un desarrollo sostenible, una agenda trasformadora que el actual gobierno parece haber abandonado.
Las organizaciones sociales afines al gobierno no se muestran preocupadas por reclamar que se avance en la ejecución real de estos fondos. El solo pensar que su puesta en funcionamiento hubiera generado empleo genuino y no asistencialismo, mejorando las condiciones del hábitat popular, que es la verdadera herramienta para la inclusión social; supone que el tema debiera estar en la agenda de cualquier candidato que aspire a transformar nuestra difícil realidad.
Los barrios populares no tienen color político, son una deuda de la sociedad en su conjunto, atraviesen nuestra geografía de Norte a Sur y de Este a Oeste. Llevar adelante una política pública que permita ir ganándole a la informalidad y la pobreza, requiere de planificación y ejecución en forma sostenida durante muchos gobiernos. Hasta ahora la actual administración solo ha demostrado que, por mucho grite y se embandere, no logra poder ponerla en marcha.
[1] Dato: entre 2006 y 2016 los asentamientos informales explicaron el 14%v de toda la expansión de suelo de uso residencial en el AMBA. Fuente CIPPEC: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2018/11/C%C3%B3mo-crecen-las-ciudades-argentinas-CIPPEC.pdf
Los autores: Iván Kerr es abogado y se desempeñó como secretario de Vivienda de la Nación. Sebastián Welisiejko es economista y fue Secretario de Integración Sociourbana de la Nación.
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