ADN del Crimen: el policía que “facilitaba” sicarios para los narcos de Puerta 8
Ariel González quería cobrar parte de los $ 10.000.000 que “El Rengo” Pacheco ofrecía para matar a sus rivales, Max Alí Alegre, alias Alicho, y Blas Gómez, supuestos dueños de la cocaína adulterada que mató a 24 personas
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LA NACIONGustavo Carabajal
Ante sus allegados, pero sin entrar en detalles, el oficial Ariel Ricardo González, de la Delegación Mercedes de la Policía Federal Argentina, se jactaba de que “le estaba por salir un negocio fuerte, con mucha plata en juego”. Lo que no decía era que pretendía cobrar los 10.000.000 de pesos que Javier Alejandro Pacheco, alias el Rengo, señalado como uno de los narcos más importantes de San Martín y Tres de Febrero, supuestamente pagaba por matar a los dos traficantes rivales que, según él, lo habían entregado a la Justicia: Max Alí Alegre, alias Alicho, y Blas Gómez.
González no lo sabía, pero la ambición por quedarse con una parte de los $ 10.000.000 que pagaban por matar a los dos narcos le costaría la vida. Ignoraba la dimensión de la protección que les daban por lo menos seis efectivos de la policía bonaerense que formaban parte de la banda comandada por los dos traficantes. El 20 de julio pasado, este oficial que hacía las veces de “facilitador” de sicarios para los narcos, fue asesinado de cinco balazos.
Tanto Alegre como Gómez cobraron notoriedad en los últimos días porque, supuestamente, serían los verdaderos dueños del alijo de cocaína adulterada que mató a 24 personas. Además, ambos son los jefes de Joaquín Aquino, alias El Paisa, que operaba en una zona caliente del narcomenudeo: los barrios de emergencia Loyola y Villa Sarmiento, 18, en San Martín, una zona cercana al asentamiento conocido como Puerta 8, en Tres de Febrero, donde se vendió la droga letal cortada con carfentanilo.
Para poner fuera de combate a sus competidores, González, Alicho y el Gordo Blas contaban con la protección de un grupo de policías bonaerenses que confluían en su organización criminal. Estos efectivos de la fuerza de seguridad provincial, además de juntar millonarias coimas para sus jefes, pasaron a integrar la banda y, como se conoce en la terminología del hampa, “se convirtieron en ‘mulos’ de los narcos”.
Pacheco, que fue detenido el 20 de mayo pasado, en su mansión de Parque Leloir, estaba convencido de que Alicho y Gómez lo entregaron a la policía para quedarse con los búnkeres de Puerta 8, las villas 9 de Julio, El Gaucho, la 18, Loyola y Lanzone.
Todavía no se estableció si González, sea por su trabajo como efectivo de la Policía Federal o por concurrir a un templo umbanda en General Rodríguez –al que asisten algunos exconvictos y familiares de presos– se enteró de que Pacheco había puesto precio por los asesinatos de los dos narcos.
Pacheco cree que Alegre y Gómez lo habrían traicionado para ocupar el territorio con el objetivo de tener más puestos de venta de droga. Entonces, González intentó quedarse con una parte del dinero que ofrecía Pacheco a cambio de facilitar los sicarios para que el jefe narco concretara su venganza contra Alicho y el Gordo Blas.
En aquel templo umbanda, el policía González conoció a una familiar de un exintegrante de la superbanda de Luis “el Gordo” Valor. Aparentemente, al descubrir que esa mujer tenía a su esposo preso, González encontró la oportunidad de reclutar a través de él a sicarios que estuvieran en prisión para que mataran a Alegre y Gómez y, así, quedarse con “una astilla de los 10.000.000″ que Pacheco ofrecía para matar a los narcos rivales.
El ofrecimiento
Un mensaje hallado en el celular de un veterano asaltante de bancos y blindados, preso en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), puso al descubierto que el policía había fijado “sus honorarios” cuando la oferta comenzó a circular en el ambiente “tumbero”. En el mensaje, el preso le decía a un colega detenido en el penal de Villa Devoto que se pagaban $8.000.000 por matar a dos delincuentes que habían “entregado” a un poderoso narco.
“¿Vos tenés algún conocido en Devoto? ¿Así, salvajes? Sabés que están ofreciendo ocho palos. No sé si viste o hablaste. Capaz que alguna vez pueda contar con alguien. Si hablás con la persona, capaz que le sacan más plata. Hay que voltear a un ortiba”, indicó el exintegrante de la superbanda del Gordo Valor.
“¿Conocés a alguno? Hay que voltear a uno en Devoto. Yo sé el lugar donde está. Todo. Pero tengo que saber si se puede contactar con la gente. Esta línea me la pasó un amigo. Hay que matar a uno de Devoto. Es un ortiba. Un ortiba narco. Un narco que tiene mucha plata lo quiere mandar a matar”, insistió el asaltante de bancos y blindados.
