
Alerta máxima: Amenaza de tiroteo en una escuela de Santa Fe
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SANTA FE.- A seis meses del trágico tiroteo en la Escuela Normal “Mariano Moreno”, de San Cristóbal, al norte de esta provincia, cuando un alumno de 15 años ingresó armado y mató a un compañero de 13, y tras cerca de 80 amenazas supuestamente por parte de alumnos de escuelas santafecinas, la reciente aparición de un mensaje con la leyenda “Tiroteo. Mañana no vengo”, en un establecimiento de Reconquista, encendió las alarmas en las autoridades educativas y fuerza de Seguridad.
Este martes, en la Escuela “María G. Joffre”, de Reconquista, departamento General Obligado, en el extremo norte del territorio santafesino, se reactivó la preocupación luego de que una alumna descubriera, en el baño de mujeres de la institución, un papel que contenía la inscripción antes citada.
De inmediato, una docente de quinto año le informó a la directora del establecimiento, Elsa Beatriz Ojeda, el contenido de la amenaza y se solicitó la intervención de personal de la Comisaría Segunda, de la Policía Científica y del personal de Criminalística, quienes realizaron los peritajes correspondientes.
A pesar de la incertidumbre por lo que sucedía, el dictado de clases continuó normalmente, según se aclaró. El caso fue caratulado como “investigación actuada” para determinar el origen de la amenaza.
Antecedentes
El episodio reavivó la preocupación en la comunidad educativa tras antecedentes similares ocurridos en la provincia de Santa Fe este año, que comenzaron con el letal tiroteo en San Cristóbal del 30 de marzo pasado, cuando alrededor de las 7.15 de ese lunes un menor arribó a la Escuela Normal, desenfundó un arma —una escopeta de su abuelo, que había ocultado en una mochila— y disparó a mansalva contra sus compañeros.
Uno de ellos, identificado luego como Ian Cabrera, de 13 años, quien cursaba el primer año del secundario, recibió disparos por la espalda que le causaron la muerte de forma instantánea.
El ataque provocó que 8 estudiantes sufrieran heridas por perdigones. Algunos fueron atendidos en el hospital de San Cristóbal, pero otros debieron ser derivados a centros de mayor complejidad en Rafaela.
Días después, en diferentes zonas de esta provincia se activó una ola de amenazas que obligó al gobierno santafesino a alertar a los padres de los alumnos menores que participaban de tales amenazas que deberían afrontar elevadas multas (6 millones de pesos) derivadas de los operativos policiales que debían montarse para verificar la veracidad de las intimidaciones públicas.
Pese a la reticencia inicial, muchos padres terminaron abonando las multas, ya que si no efectuaban el pago, las actuaciones se derivaban a la Fiscalía de Estado para iniciar demandas civiles que podían incluir el embargo de bienes o sueldos.
Nuevamente, las autoridades provinciales insisten en que estas acciones no constituyen “bromas estudiantiles”, sino delitos graves de intimidación pública que interrumpen el derecho a la educación y generan severos perjuicios económicos al Estado.
No obstante, desde mediados de mayo no se habían denunciado hechos de estas características. Por eso, el nuevo caso de Reconquista provocó una serie de reuniones de especialistas para adoptar medidas que eviten una nueva ola de situaciones como las mencionadas.
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