ADN del crimen: un ejército de policías ofrece sus servicios a un sanguinario clan narco

Esteban Lindor Alvarado, uno de los narcotraficantes más importantes de Rosario rompió la matriz que regula la actividad del tráfico de estupefacientes y eligió no pagar protección policial. En lugar de abonar coimas a los efectivos de la fuerza de seguridad de Santa Fe, Alvarado los integró a su organización criminal y les pagó a más de veinte policías para que trabajaran para su banda.

Hasta el momento, la Justicia determinó que 14 efectivos de la policía de Santa Fe trabajan como choferes de camionetas que llevaban droga, como punteros que abrían el camino para evitar los controles, como informantes o como fuerza de choque en su lucha para sacar del territorio a la banda de Los Monos, comandada por el clan Cantero.

Los nombres de los 14 policías quedaron al descubierto durante la investigación que terminó con la detención de Alvarado y la caída de su organización. Esos 14 efectivos fueron condenados en distintos juicios abreviados, en los que tuvieron que admitir que trabajaban para Alvarado.

Dichos uniformados fueron mencionados nuevamente en una de las audiencias que se realizaron en los últimos días por el juicio oral contra Alvarado y otros seis integrantes de la banda. El resto de los policías que no aparecen nombrados en el voluminoso expediente también integraban la estructura comandada por Alvarado, pero no llegaron al debate por falta de pruebas.

Además de los policías que formaban parte de la Brigada de Operaciones Judiciales (BOJ) y trabajaban para Alvarado, durante el juicio oral algunos de los testigos también mencionaron a tres políticos, entre los que figuran un senador provincial por el peronismo, una funcionaria del Poder Ejecutivo de Santa Fe durante el gobierno socialista y una integrante de la actual administración provincial.

Debido a que los políticos no fueron formalmente imputados en la causa Alvarado, aunque sus nombres se mencionaron, las identidades se mantendrán en reserva hasta que la Justicia defina si existen pruebas para abrir una investigación contra ellos.

En caso que el tribunal oral de Rosario decida extraer testimonios por los dichos de los testigos y remitirlos al Ministerio Público de la Acusación, sería la primera vez que la Justicia de Santa Fe avanzaría sobre la presunta vinculación de políticos con las organizaciones narcocriminales que, hace más de quince años, se pelean por el dominio del territorio para vender drogas.

Esos vasos comunicantes entre un sector de la política de Santa Fe y los narcotraficantes quedaron al descubierto con la declaración de un testigo que fue convocado a exponer en el juicio contra Alvarado y que aportó identidades de los funcionarios y abogados que actuaron como intermediario entre políticos y narcotraficantes.

La posibilidad de que esos lazos entre policías, políticos y narcos queden al descubierto quedó plasmada en otra causa judicial que se investigaba el Ministerio Público de la Acusación de Rosario.

El 23 de marzo pasado la Agencia de Investigación Criminal (AIC) apresó a Marcos Jeremías Mac Caddon, alias Pato, acusado de integrar la banda de Los Monos. Durante el operativo que terminó con la detención del encargado de los búnkeres instalados en el cordón industrial del norte de Rosario, los investigadores secuestraron el celular del acusado.

Al revisar las comunicaciones que había en el teléfono de Mac Caddon, los investigadores hallaron mensajes en los que el puntero político convertido en narcotraficante, se jactaba de sus lazos con un senador provincial, también mencionado en la causa Alvarado.

La organización de las coimas

Hace casi diez años, uno de los colaboradores de la banda de Los Monos, explicó a este cronista cómo funcionaba el paraguas protector de la policía a los narcos: “esto no es como dicen los periodistas porteños. Acá no se paga la coima cada vez que algún dealer es detenido con droga durante un control. Se paga una cobertura global a los jefes y ese dinero baja hasta los escalafones inferiores de la fuerza de seguridad. Esto significa que acá, en Rosario, los narcos pueden andar a 400 kilómetros por hora y a contramano y nadie los va a detener”.

Pero Alvarado, enfrentado con el clan Cantero y socio de Luis Medina, conocido como el Tony Montana rosarino, rompió con la matriz que impusieron Los Monos. Alvarado logró que los policías trabajaran para él.

