Análisis. El olvidado narcomenudeo es el eje de todos los delitos en el conurbano

Daniel Gallo
Daniel Gallo LA NACION
El Gobierno lanzó un nuevo plan para frenar el delito
El Gobierno lanzó un nuevo plan para frenar el delito
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4 de septiembre de 2020  • 20:02

Antonio Ventrice tenía 64 años y vivía en Rafael Castillo. Dos motochorros lo mataron anteayer frente a su casa. Había salido a realizar "una changa" para sumar unos pesos más a la familia. Dos menores fueron arrestados por ese crimen: un adolescente de 17 años y un chico de 15, inimputable para el pensamiento judicial argentino. Ocurrió en La Matanza, pero la imagen se replica en el conurbano, donde las armas de puño parecen multiplicarse sin que se tome una medida concreta para frenar esa situación que expande la violencia. El Gobierno lanzó ayer otro plan para frenar al delito. Esa iniciativa tiene dos ejes nuevos en el territorio bonaerense, la admisión que deben construirse cárceles y la implementación de un sistema de reconocimiento facial, que buenos resultados dio en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, aparece olvidado en los anuncios el elemento que impulsa gran parte del delito en la región metropolitana: el narcomenudeo.

"El crimen organizado sabe juntar a sus soldados en la pobreza", dijo Alberto Fernández al presentar la alternativa elegida para aportar mayor seguridad. Eso es, justamente, lo que hace el narcomenudeo. Alrededor del puesto de venta minorista de drogas se genera una cultura del delito. Las armas se transforman en ese círculo en una herramienta y en una necesidad. Todo funcionario piensa en encontrar al Pablo Escobar Gaviría argentino. Con el tiempo todos se dan cuenta que aquí el narcotráfico gira alrededor de organizaciones de núcleo blando, células territoriales que tienen mínimo contacto entre sí. No hay un Patrón del Mal. Entonces vuelven a mirar al narcomenudeo que por ese olvido temporal tiene ventaja para ampliar su capacidad de reclutamiento barrial, derramándose la violencia hacia los vecinos.

Y en esa confusión mucho tiene que ver la Justicia. Esta semana se difundió la estadística de delitos de 2019. Fuentes oficiales explicaron que el 88% de los delitos vinculados con drogas tenía que ver con la tenencia simple o el consumo personal. Las cifras indicarían que se persigue solo a quienes compran sustancias ilegales. La pregunta sin respuesta apunta a saber qué consideran los fiscales la tenencia simple. No hay una reglamentación al respecto.

Los representantes judiciales piden como pruebas básicas para fijar una carátula de comercialización de drogas la presencia de balanzas, materias primas para estirar la sustancia o testimonios de compradores. Quizá por eso hay tantos casos de tenencia simple. Y habrá que tomar en cuenta que el fallo Arriola -sentencia de la Corte Suprema que determinó la inconstitucionalidad de penar la tenencia para consumo personal- hizo referencia a solo 1,1 gramo de marihuana. Por los huecos legales avanza el narcomenudeo como punta de lanza que abre paso a toda clase de delitos.

Cuatro mil efectivos de las fuerzas federales podrían realizar misiones en algunos barrios para quitar espacio al narcomenudeo, focos naturales del reparto de armas de puño que son usadas en homicidios y robos. Claro que cada intendente quiere una porción de gendarmes para compartir con sus propios vecinos. Así la eficacia queda reducida. Solo hay que dividir el número de efectivos en tres turnos de trabajo y luego ver la cantidad de municipios que reciben la asistencia federal para entender que esa medida por si misma no moverá el amperímetro de la seguridad. Algo es mejor que nada, se dirá. Y se tendrá razón.

El reclutamiento acelerado de aspirantes a policías bonaerenses ya fue probado. Y los resultados no fueron del todo satisfactorios.

El propio ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, intentó este año cambiar el sistema para que los agentes formados en los municipios pasasen a tener una línea de comando directa desde La Plata. Los intendentes protestaron. Y la Casa Rosada parece darles la razón al habilitar fondos para sumar miles de uniformados, con poca preparación, en las policías locales.

La construcción de prisiones, en cambio, aparece como una alternativa necesaria para evitar el descalabro de la seguridad provocado durante la cuarentena con la excarcelación de más de 4000 reclusos. Por la preocupación observada en las encuestas, el Gobierno tuvo que anunciar ahora el envío a las calles de la misma cantidad de efectivos federales. Tal vez por eso el Presidente señaló varias veces en su discurso a la Justicia.

El delito, incluso el narcomenudeo en Buenos Aires, está fuera del campo de acción los juzgados federales que el Gobierno intenta modificar en el Congreso. Esa ley no cambiará en nada la decisión que puede tomar un fiscal o un juez para dejar en libertad a un detenido por homicidio o robo. Sin embargo, como se vio en el caso de la liberación de presos por riegos de contagios del Covid-19, esos representantes judiciales entienden muy bien las directivas que llegan desde sus superiores. Y si realmente hay un cambio de clima sobre el delito, fiscales y jueces pueden aportar más que 4000 uniformados.

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