A 27 años del asesinato de Miguel Bru, el hombre que tiene la llave clave del caso prefiere el silencio a la libertad

Rosa Schonfeld, madre de Migue Bru, asesinado hace 27 años en una comisaría de La Plata
Rosa Schonfeld, madre de Migue Bru, asesinado hace 27 años en una comisaría de La Plata Crédito: Télam
Pablo Morosi
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17 de agosto de 2020  • 18:54

"Nunca voy a admitir un delito que no cometí aunque me cueste la libertad", repite, una y otra vez, el exsargento de la policía bonaerense Justo José López, que cumple la pena de reclusión perpetua por el secuestro, torturas y asesinato del estudiante de periodismo Miguel Bru, ocurrido en La Plata hace 27 años, la noche del martes 17 de agosto de 1993.

El exsuboficial, que integraba el Servicio de Calle de la comisaría 9ª, donde Bru fue visto por última vez con vida, es el único de los cuatro expolicías condenados en el juicio oral realizado en 1999 que permanece preso. Pasa sus días en la Unidad Penal N°2 de Sierra Chica, desde donde hace años batalla años para acceder a un régimen de libertad condicional. La traba para conseguirlo, paradójicamente, ha sido, hasta ahora, la firmeza con la que proclama su inocencia y, por lo tanto, la ausencia del arrepentimiento que le exige la Justicia.

La propia madre de la víctima, Rosa Schonfeld de Bru, admite esa paradoja. "Ya intentó varias veces recuperar la libertad, pero la Justicia se la niega por no colaborar. Yo le insistí que colabore, que diga dónde está Miguel y que quede en libertad total", afirmó la madre del estudiante, que tenía 23 años cuando fue "chupado" por efectivos de la comisaría 9ª que lo hostigaban y amenazaban desde que él los denunció por un allanamiento ilegal en su casa.

Si bien fue sentenciado como autor material del crimen y, consecuentemente, considerado pieza clave para poder dar con el cuerpo del estudiante, que lleva 27 años desaparecido, López se declara ajeno al hecho y víctima de una "cuestión política". Esa postura, considerada en los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) como "ausencia de reflexión crítica", junto con las particulares características del delito cometido, constituye el principal motivo que impide su eventual liberación y que, al mismo tiempo, coarta la posibilidad de arribar a un esclarecimiento definitivo.

El último intento para obtener la libertad condicional de López, impulsado por su defensor, Lino Andrés Gauto Cardozo, se produjo a poco de que se destara la pandemia de coronavirus y fue rechazado el 6 de julio pasado por la camarista penal María Silvia Oyhamburu, que interviene como jueza de Ejecución Penal en la causa. En su presentación, Gauto buscó que se incluyera a su patrocinado entre los posibles egresos dispuestos en función de la emergencia sanitaria que se registra en las cárceles bonaerenses a raíz de la amenaza del Covid-19. Al fundar su negativa, Oyhamburu indicó que "tampoco se advierte que el condenado se encuentre en situación de riesgo sanitario que amerite modificar la resolución denegatoria de su libertad condicional".

Rosa Schonfeld, madre de Migue Bru, asesinado hace 27 años en una comisaría de La Plata
Rosa Schonfeld, madre de Migue Bru, asesinado hace 27 años en una comisaría de La Plata Crédito: Télam

El 5 de diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia bonaerense había desestimado un recurso de queja con los que la abogada Norma Isabella de González -por entonces, representante legal de López- había reclamado el mismo beneficio en el marco de un complejo laberinto de tecnicismos que provocó una discrepancia de criterios entre dos salas -I y III- del Tribunal de Casación. De hecho, a instancias de ese tribunal, la jueza Oyhamburu había terminado por otorgar al expolicía la libertad condicional, de la que gozó entre diciembre de 2014 y julio 2017.

Como sea, los sucesivos informes del SPB sobre el interno insisten en señalar la falta de "reflexión crítica" y una posición "exculpatoria y victimizada de los hechos". A lo que se sumó el planteo del fiscal de Cámaras Héctor Vogliolo, quien, al intervenir en el caso, subrayó que el delito cometido constituye una "gravísima violación a los derechos humanos" y apuntó como agravante la condición de "funcionario policial" de López al momento del hecho. Vogliolo también reparó en que en este hecho aún se encuentra vulnerado "el derecho a la verdad consagrado por la jurisprudencia interamericana".

