Una anciana, su cuidadora y una propiedad usurpada: ¿”el cuento del tío” versión 2021?
Daniel Esteve, dueño de la empresa Desokupa, lidera una campaña contra una joven marroquí y alimenta la mentira de que ha echado a una mujer de 89 años de su casa
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En agosto, lo sucedido dentro de un viejo inmueble muy próximo a la Plaza Mayor de Madrid llamó la atención de medios de comunicación y redes sociales. Los titulares eran muy llamativos: Carmen, una mujer mayor de casi 90 años, había perdido su piso a manos de su cuidadora, una joven marroquí de 26. Un caso perfecto para despertar la indignación popular. Pero la realidad es muy diferente: la joven es ahora víctima de acoso en redes sociales y de escraches sin haber cometido irregularidad alguna, como sostiene la policía, que ha tenido que actuar en su defensa. Y en medio del caso, interviene Daniel Esteve, dueño de la empresa Desokupa, para atizar el rechazo al inmigrante en sus redes, organizar manifestaciones, amenazar a la joven y de paso hacer publicidad de su compañía.
Un hecho significativo de hasta qué punto ha llegado el falso montaje es que Esteve conoce la verdad y no le interesa. Lo suyo es ofrecerse como el paladín de las “desokupaciones”. Este barcelonés nacido en 1970 fue boxeador, portero de discoteca y dueño de un negocio de cobro de morosos antes de fundar la empresa más mediática de las surgidas en España al calor de una falsa alarma social sobre allanamientos de inmuebles. Dice haber llevado cerca de 7000 “desokupaciones” desde 2016. “Nunca, nunca había tenido tantos mensajes de apoyo, de ánimo, de condena hacia la okupante”, afirmó el viernes en un vídeo en sus redes sociales, donde tiene cientos de miles de seguidores. Pero sabe que lo que dice no es verdad: la joven inmigrante no es una okupa. Eso lo conoce por la policía. Él estaba delante cuando los agentes comprobaron que la versión de la chica marroquí era la que se sostenía, como confirma al diario El País.
La actuación de intermediación en conflictos inmobiliarios está permitida por la ley, pero en un mensaje a este periódico sobre este caso, fuentes de la Policía Nacional advierten de los comportamientos criminales de estas empresas: “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado alertan de las posibles actividades delictivas que pueden llevar a cabo algunas empresas de desocupación durante sus servicios, como coacciones, allanamiento de morada, lesiones y acoso”.
El caso de la marroquí
La joven vive desde enero de 2017 en el piso, ubicado sobre la calle Toledo (por allí, antes de la pandemia pasaban ríos de turistas). Llegó desde Marruecos para estudiar Filología Hispánica en un programa conjunto de las universidades Complutense y Sorbona de París. A la mujer mayor le pagaba un alquiler de €400 por una de las dos habitaciones de la vivienda, según múltiples recibos mensuales que tiene en su poder el abogado de la joven, Pablo Galdón.
La mujer mayor es Carmen Franquelo, de 89 años, y no es la propietaria del piso, sino una inquilina de renta antigua que ha habitado ese edificio desde 1946. Paga €121,5, una cuantía que se actualiza anualmente con el dato oficial de inflación. Un dato no menor, en su contrato se prohíbe expresamente el subarriendo.
La propietaria del piso vive en Bilbao y durante años se ha limitado a cobrar la renta a pesar de que, según el abogado de la joven marroquí, Carmen ha estado alquilando una habitación a distintas personas durante años. Antes de la joven pasaron por allí un estudiante de los Estados Unidos y un señor mayor, según ha contado la joven al abogado. En tanto, la familia de Carmen niega que hayan alquilado alguna vez la vivienda o parte de ella.
Carmen se fue del piso cercano a la Plaza Mayor el 13 de marzo de 2019 para vivir con su hermano Teodoro en otro apartamento céntrico, no lejos de allí, según se lee en varias capturas de mensajes de WhatsApp entre la joven y su arrendadora.
A principios de 2021, la propietaria bilbaína descubrió que en el buzón de la vivienda aparecía el nombre de la joven. Según ha comprobado el diario El País, la propietaria le mandó a Carmen un burofax el 15 de abril, anunciándole su intención de rescindir el contrato, a menos que probara que en él no vivían inquilinos. El 11 de mayo, Carmen contestó a la propietaria con una mentira que le envió por fax a Bilbao: “En mi casa las únicas personas que entran son mis nietas y alguna amiga de ellas. Son mujeres jóvenes que cuando salen los fines de semana y, porque viven lejos del centro, les resulta más cómodo quedarse a dormir conmigo en mi casa”.
