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Leandro Santoro: “Por experiencia sé que la ley de alquileres no funciona, sobre todo para los inquilinos”
El candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires dijo que la norma “seguramente” sea tratada en marzo en el Congreso; además, criticó la política inmobiliaria del gobierno porteño y dijo que “uno paga una ley y le permiten construir en altura”
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“Hay que revisar la Ley de Alquileres porque no ha cumplido la función que esperábamos. Me ha tocado alquilar y tuve que salir de raje por que no me daban mi casa”, dijo hoy Leandro Santoro, durante un encuentro organizado por el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).
Es que los cuestionamientos a la ley 27.551 atraviesan los distintos espacios y resuenan en todo el arco político. La semana pasada María Eugenia Vidal fue categórica al sostener que la derogación de la norma “es uno de los 10 temas más importantes para Juntos por el Cambio”. Santoro es mas cauteloso: afirma que hay que revisarla pero no habla de una derogación. Después de todo, ambos espacios votaron a favor de esa Ley.
En este sentido, el candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires se distanció de la tan cuestionada ley y aclaró que él no formó parte del debate “que permitió que esa ley salga”. “No sé con lo que me voy a encontrar cuando vaya a mi bloque pero mi posición personal, desde mi experiencia personal, es que hay que revisar esta ley porque no ha cumplido la función que esperábamos. Fundamentalmente es un problema para los inquilinos. Hay que revisarla, corregirla y escuchar a todas las partes”, afirmó.
Y añadió: “No es solo un problema de los corredores inmobiliarios sino sobre todo del inquilino. El eslabón más débil es el inquilino, el segundo el propietario. Y cuando hablo de propiedades separo a las personas que tienen un par de propiedades que compraron con el fruto de ahorro de su vida para tener un ingreso más de los pulpos inmobiliarios y la ‘guita negra’ que ya sabemos cómo se mueve en la Argentina, cómo usan los inmuebles para blanquear plata”.
Desde CUCICBA abogan por la modificación de dos artículos de la ley 27.551: el más urgente, que establece un plazo mínimo de alquiler de tres años, para llevarlo a dos; y, en segundo lugar, que se derogue el artículo 14, que introduce la obligatoriedad de una actualización anual de los contratos según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central.
“Por ley nos prohíben cobrar honorarios a los inquilinos por nuestra tarea profesional. Venimos peleando en la justicia. ES trata de nuestro trabajo, es nuestro salario y deberíamos cobrar. Me gustaría que puedas transmitir en al legislatura”, le pidió Marta Liotto, presidenta de la entidad al candidato.
En tono conciliador, Santoro respondió que si es elegido diputado recibirá “a todos los sectores”. “La política inmobiliaria tiene que ser mirada desde todas sus perspectivas, porque el sector es uno de los que más empleo crea y más dinamiza la economía”.
Santoro hizo hincapié en la necesidad de construir consensos en torno a esta norma, con una mirada “equidistante” de visones extremistas respecto a la relación que debe haber entre la intervención estatal y la libertad de mercado. “Lo que hice durante toda mi carrera política, y seguiré haciendo cuando esté en el Congreso, es buscar la forma de sintetizar las diferencias, buscando soluciones justas y sin prejuicios de uno u otro extremo”, explicó.
No es el único tema que abordó el candidato del Frente de Todos. Durante la charla que brindó ante especialistas del sector en la sede de la calle Alsina 1382, criticó la política inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires: “Estamos frente a un distrito que tuvo una política inmobiliaria para nosotros muy agresiva, para con la gente sobre todo. El instituto de la vivienda no funciona como debería”, apuntó el candidato.
En este sentido, consideró que “es el sector más concentrado del mercado el que termina proyectando qué tipo de construcciones son las más importantes”. Para Santoro en este punto “hay un abuso legitimado que es lo que la Legislatura denomina como convenios urbanísticos. El abuso de las excepciones de ley que hoy se traducen en un un acuerdo político entre el desarrollador y el Jefe de Gobierno: uno paga una ley y le permiten construir en altura”.
El candidato oficialista explicó que se construyen edificios “de muy alto valor adquisitivo” que no contribuyen a un aumento de la renta inmobiliaria para las familias sino que “funcionan como elementos de reserva de valor”. “No se construyen departamentos de 2, 3 o 4 ambientes accesibles sino que se construyen grandes emprendimientos inmobiliarios como los de Puerto Madero, que en un 60 % se encuentra vacío”, cuestionó.
Por otra parte, se refirió a la discusión que se mantiene actualmente sobre la posibilidad de cambiar el código de planeamiento para que la ex Ciudad Deportiva de Boca -que compró IRSA- se transforme en un “Puerto Madero 2″, en lugar de un sitio recreativo como se había planteado en un primer momento. “Si bien es cierto que es Puerto Madero y es un orgullo para la Ciudad porque es lindo transitarlo y ha agregado valor cultural, también es cierto que el suelo urbano es necesario atravesarlo desde distintas miradas. No solo con la mirada de la rentabilidad empresarial”, indicó.
“En los últimos 20 años se construyeron en la ciudad 38 millones de metros cuadrados y tenemos la misma cantidad de habitantes y problemas habitacionales profundos”, finalizó.
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