Según el último de los informes psicológicos penitenciarios, "el aquí condenado insiste en su inocencia respecto del hecho que se le imputa, manifestando que detenidos de la comisaría lo habrían señalado en venganza porque los había detenido", que "alude también a incongruencias en la causa" y sostiene que "a pesar de ello lo declararon culpable legalmente". El informe concluye: "Por el momento sería inviable incorporar al condenado López en el régimen de libertad condicional".

Hasta que sobrevino la pandemia, López tenía permitidas salidas transitorias una vez al mes. Viajaba desde Sierra Chica, en el partido de Olavarría, hasta el oeste del conurbano, donde vive su pareja. Pero las restricciones impuestas por el Gobierno en marzo interrumpieron los viajes, lo que motivó que el interno reclamara una medida de "acercamiento familiar", que implicaría un traslado a un penal más próximo a su domicilio.

En la cárcel, este hombre rudo acostumbrado a la acción, al que todos conocen por el apodo de "Negro", se volvió un preso modelo: tiene buen concepto y "conducta ejemplar"; juega al fútbol y recibe visitas familiares; También participa de las tareas de limpieza del pabellón e incluso, en algún momento, tuvo a su cargo el taller de manualidades de la unidad.

La búsqueda del cuerpo

Una vez terminado el juicio oral, la Justicia abrió una nueva investigación (la Instrucción Penal Preparatoria N° 28329/99) para buscar los restos de Miguel Bru. El primer instructor, Fernando Cartasegna, renunció a su cargo en 2017 sin haber producido avance alguno. La causa pasó, entonces, a manos del fiscal Marcelo Martini, que en diciembre de ese año visitó en dos oportunidades a López en el penal de Sierra Chica. En esa oportunidad el expolicía insistió con declararse inocente y sostuvo que los jueces lo habían condenado por la presión de los medios de comunicación. Además, soltó una versión que indica que Bru habría muerto en Chile, donde vivió oculto. Ya en su momento la defensa de los policías, a cargo del fallecido letrado Alejandro Casal, había intentado hacer circular el relato del paso de Bru al país trasandino, aunque sin aportar elementos de prueba al respecto.

Rosa Schonfeld, madre de Migue Bru, asesinado hace 27 años en una comisaría de La Plata
Rosa Schonfeld, madre de Migue Bru, asesinado hace 27 años en una comisaría de La Plata Crédito: Télam

En aquellos encuentros en el estrecho locutorio de la unidad, el fiscal Martini sugirió a López que su situación podía mejorar si confesaba lo que habían hecho con el cuerpo de Bru. No era la primera vez que el expolicía recibía un planteo de estas características. Apenas terminado el juicio oral, Casal rechazó en nombre de los uniformados que acababan de ser condenados una propuesta originada en la familia Bru, que les proponía pedir una conmutación de penas a cambio de información sobre el destino final del cuerpo de Miguel.

El expediente, que acumula miles de fojas y decenas de rastrillajes, sigue hoy abierto, fundamentalmente, a partir de la constancia de Rosa Schonfeld, madre de la víctima, y de los miembros de la Asociación Miguel Bru, una ONG creada para acompañar otros casos de violencia institucional. Hasta ahora, las innumerables pistas recibidas, rigurosamente chequeadas por Martini, no han permitido arribar a resultados positivos para la investigación.

A Schonfeld ya no le preocupa que el asesino de su hijo pueda recuperar la libertad. A esta altura no le interesa conocer nuevos detalles de la causa y solo espera un gesto de López para poder cerrar una etapa y dar respuesta al interrogante con el que inició la búsqueda de su hijo y que acompañó su lucha todos estos años. En diálogo con LA NACION, la mujer lo resumió del siguiente modo: "Nosotros no queremos que nos den más datos ni que nos digan más nombres; solo queremos saber dónde está Miguel".