Mensajes similares, con la millonaria oferta para los sicarios, fueron mandados a otros tres presos. Lo que no decía el asaltante era que, en realidad, los presos que había que matar eran dos no uno.
Su “amigo”, el policía González, había conseguido esa información clave y la noche que se dirigía a encontrarse con los exconvictos llevaba en un bolsillo un trozo de papel con la leyenda: “Blas Adrián Gómez. M 1 - P 2. Gordo Blas. Avicho”.
En realidad, esa críptica frase hacía referencia a Gómez, jefe de seguridad de la banda de Max Alí Alegre, y al propio Alicho (el nombre estaba mal escrito en el papel que llevaba el policía), que estaban alojados en el pabellón 2 del módulo 1 de la cárcel de Villa Devoto, del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
González había acordado con la mujer del asaltante de bancos y blindados que se encontraría con los intermediarios en Congreso al 8300, atrás del Hospital Bocalandro, en Loma Hermosa.
El 20 de julio, a la tarde, González le mandó un mensaje a la mujer en el que preguntó: “¿Lo de las 22.30 está firme?”.
“Sigue firme. Mirá que esta gente me preguntó si todo era real”, respondió la esposa del exintegrante de la banda de Valor, que también actuaba como intermediaria.
A las 22.18, González le mandó un mensaje de audio a la mujer en el que le anunciaba: “Listo, perfecto. Llegaré en cinco o siete minutos”.
Fue el último mensaje que envió el policía. En ese momento no lo sabía, pero se dirigía directo a una emboscada.
Una cámara de seguridad de la zona registró el paso de la camioneta Peugeot Partner del policía. Eran las 22.30. Segundos después, la misma cámara captó a un Peugeot 308 gris. Por la distancia de la cámara con respecto al vehículo, los investigadores del homicidio de González no pudieron obtener una imagen nítida de la patente.
Al llegar a Congreso 8374, González detuvo la marcha de su camioneta y se encontró con los ocupantes del Peugeot 308. Aparentemente, uno de ellos abordó la Partner y ocupó el asiento del acompañante.
El policía no tuvo oportunidad de defenderse. Ni siquiera pudo tomar la pistola 9 mm que había colocado entre la butaca y su pierna. Le dispararon cinco tiros. El homicidio ocurrió el 20 de julio, minutos después de las 22.30, a veinte cuadras de Puerta 8 y a 15 cuadras de Lanzone, dos de los barrios donde opera la banda de Alicho.
Tardanza inexcusable
Aunque es una zona poblada y transitada, la policía tardó dos días en avisar a la fiscalía de San Martín del hallazgo del cadáver del uniformado. Esta demora inexcusable avalaría la presunción de la protección que le darían a la banda de Alicho algunos uniformados de la policía bonaerense.
Otra circunstancia extraña fue que la camioneta estuvo estacionada en el mismo lugar durante dos días, con los balazos visibles en la ventanilla y en la chapa.
Al revisar el vehículo, los peritos de la Superintendencia de Policía Científica hallaron al lado del cuerpo una nota que rezaba: “Rengo Pacheco, 10 millones por mí. Acá tenés tus 10 millones. Atentamente... San Martín”.
A medida que hallaron más pruebas al cruzar información que estaba contenida en el celular de la víctima, los investigadores abonaron la hipótesis de que el homicidio de González formaría parte de un mensaje, supuestamente enviado por Alicho y el Gordo Blas, al Rengo Pacheco por los $10.000.000 que ofrecía por matarlos.
La cadena de mensajes con el contrato para matar a los narcos que se inició en una cárcel bonaerense, con el asaltante de bancos y blindados, y terminó en el penal de Villa Devoto, habría llegado a los oídos de Alegre y Gómez, quienes habrían ofrecido más dinero a cambio de que nos los asesinen.
Ese nuevo contrato habría incluido el homicidio del policía que actuó como intermediario. Entre esos negociados narco terminó la vida del “facilitador”.
Actualmente, el expediente por el asesinato del policía se instruye en una fiscalía de San Martín y tiene 1400 fojas. Aunque no fueron identificados los autores materiales del homicidio, el sumario tiene una acusada procesada, sin prisión preventiva: la esposa del asaltante de bancos y blindados que intercambió mensajes con la víctima y que recibió la ubicación del lugar donde González se encontraría con los exconvictos.
La mujer fue procesada por su presunta participación en el homicidio de González, que se convirtió en el segundo efectivo de la Policía Federal que habría sido asesinado por la banda de Alicho.
El primero fue el agente Alan Maximiliano Dolz, al que mataron el 27 de abril de 2017, cuando realizaba una investigación como encubierto para desbaratar a la banda de Alicho en la villa Loyola. El único acusado por el asesinato de Dolz, que fue absuelto por el homicidio en el juicio oral, formaba parte de la banda de Alegre.
Tanto Alicho como el Gordo Blas comandaban las actividades de la banda desde prisión,
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