Durante los tres meses siguientes, la joven inquilina marroquí siguió sola en el piso, desde donde ha teletrabajado para una multinacional, tras haber completado sus estudios. Pero la primera semana de agosto estalló el conflicto entre ella y los cuatro familiares de Carmen. Le dijeron que ellos se iban a mudar allí con la abuela y que debía irse. Le dieron por escrito un plazo de 30 días para dejar su alquiler, pero al ver que tardaba en encontrar otro piso, perdieron la paciencia. Querían deshacerse de la prueba viviente que les podía hacer perder para siempre la vivienda.
“Conozco gente en Extranjería”, amenazó Fernando Martín, el hijo de Carmen, en un audio. La joven tiene sus papeles en regla.
Crónica de una extorsión
El 10 de agosto, la Policía se presentó en el piso para separarlos. Era el tercer día de peleas. A estas alturas, los agentes ya habían hablado con la propietaria y sabían lo que sucedía realmente. Le arrebataron las llaves a Begoña de la Cruz, la nuera de Carmen, y la pusieron en la calle. Carmen, como de costumbre, se encontraba en el piso de su hermano. La joven inquilina se quedó en la vivienda porque demostró tener un título válido.
Es entonces cuando la familia se inventó la gran farsa que ha sostenido hasta hoy. Mar Martín, de 25 años, nieta de Carmen, relata que llamó al número de denuncias de Telemadrid mientras se encontraba en una farmacia comprando ansiolíticos para sobrellevar toda esta situación. Había cola y toda la clientela se enteró de la conversación de la joven con la cadena de televisión. Según cuenta, un cliente le recomendó contactar con Desokupa. Ella se lo agradeció. “Me di la vuelta y todo el mundo me aplaudió, ¡ánimo!”, agrega. Llamó a la empresa y, asegura, le ofrecieron sus servicios gratuitamente.
Es en este momento de la historia cuando entra en acción Daniel Esteve, el propietario de Desokupa. El ciclón mediático fue in crescendo hasta su apogeo el miércoles de la semana pasada, cuando Esteve se presentó en la puerta acompañado de la familia, cámaras, otros empleados de aspecto intimidante y un abogado. Esteve vestía un polo con el eslogan de su empresa: “Siempre fuertes”.
Confundiendo el título de la familia, Esteve goleó la puerta al grito: “Abogado de la propiedad. Abres o te vas a meter en un lío porque de aquí nos vamos al juzgado a pedir tu detención inmediata”. La joven no abrió y llamó a la policía. Un rato después, los agentes le explicaron a Esteve y a su abogado la situación, según aseguran fuentes policiales. Si tenía alguna confusión sobre el caso, Esteve salió de dudas ese día.
A pesar de ello, cuando la policía se marchó, Esteve continuó con su campaña de acoso a la joven. “Disfruta, que esto acaba de empezar”, le dijo por WhatsApp al día siguiente. Añadió un enlace a la cuenta de Facebook de Desokupa. En él aparecían imágenes de ella robadas de Instagram (de su perfil cerrado al público), un delito de intromisión ilegítima en su imagen, según estableció el Tribunal Supremo en 2017. También revelaron la dirección del piso y la llamaron prostituta. Desokupa ha borrado estos mensajes, pero existen capturas de fotos y vídeos de todo lo que había publicado. La joven ha recibido por internet decenas de amenazas de muerte e insultos racistas.
Según parece, Esteve solo está preocupado por su gloria. El “empresario”insiste en que la joven le entregue la llave a él, probablemente para transmitirlo en directo a sus seguidores. El viernes pasado, Esteve seguía atacando a la inquilina desde un vídeo emitido en directo desde sus redes sociales. Conectó por videoconferencia con la familia de la mujer mayor, a la que se refirió como “Carmen de España”. Al otro lado de la pantalla tenía a las cuatro personas que él ha escogido como aliados en este caso: el hijo, la nuera y dos nietas de Carmen. El líder de Desokupa ya sabía que se había equivocado de bando, pero seguía sin rectificar. Si alguien estaba cometiendo una ilicitud eran ellos, y no la joven. Ni la abuela Carmen vivía en el piso; ni la joven era su cuidadora, ni era una okupa. Al otro lado de la pantalla, los cuatro daban las gracias al famoso desokupador.
El castillo de Desokupa y la familia de Carmen se empezó a desmoronar el fin de semana pasado, cuando OK Diario publicó que, según fuentes policiales, el conflicto real era entre Carmen y la propietaria, que había descubierto el subarriendo. Algunos simpatizantes de Desokupa le han reprochado a Esteve el error: “Creo que en esta ocasión os habéis equivocado, y os están utilizando”, decía una seguidora en Facebook, Myriam García Gasco.