Según consta en el expediente, el listado de policías que formaban parte de la banda de Alvarado estaba formada por Pablo Báncora, condenado a un año de prisión en diciembre de 2019; Cristian Ariel Di Franco, alias Chamuyo, condenado a tres años de cárcel, en mayo de 2020; Luis Emilio Quevertoque, condenado a tres años de prisión, en septiembre de 2020; Marcelo David y Martín Rey, condenados a tres años de cárcel en diciembre de 2020 y Javier Makhat, condenado a tres años de prisión, en junio de 2021.

Todos los policías recibieron condenas de cumplimiento efectivo, esto significa que tuvieron que pasar la totalidad del monto de la pena en la cárcel.

Además, todos admitieron ser responsables de integrar una asociación ilícita, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Jorgelina Chávez que se desempeñaba en la comisaría de Villa Gobernador Gálvez fue la única que recibió una condena de cumplimiento condicional. Aunque tuvo que admitir que fue formó parte de una asociación ilícita con el resto de sus colegas.

En el caso del subcomisario Quevertoque, segundo jefe de la BOJ, tan estrecha era la relación con Alvarado que tenía un porcentaje de la propiedad del caballo de carreras Cascarudo, al que sus dueños hacían competir en los principales hipódromos del país.

Con respecto a Makhat, los investigadores judiciales determinaron que era testaferro de Alvarado. A nombre del comisario jefe de la Policía de Investigaciones (PdI) figuraba un departamento valuado, en más de $ 27.000.000. Si bien el lujoso inmueble estaba a nombre de Makhat, las expensas figuraban con cargo a Alvarado.

La investigación que puso al descubierto la relación entre los policías y Alvarado fue encarada por Marcelo Sain, cuando se desempeñó como director provincial del Organismo de Investigaciones.

La participación policial en la banda de Alvarado se amplió con otros uniformados. Por ejemplo, durante la audiencia del miércoles pasado, Emilio Maximiliano Lencina, que fue oficial jefe de la Unidad de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) del Litoral, con sede en Rosario, agregó otros nombres.

Al ser consultado por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, durante el juicio oral contra Alvarado, el ahora comisionado general que tiene a su cargo el Centro de Análisis, Comando y Control de la PSA identificó en una escucha telefónica al mencionado Quevertoque quien le indicaba al chofer de camiones de una empresa que pertenecía a Alvarado, la ruta que debía tomar para evitar los controles. Según Lencina, el policía actuaba como “barredor” o “puntero”, que abría el camino y alertaba al conductor del camión en el que se llevaba la droga el trayecto a seguir para eludir retenes de la Gendarmería.

La investigación que encaró el oficial de la PSA comenzó en 2012, a partir de una denuncia anónima recibida en un juzgado federal de Rosario. En el escrito se detallaban las actividades relacionadas con el tráfico de drogas de la organización comandada por Alvarado, todos los nombres de los policías que integraban la organización criminal y los políticos que protegían al narco.

Pero, la pesquisa encarada por Lencina, terminó sin procesados. En 2016, la justicia federal, archivó el expediente. Pero, a partir de la investigación del homicidio del prestamista Lucio Maldonado, quedaron expuestos los vínculos entre Alvarado y los policías. Durante la investigación del asesinato realizada por los representantes del Ministerio Público se determinó que el asesinato de Maldonado habría sido ordenado por Alvarado.

Además, se determinó que el jefe narco utilizó los servicios de los policías para que allanaran los búnkeres de venta de droga de Los Monos. Así, a través de la entrega de información a la policía sobre las actividades de la familia Cantero, Alvarado ocupaba el territorio que dejaban los miembros de Los Monos que comenzaron su retirada, golpeados por los allanamientos a sus puestos de venta de drogas.

Actualmente, Alvarado es juzgado por haber organizado el envío de un cargamento de 415 kilogramos de marihuana a Río Negro. Durante el juicio, una escucha telefónica puso al descubierto otro curioso vínculo: una operación de venta de un cargamento de marihuana que los efectivos que trabajaban para Alvarado entregaron a dos policías bonaerenses, en General Pacheco.

A pesar que estuvo cinco años detenido, Alvarado comandaba su banda desde la cárcel. En 2013, los investigadores de la PSA, allanaron la celda de Alvarado en la cárcel de Campana y encontraron que, en el calabozo, funcionaba una oficina, en la que el narcotraficante reunía toda la información sobre la droga que traficaba su organización e impartía órdenes a través de un celular de los cómplices que lo visitaban.