ADN del crimen: el hombre que firmaba libertades espera ahora que otros definan su suerte
El camarista Martín Ordoqui fue separado en forma preventiva de su cargo en diciembre de 2018 y está cerca de enfrentar al jurado de enjuiciamiento
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LA NACIONGustavo Carabajal
Hasta hace tres años, Martín Ordoqui era uno de los magistrados más importantes del territorio bonaerense. Tenía el poder para otorgar libertades o confirmar condenas. En la actualidad, su destino está en manos de un jurado de enjuiciamiento que deberá resolver si lo destituye o lo mantiene en funciones. Si Ordoqui no fue preso todavía, se debió exclusivamente a la protección que le dieron sus fueros como magistrado.
En 2018, la fiscal de La Plata Betina Lacki acusó a Ordoqui de formar parte de la denominada “Banda del juez”, supuestamente comandada por el exmagistrado de Garantías, César Melazo, e integrada también por el presunto exjefe de la barra brava de Estudiantes, Rubén “Tucumano” Herrera; el extitular de la Dirección Departamental de Investigaciones platense, comisario mayor Gustavo Bursztyn; el exfiscal Tomás Morán; el vendedor de influencias Enrique “Quique” Petrullo, y asaltantes.
Al contrario de Melazo, que decidió renunciar, Ordoqui resolvió mantenerse en su cargo y afrontar el proceso de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales bonaerenses. El martes pasado, el jury en contra de Ordoqui tuvo una audiencia clave. El proceso para determinar si corresponde destituir o mantener en su cargo a Ordoqui comenzó hace más de tres años. El 29 de agosto de 2018 la Suprema Corte de Justicia ordenó una licencia obligatoria para el magistrado. Tres meses después, el jurado de enjuiciamiento admitió su competencia para revisar la conducta de Ordoqui. El 4 de diciembre de ese año, se dispuso el apartamiento preventivo del camarista.
En la semana en que se cumplieron tres años desde que Ordoqui fue separado preventivamente de su cargo, se realizó una audiencia imprescindible para avanzar en el proceso. Con la presentación de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y la defensa del camarista, quedó abierta la instancia para que, a partir de febrero próximo, se fije la fecha para el inicio del debate en el que se decidirá el destino de Ordoqui.
Con la llegada de los nuevos legisladores bonaerenses se modificará la integración del jurado de enjuiciamiento. Una vez que los nuevos diputados y senadores comiencen a ejercer sus funciones, se deberá confeccionar un listado de los legisladores que son abogados. Ellos serán sorteados para formar parte del nuevo tribunal.
En caso que se resuelva su destitución, Ordoqui se convertiría en el primer magistrado del máximo tribunal penal bonaerense en ser echado del Poder Judicial. Según la acusación del Ministerio Público, a Ordoqui se le adjudicó una actuación secundaria en la causa Melazo, vinculada, exclusivamente, al supuesto otorgamiento irregular de beneficios a procesados por delitos graves.
Ordoqui integraba una de las salas de la Cámara de Casación penal bonaerense, solo la Suprema Corte de Justicia provincial tiene más autoridad que el tribunal en el que se desempeñaba Ordoqui. En 2017, a partir de una investigación encarada por la fiscal Lacki, el nombre de Ordoqui quedó expuesto en una serie de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp enviados entre los distintos miembros de la banda de Melazo.
El misterio de la tobillera
Si bien no existen intercambios de mensajes entre Melazo y Ordoqui, figuran en el expediente conversaciones y fotos que probarían el vínculo indirecto entre ambos jueces, a través de algunos de los acusados. Por ejemplo, el nexo entre Ordoqui y el resto de los imputados era Enrique Petrullo, que actuó como intermediario para que el camarista dictara una resolución en la que se otorgó la prisión domiciliaria con el monitoreo de la tobillera electrónica a Javier Ronco, cuñado de Herrera, presunto exjefe de la barra brava de Estudiantes, dueño de dos boliches y socio de Melazo en un emprendimiento inmobiliario.
“Existe una escucha telefónica en la que el magistrado explicó cómo debía realizarse la presentación ante el Tribunal de Casación”, se expresó en el sumario abierto contra el juez.
Según consta en el expediente, en otra escucha telefónica, Ordoqui y Petrullo se referían a una fotografía de la tobillera en la pierna de un imputado, que posiblemente sería Ronco. En esa charla, Ordoqui le preguntó a Petrullo: “¿Un Rolex?”. Entonces Petrullo respondió: “Por lo que costó, parecería un Rolex”.