Pero Esteve ha continuado su campaña contra la joven, a la que ahora acusa sin pruebas de un acuerdo con la propietaria para echar a Carmen. Pero la historia continúa, el miércoles por la mañana apareció en la puerta del edificio, donde sigue la joven, para acompañar a la familia de Carmen en un escrache que él mismo había anunciado en redes sociales la noche anterior.
“Nadie te quiere, a Carmen sí”; “una cuidadora es okupadora” y “sal ahora si tienes valor”, fueron algunos de los cánticos que miembros de la familia, amigos y unos 10 simpatizantes profirieron en el escrache, que fue autorizado por la delegación del Gobierno. Cinco cámaras de televisión estaban presentes.
Un negocio fructífero
A pesar de sus excesos, Esteve se está haciendo de oro. En 2019, facturó €1,7 millones. Durante años ha sido impulsado por programas de televisión que lo han entrevistado, pero ya vuela solo. En YouTube, una red donde puede percibir ingresos por publicidad y donaciones, tiene cerca de 100.000 suscriptores. En Facebook, casi medio millón.
Su éxito refleja el miedo que ha calado en la sociedad española a los okupas, un término confuso que proviene de un movimiento de protesta de la izquierda que busca dar uso social a inmuebles abandonados. En realidad, si una persona entra en una casa sin permiso, la policía puede tumbar la puerta y detenerlo, con orden judicial o sin ella, en casos claros de delito flagrante. Son casos extremadamente raros, que encajan con la figura del allanamiento de morada. La inmensa mayoría de okupaciones se produce en fincas de bancos y fondos de inversión donde no vive nadie. Muchas son viviendas con poco atractivo comercial y que han sido incapaces de venderse desde la crisis inmobiliaria de 2008. En estos casos se habla de un delito de usurpación.
Es por este motivo que Esteve suele tener como clientes a fondos y bancos, a pesar de que él se presenta como el gran defensor del pequeño propietario, según Carlos Castillo, abogado de la asociación PAH Madrid, que defiende el derecho a la vivienda digna y lleva varios casos de ese tipo relacionados con Desokupa. Otros clientes son pequeños caseros que buscan deshacerse de inquilinos que dejan de pagar.
Situaciones como la de Carmen, tienen resonancia en una sociedad como la española, donde cada vez hay más personas que sufren para pagar una vivienda. “Son casos cercanos para la gente porque son cosas que pasan en tu barrio”, dice Castillo, que percibe un interés en la derecha por fomentar este marco de confrontación. “El sujeto político al que atacar suele ser población vulnerable como los inmigrantes”.
Este miércoles en el escrache, Esteve llegó a las puertas del edificio caminando desde uno de los arcos de la Plaza Mayor, acompañado de cuatro de sus espantaokupas. Quizás al ver que la concentración había sido un fracaso de público (aunque no de presencia mediática), Esteve y los suyos se quedaron en un segundo plano y dejaron a la familia de Carmen gritando con un megáfono en dirección a los ventanales de la planta segunda, donde estaba la joven. “Es una marroquí asquerosa”, la insultaba un exaltado.
Cuando el pequeño grupo empezaba a disolverse, apareció por allí un cartero que se acercó a una mujer mayor que veía la escena a cierta distancia. Ella estaba sentada en una silla de ruedas, con un vestido de flores y unas gafas de sol. “Carmen, tengo esto para usted”, le dijo, presentándole un burofax. Ella lo miró confundida. “¿Carmen Franquelo? Esto no es para mí”, le respondió.
En realidad, ella era una vecina que se parecía mucho a Carmen. El cartero se aproximó a continuación al hijo, Fernando Martín, y a la nuera, Begoña de la Cruz. “Lo siento. Yo no estoy autorizado”, le respondió Martín.
Los otros miembros de la familia le miraron extrañados. “Es un burofax de la propietaria”, les explicó. No les interesa recibir los nuevos apremios. Se giraron y siguieron escracheando a la joven vulnerable que han convertido en su único objetivo.
Esteve asegura ahora que lo que verdaderamente le importa no es echar a la joven del piso, sino que Carmen vuelva. Le dice a este periódico que la policía actuó “como juez y parte” al quitarle las llaves a la familia. “Debe ser un juez el que decida”, afirma él en una entrevista telefónica el jueves. Abogados consultados dicen que la actuación de los agentes fue correcta. La mujer, que no estaba en el piso el día que los agentes arrebataron las llaves a la familia, lleva más de dos años fuera de la vivienda y no queda desamparada al vivir con su hermano.
No ve reprochables sus ataques a la joven. “Yo doy mi versión de los hechos y la gente es suficientemente inteligente para hacer o deshacer”. Cuando se le pregunta por qué carga contra alguien que habita legítimamente un piso, decide cortar: “Ya está. Se ha acabado la entrevista. Que ya veo por dónde vas”.
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