Leyes que enfrentan a los ecologistas con los desarrolladores

En las comisiones del Congreso se cocinan a fuego lento una serie de proyectos de ley que reavivan la puja. La ley de humedales, la de áreas protegidas y parques nacionales—reclamada por el presidente Mauricio Macri durante su discurso del primero de marzo ante la Asamblea Legislativa— y la penalización por los desmontes son sólo algunas de las normas que pueden alterar el statu quo en un futuro no muy lejano.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ya reclamó la sanción de una ley de humedales para inventariarlos y planificar acciones sobre esos hábitats, no sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino también con una visión integral de conservación de la biodiversidad y de uso sustentable de la naturaleza. El proyecto de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales en todo el país logró media sanción en el Senado con el apoyo de todos los bloques políticos y espera su resolución en Diputados.

Durante el debate en el Senado, la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)y la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria –UBA–, entre otras organizaciones, denunciaron que “áreas del litoral argentino se encuentran devastadas por emprendimientos inmobiliarios mal emplazados o por actividades productivas intensivas e invasivas” y aseguraron que “igual estado de situación aplica para el área que comprende el cauce del Río Lujan, valle del Río Gualeguaychú e islas del Delta entre otras tantas zonas, principalmente por el cambio en el uso del suelo, incremento de la actividad ganadera, producción de monocultivos, deforestación y construcción de diques”. En el país existen 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, equivalente al 21,5 por ciento de la superficie del territorio nacional. La media sanción clasifica a los humedales en tres tipos: los de alto valor de conservación que no podrán transformarse; los de nivel medio, donde se permitirán las actividades extensivas, salvaguardando a la ganadería; y los de usos múltiples, donde se podrán realizar actividades económicas–productivas pero con criterios de sostenibilidad. Además, se deja en manos de las provincias la confección de un inventario —tendrán tres años para hacerlo y no uno como fijaban los proyectos originales— y el posterior ordenamiento territorial. El texto consensuado eliminó el artículo que paralizaba cualquier producción hasta tanto se confeccionara el registro y se excluyeron de los alcances de la ley a los salares de altura.

“Es muy positivo que se intente buscar un equilibrio, una solución, porque no podemos darnos el lujo de decir que en más del 20 por ciento del territorio nacional no se va a producir o desarrollar ningún tipo de actividad”, opinó Mariano Maurette, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR). Su expectativa está puesta en un debate que podría saldarse este año, luego de las elecciones.

Parques, en reserva

“Avanzamos en la creación de áreas protegidas como la Reserva Natural Silvestre “El Rincón” en Santa Cruz, el Parque Nacional Aconquija en Tucumán, los Esteros del Iberá en Corrientes y el Impenetrable de Chaco. Esperamos que el Congreso sancione las leyes para convertirlas en Parques Nacionales”, reclamó el presidente Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. La creación del parque chaqueño ya se sancionó y promulgó en octubre de 2014 pero el Ejecutivo aún no ha enviado al Congreso la cesión de las jurisdicciones ambientales de las otras tres áreas. Sin ello, los legisladores tienen las manos atadas.

No obstante, Diputados tiene para su debate un proyecto de ley de presupuestos mínimos para las áreas naturales protegidas –que cubren el 10,7 por ciento del territorio nacional–,. “Además de la creación de más áreas protegidas, es necesario lograr el ordenamiento federal de todas las áreas con un mínimo grado de organización y financiación”, fundamentó Mario Barletta, el impulsor de la ley, y presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de Diputados

La propuesta fija áreas que deben conservarse íntegramente en su estado natural , y otras que compatibilizarán recursos renovables con conservación —permitiría ciertos usos extractivos cuyo manejo sustentable no afecte la persistencia de los recursos naturales renovables ni la biodiversidad—.

Crimen y castigo

Un proyecto de Victoria Donda –Libres del Sur– y Greenpeace establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien desmonte o cambie el uso del suelo sin autorización, destruya bosque nativo o provoque un incendio. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización ambientalista, señaló que “grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la ley de bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes”. El proyecto de ley también penaliza con cárcel de 2 a 6 años a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Además, propone agravantes cuando el ilícito se haya cometido para obtener beneficio económico, desalojando familias, con la colaboración de un funcionario público, afectando reservas, parques o áreas protegidas nacionales o locales y territorios indígenas o campesinos. Si bien todos estos proyectos han logrado algún avance, sólo se convertirán en ley aquellos que tengan el aval del gobierno y logren un alto consenso entre los distintos sectores.

Por Lorena Zapata

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