Silencios

Al igual que López, ninguno de los otros tres expolicías condenados por el crimen de Miguel Bru en el juicio oral llevado adelante en mayo de 1999 reconoció siquiera haber participado en el hecho. En aquella instancia, los jueces de la Sala I de la Cámara Penal, Eduardo Hortel, Luis Pedro Soria y María Clelia Rosentock, consideraron que el exsargento López y el subcomisario Walter Abrigo -que murió en prisión en octubre de 2003- fueron los autores materiales del crimen. En tanto, el entonces titular de la seccional 9ª, comisario Juan Domingo Ojeda, y el suboficial Ramón Cerecetto recibieron penas menores por encubrimiento y evitaron ir a prisión.

Justo José López (el hombre con canas, a la derecha), durante un acto del Servicio Penitenciario Bonaerense, en 2008. Ese día recibió de manos del entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal, el primer premio del programa "Encarcelarte" por una escultura hecha en madera y bautizada "
Justo José López (el hombre con canas, a la derecha), durante un acto del Servicio Penitenciario Bonaerense, en 2008. Ese día recibió de manos del entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal, el primer premio del programa "Encarcelarte" por una escultura hecha en madera y bautizada " Crédito: Télam

Tampoco aportó ninguna información el resto de los policías que en aquellos días cumplían funciones en la comisaría 9ª. Durante el juicio oral en el que se ventiló la desaparición de Bru, una veintena de policías convocados a declarar exhibieron, como denominador común, una ostensible fragilidad de memoria. Como ceñidos a un libreto, todos coincidieron en haberse enterado del caso por los medios de comunicación y dijeron desconocer las tareas del Servicio de Calle ya que, argumentaron, no tenía relación con la actividad en la seccional y dependía directamente del comisario.

Mientras se llevaban adelante las audiencias públicas, una denuncia con reserva de identidad acusó a policías afectados al operativo de seguridad de la sala de dirigir las declaraciones y de adelantarles a los testigos que esperaban por declarar, aislados en una oficina contigua, lo que iban diciendo sus camaradas. El caso recayó finalmente en la fiscalía de turno, a cargo de Beatriz Castellanos, quien por falta de elementos nunca pudo procesar a nadie por aquella denuncia. En la previa de una de esas jornadas, mientras la sala aún estaba semivacía, se escuchó desde la oficina contigua en la que esperan los testigos cómo una mujer instruía a los gritos a los inminentes testigos uniformados: "No podemos hablar, no podemos comentar nada. Y ni se les ocurra siquiera saludar al que pasa a declarar". Un bochorno en el que la Justicia no reparó.

En mayo de 2001, Rosa Schonfeld, madre de la víctima, requirió al fiscal de turno, Mariano Lasarte, que analizara el registro de las cámaras de seguridad instaladas en la comisaría 9ª, en las oficinas y en la zona de calabozos, y pidió que se estableciera fehacientemente la nómina del personal de guardia de aquella noche sobre la base de los libros de la seccional.

Según los registros de la dependencia, entre el 17 y el 18 de agosto de 1993, estuvieron en la seccional, además de los ya mencionados Ojeda y Cerecetto, los subcomisarios Carmelo Forte y Ernesto Carrizo; los oficiales Juan Carlos Suárez, Julio Gómez Sánchez (h.) y Jorge Guillermo Viciconti, además de los suboficiales Pedro Etchegaray, Carlos Paz, Claudia Belloni, Fabián Agostini y el chofer Gustavo Carpinetti. Figuran, asimismo, en las constancias el agente Julio Ayala -que ese día había tomado su primer destino en la 9ª- además de los efectivos Alberto Pintos, Juan Izaguirre, Mariano Villalba, Daniel Puis, Daniel Altamirano y Walter Olaso.

Aquella noche, agentes de varias seccionales participaron de una redada que intentaba capturar a un presunto violador en la zona del Bosque, jurisdicción de la 9ª. En dicho operativo, participaron junto a integrantes del Servicio de Calle, los siguientes efectivos, mencionados en el informe elevado a la Justicia solo por sus apellidos: Roldán, Verón, Posse, Romero, Molina, Alcázar, Lorenzo, Alarcón y Allendi.

La investigación terminó por concentrarse en los oficiales Suárez, Viciconti y Gómez Sánchez, imputados por una presunta omisión de denunciar el crimen. Sin embargo, en 2004, los fiscales Virginia Bravo y Gabriel Sagastume, cerraron la causa y sobreseyeron a los imputados por falta de pruebas.

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