A un mes del mortal tiroteo entre policías bonaerenses y federales sigue prófugo un comisario

Gustavo Carabajal
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30 de abril de 2019  • 13:56

José Hernández, comisario mayor y jefe de la Dirección Departamental de Investigación (DDI) de Avellaneda, acusado de su presunta participación en una red de corrupción policial que recaudaba dinero del narcotráfico, sigue prófugo un mes después del conmocionante hecho que desató las sospechas: el mortal enfrentamiento entre policías federales y bonaerenses que habían ido allí a cobrar el dinero de una extorsión a una mujer dominicana eventualmente ligada al comercio de drogas.

Este jefe policial es el único fugitivo de la investigación del tiroteo ocurrido el 29 de marzo a las 22 en la estación de servicio situada en un shopping de Sarandí, en un costado del Acceso Sudeste, que terminó con un comisario bonaerense muerto.

En las próximas horas, la fiscal de Avellaneda, Soledad Garibaldi, pediría al juez de Garantías, las prisiones preventivas de los cinco efectivos de la policía bonaerense detenidos por el caso.

Para fundar el eventual requerimiento, la representante del Ministerio Público trabajó durante todo el fin de semana. La atención de la fiscal se enfocó en los cruces de llamados telefónicos de los más de diez celulares secuestrados a los cinco policías detenidos.

Además, la fiscal solicitó a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense que le remita los informes patrimoniales de los cinco policías detenidos hasta el momento y del comisario Hernán David Martín, jefe del Gabinete Antidrogas de la DDI de Avellaneda, abatido durante el tiroteo con los efectivos de la Policía Federal.

Los detenidos

Hasta el momento fueron detenidos el comisario inspector Aníbal Marcelo Ochoa, subjefe de la DDI Avellaneda; el comisario Esteban Arana, segundo responsable del Gabinete Antidrogas; el oficial principal Raúl Elías Hernández, jefe de Operaciones; y el suboficial Claudio Saldivia. Uno de esos cuatro detenidos es hermano del comisario mayor Hernández, el jefe de la DDI Avellaneda prófugo. Estos cuatro sospechosos fueron apresados durante una serie de operativos realizados por funcionarios de Asuntos Internos.

El sargento Claudio Franicevich había sido detenido la noche del tiroteo, tras recibir $170.000 que le dio aquella mujer dominicana que, previamente, había denunciado que un grupo de policías le había pedido $200.000 para no plantarle droga y armarle una causa por narcotráfico.

El subcomisario Luis Otero y el oficial Silvio Vergara, que estaban cerca de la estación servicio en el momento del enfrentamiento, fueron liberados por la Justicia, luego de pasar 48 horas detenidos. No obstante, ambos continuarán en disponibilidad preventiva, separados de la fuerza de seguridad provincial.

Actualmente, el comisario mayor Hérnández tiene pedido de captura nacional e internacional en su contra. No obstante, los investigadores judiciales presumen que Hernández podría estar refugiado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras los letrados que lo representan intentan pactar su entrega y mejorar su situación procesal.

En las últimas horas, la Justicia de Garantías de Avellaneda rechazó la eximición de prisión pedida por los abogados. Esto significa que el pedido de captura del comisario mayor sigue activo.

La extorsión

La investigación que terminó con el tiroteo entre policías frente a la estación de servicio se inició por la denuncia de la mujer dominicana, que está embarazada. Hace un mes, dijo que había sido interceptada en Sarandí por dos hombres que la obligaron a abordar un Toyota Etios.

Dentro del vehículo, los sospechosos le mostraron una bolsa con droga y le advirtieron que si no pagaba $200.000 le armarían una causa penal por tráfico de estupefacientes. La amenaza también incluía a su esposo.

Entonces, la mujer fue a su casa, tomó $30.000 y realizó el pago inicial del monto exigido por los sospechosos.

Al día siguiente, la mujer concurrió a la fiscalía especializada en lucha contra el Narcotráfico de Avellaneda y denunció la extorsión. En su presentación, no dijo que ella o su esposo vendieran drogas. Al contrario, manifestó que los sospechosos que la habían retenido en un auto se podrían haber confundido de persona.

Ante la presunción de que los extorsionadores fueran efectivos de la policía bonaerense, debido a que el hecho denunciado constituía un claro ejemplo de una forma de recaudación ilegal conocida como "cortito", la fiscal Garibaldi convocó a personal de División Drogas Urbanas de la Policía Federal para que realizara una entrega controlada del pago de $170.000 que faltaban para completar el monto exigido por los extorsionadores.

En la jerga criminal se conoce como "cortito" a un instrumento de recaudación ilegal en el que los policías amenazan con armar una causa penal, con posterior detención en caso de que no se pague una determinada suma de dinero. Se le dice "cortito" porque los efectivos están obligados a actuar con celeridad debido a que no dejan consignada en el libro de guardia la presencia de un sospechoso en la dependencia

El 29 de marzo pasado a la noche, la denunciante concurrió a la estación de servicio situada en el ingreso del shopping, a un costado de la colectora del Acceso Sudeste. Llevaba aproximadamente $10.000 marcados por los investigadores, colocados dentro de un sobre donde había $170.000.

Cuando uno de los dos ocupantes del Toyota Etios descendió del vehículo y tomó el dinero que le entregó la mujer, aparecieron los efectivos de la Policía Federal, algunos de ellos con chalecos identificatorios, y dieron la voz de alto.

Según consta en las grabaciones de las cámaras de seguridad, el sargento Franicevich, que había recibido el dinero, acató la orden y no se resistió. En cambio, el conductor del vehículo intentó escapar. En esa maniobra estuvo a punto de atropellar a uno de los policías que lo había interceptado. Al mismo tiempo comenzó un tiroteo en el que se dispararon más de treinta balazos.

El conductor del Etios, un móvil no identificable del Gabinete Antidrogas de la DDI de Avellaneda, fue identificado como el comisario Martín. La autopsia determinó que le pegaron nueve balazos. Mientras que dos efectivos de la Policía Federal sufrieron lesiones graves. Uno de ellos tenía cuatro heridas de bala.

A un mes del enfrentamiento todavía la Justicia no recibió las conclusiones del peritaje balístico, que quedó a cargo de la Gendarmería. Todavía no se pudo establecer quién disparó primero y por qué.

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