Acusan al juez federal de Orán de cobrar coimas para liberar a traficantes

Se había convertido en un ícono de la lucha contra el narcotráfico. En abril, la presidenta Cristina Kirchner ponderó su trabajo. Tiene bajo su jurisdicción 700 kilómetros de frontera con Bolivia, en la zona caliente del contrabando. Más de una vez describió las amenazas de las que fue víctima. Y hace apenas unas semanas fue una de las estrellas en el coloquio de IDEA, en Mar del Plata.

Pero ahora Raúl Reynoso, el juez federal de Orán, Salta, pasó a ser sospechoso. Está bajo investigación porque, según la imputación judicial que ayer derivó en el allanamiento de sus oficinas, habría cobrado grandes sumas de dinero a cambio de excarcelar a detenidos en causas por narcotráfico. Lo acusan de ser el líder de una asociación ilícita que integrarían abogados y funcionarios y ex funcionarios judiciales. Ya hay cinco detenidos y dos prófugos.

En las últimas horas, el juez federal de Salta Julio Bavio hizo lugar a los pedidos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y del fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y ordenó la declaración indagatoria de Reynoso, que por su condición de magistrado no puede ser detenido a pesar de la grave imputación.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Bavio también hizo lugar a otras solicitudes del Ministerio Público y ayer allanó el Juzgado Federal de Orán, en Lamadrid 78, y estudios jurídicos y domicilios en distintas ciudades de Salta. Los operativos estuvieron a cargo de 70 oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que viajaron desde Buenos Aires, Tucumán y Córdoba en 20 móviles.

En su resolución, el juez Bavio ordenó detener a siete sospechosos de integrar la asociación ilícita. Hasta anoche habían sido apresados cinco, entre ellos un funcionario del juzgado federal de Orán y a un abogado identificado por medios provinciales como René Gómez, ex procurador general de Salta, que debió ser internado por una indisposición.

"Las decisiones judiciales cuya ilegalidad aquí se da por probada fueron adoptadas en el marco de expedientes en los cuales se juzga el tráfico ilícito de más de dos toneladas de cocaína, producto que de ser comercializado en su presunto destino, Europa, implicaría una ganancia de aproximadamente US$ 70.000.000", sostuvieron los fiscales en su dictamen.

Iglesias y Villalba pidieron que se investiguen los dichos de un testigo sobre el presunto pago de una coima de 350.000 dólares para que Reynoso excarcelara al empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, acusado de liderar una banda narco que traficaba cocaína y precursores químicos en camiones cisterna.

En el dictamen donde impulsaron la acción penal, la Procunar y el fiscal federal Villalba afirmaron que Reynoso había construido "un aparato de poder" para "obtener beneficios patrimoniales indebidos a cambio de conceder y/o gestionar resoluciones judiciales favorables a los intereses de los imputados cuyas causas tramitan" en el juzgado de Orán.

Reynoso, además de estar acusado de integrar una asociación ilícita, fue imputado de los delitos de cohecho y prevaricato. Para los fiscales Iglesias y Villalba, el juez "ordenaba cómo proceder, distribuía las funciones a los miembros de la organización criminal y suscribía las resoluciones judiciales ilícitas a cambio de dádivas y/o dinero".

Los fiscales analizaron con detenimiento diferentes resoluciones de Reynoso en 11 causas judiciales.

"Lo más grave de todo es que, con las acciones descriptas, quien está llamado a investigar conductas de narcocriminalidad parece favorecerlas en procura de obtener beneficio patrimonial, colaborando a la vez con la actividad delictiva a partir de la protección o impunidad que les brindaba a los imputados y que les permitía continuar con la misma", afirmó a LA NACION el fiscal Iglesias.

Renovado impulso

La investigación, que se inició tras una publicación del diario platense Hoy que informó sobre hechos de corrupción en la frontera, tomó impulso el mes pasado después de que Leiva, un reconocido abogado que participa en causas de lesa humanidad, presentó ante la justicia federal de Salta una denuncia contra el "juez Reynoso y otras personas que trabajan como abogados y como empleados de la justicia federal de Orán, por cuanto requerirían dinero para obtener resultados favorables en causas en las que se involucra a personas por narcotráfico, trata de personas, tráfico de divisas y exportación de mercadería".

LA NACION intentó comunicarse con el juez Reynoso para conocer su opinión sobre las graves acusaciones en su contra, pero su teléfono celular se encontraba apagado.

A la denuncia de Leiva se sumó otra hecha por Roxana Brítez ante la Gendarmería en Tartagal, Salta. Sostuvo que cuando su ex pareja Guillermo Sarmiento caía preso por temas relacionados con droga le daban la libertad a cambio de dinero; afirmó que el pago lo hacían por intermedio de la defensora de él.

Reynoso, de 57 años y con casi 11 a cargo del juzgado federal de Orán, figuraba como uno de los posibles integrantes de la Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico creada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Calificadas fuentes judiciales informaron a LA NACION que funcionarios de la Procuración se reunieron con el presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, para ponerlo al tanto de las pruebas e indicios sobre las presuntos actos de corrupción en el juzgado federal de Orán. Anteayer se reunió la comisión y Reynoso no estuvo entre sus integrantes.

Empezó ayer el juicio contra un magistrado

• En forma coincidente con el llamado a indagatoria al juez federal Raúl Reynoso, se inició ayer el juicio oral contra el ex juez federal salteño José Antonio Solá Torino, imputado en una causa en la que se investigan sobornos de narcotraficantes a cambio de anular un pedido de captura.
• El Tribunal Oral en lo Criminal de Salta comenzó ayer el debate, luego de una investigación que derivó en 2009 en la destitución de Solá Torino. Ese año el entonces juez fue apartado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.