Ronco había sido procesado por asesinar a Carlos Rodríguez y a su pareja, María Martini, el 5 de enero de 2008. A pesar de la gravedad del delito y aunque no sufría ninguna patología que obligara a que fuese sometido a un tratamiento extramuros, fue beneficiado con la detención domiciliaria, con monitoreo de la tobillera electrónica.
Esa no es la única acusación por presunta asociación ilícita contra el camarista. Al revisar las mencionadas escuchas y mensajes, la fiscal Lacki inició el expediente 038072-18/00, con el que comenzó una investigación contra Ordoqui, su secretaria privada María Eugenia Mercado y Petrullo, ante la sospecha que formarían parte de “una asociación cuya finalidad era mejorar la situación de personas sometidas a procesos penales”.
Según la descripción del hecho realizada por la representante del Ministerio Público, “para lograr ese resultado hacían valer sus influencias por el rol que cada uno ocupaba dentro de sus ámbitos laboral y social. No solo intercambiaron información vía Telegram, WhatsApp y a través de la cuenta de mail oficial de Mercado, sino que, además, Ordoqui se encargaba de corregir y supervisar escritos judiciales, enviar modelos y prestar asesoramiento en las causas en las que se investigaba a aquellos que pretendían beneficiar”.
Para la Justicia, también formarían parte de ese grupo delictivo los abogados Alejandro Timorín, Ricardo y Julián Ducid y el financista empresario del transporte Gabriel Casinotti. La lista de acusados se completó con Javier Ronco y el mencionado Petrullo, ambos procesados en la causa Melazo.
A Ducid padre e hijo, ambos abogados con estudios jurídicos en La Plata, se les imputó formar parte de una asociación ilícita junto a Ordoqui, Mercado y Petrullo. La misma acusación recayó sobre Casinotti y Timorín.
Llamó la atención de los investigadores el glosario de términos, encontrados durante el análisis de los mensajes que intercambiaron los imputados. Según consta en el expediente, con esos términos, algunos de los acusados se referían al grupo de personas que requerían los servicios de la asociación ilícita para obtener beneficios en causas penales que los tenían como acusados. Así, los investigadores determinaron que cuando se acordaba una reunión en la “terraza” , “techo” o “azotea”, se hacía referencia al despacho de Ordoqui. En sus distintas conversaciones, Petrullo se refería al magistrado con los términos “tío”, “profesor” o “loquillo”.
En varios intercambios de mensajes los acusados se referían al “TP” o “trabajo práctico”, término que, según los investigadores indicaba los escritos o presentaciones judiciales en las que aparecían como beneficiarios las personas que contrataban los servicios de la asociación ilícita y que el juez debía controlar para que la gestión tuviera éxito.
Había frases con las que se describía a esos clientes, para no mencionarlos con nombre y apellido, como ocurrió con el caso del abogado Timorín al que Petrullo se refería como “zapato roto” o “morsa”.
Todas las acusaciones contra Ordoqui tuvieron una misma matriz: la investigación contra la banda de Melazo. Aunque pasaron más de tres años desde que el exmagistrado de Garantías de La Plata fue detenido, todavía no se realizó el juicio oral contra el exjuez y el resto de los doce imputados.
La principal dificultad para conformar el tribunal que debía juzgar a Melazo radicaba en la cantidad de magistrados que se excusaron porque tuvieron alguna relación laboral con el exjuez de Garantías.
Asado para todos
Aunque Melazo no tenía contacto directo con la mayoría de los imputados, para los investigadores quedó probado que el exmagistrado participó del asado por el Día del Amigo en la casa del comisario mayor Bursztyn, en City Bell, el 20 de julio de 2010. De esa reunión participaron Ronco, Herrera, Juan Farías, Carlos Bertoni; el policía bonaerense Gustavo Mena y Ángel Custodio Yalet, alias Pipi. Para el Ministerio Público, quedó probado que Melazo tenía relación con todos los imputados, especialmente con Bursztyn y su subordinado Mena.
Uno de los miembros de la banda que participó de esa reunión del Día del Amigo fue Farías, asesinado el 1º de diciembre de ese año en la puerta de la casa que le alquilaba a Gastón de Rito, en la calle 44. De Rito y Farías participaron del asalto contra la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ocurrida el 30 de diciembre de 2009.
Melazo no fue involucrado en la investigación por el homicidio de Farías, debido a que nunca se encontró una prueba que avalara semejante sospecha. La acusación que lo mandó a la cárcel fue por ser el presunto jefe de una asociación ilícita que, supuestamente, le vendía protección a un grupo de delincuentes y policías que se dedicaban a asaltar viviendas y propiedades de políticos y empresarios bonaerenses que tenían dinero sin declarar.ß
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