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Aumentaron un 55% en dos años las denuncias de abusos de menores en Buenos Aires

Según datos de la Procuración, en octubre había 7667 casos y se prevé que a fines de 2018 sumen 9200; La Matanza tuvo el mayor crecimiento y San Nicolás, la tasa más alta
Vanesa Listek
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12 de noviembre de 2018  

Los abusos sexuales de menores van en aumento en Buenos Aires. Según las más recientes cifras de la Procuración General de la provincia, a fines del mes pasado ya se contaban casi tantos casos como el año pasado (7667 contra 7952). De continuar esa tendencia, 2018 cerrará con más de 9200 denuncias judicializadas, un 55% más que en 2016, cuando hubo 5947 hechos reportados.

En lo que va del año se judicializaron un promedio de 18 causas por día. Y de la información aportada por los 19 departamentos judiciales, se desprende que este tipo de delitos, que incluye violaciones, grooming y facilitación de la prostitución de menores, ha aumentado un 34% entre 2016 y 2017.

Se advierte que en ese período tanto Quilmes como La Matanza registraron los aumentos más significativos de denuncias, 91% y 83%, respectivamente. En números netos, el Departamento Judicial de Lomas de Zamora encabezó el ranking en este tipo de delitos, a pesar de que, en relación con la cantidad de población, tuvo una de las tasas de abusos de menores más baja, apenas por detrás de La Matanza. El que tuvo la menor cantidad de casos fue Necochea. Y el Departamento Judicial San Nicolás tuvo la tasa más alta.

"Nosotros lo consideramos un delito fundamental. En función de eso hemos definido lineamientos de política criminal dentro de nuestro plan estratégico para fortalecer la capacitación de nuestros fiscales y asesores de menores, que son quienes tienen la representación de los niños en el proceso", explicó a LA NACION Julio Conte Grand, procurador general de la provincia.

Para los especialistas en este tipo de violencias contra menores, las cifras oficiales representan solo la punta del iceberg, debido a la renuencia generalizada a denunciar los ataques ante la Justicia. Esto se debe, fundamentalmente, a que la mayoría de los abusos contra menores son intrafamiliares.

Sin embargo, las cifras judiciales informadas proporcionan un primer paneo en cuanto a la escala de las agresiones sexuales contra chicos en la mayor provincia del país.

El jefe de los fiscales bonaerenses afirmó que los números son "perturbadores", ya que hay un total de 17.000 causas en curso por delitos contra la integridad sexual de menores. En tanto, confirmó que están trabajando para que la sociedad tenga confianza en el sistema de Justicia y se acerque a denunciar.

Lesión judicial

Al 22 de octubre pasado, el de Lomas de Zamora sumaba 1015 casos, el 13,2% del total de 7667 hechos denunciados en los 18 departamentos judiciales. Pero, en relación a la población de los distritos que lo integran, el mayor departamento judicial del sur del conurbano (incluye los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Ezeiza, Almirante Brown y Esteban Echeverría) tiene una tasa de 39 denuncias cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio provincial, que es de 47.

La tasa más alta la tiene el Departamento Judicial San Nicolás, que registró 66 casos cada 100.000 habitantes. Le siguen Dolores (64), Bahía Blanca (56), Pergamino (51) y Zárate-Campana (51). En el conurbano, la tasa más alta la tiene San Martín (integrado por San Martín, Tres de Febrero, José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel), con 51 casos cada 100.000 habitantes; la más baja es la de La Matanza: 34.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 de Avellaneda, María Soledad Garibaldi, que tiene a su cargo la investigación de los abusos de chicos de las inferiores de Independiente que vivían en la pensión del club, en Villa Domínico, considera que determinados hechos de violencia sexual contra menores se han "naturalizado" y, por eso, se produce un incremento en la cantidad de casos. Opinó: "Una víctima se empieza a curar cuando el mecanismo de la Justicia comienza a funcionar y aún más cuando existe una condena".

Garibaldi insiste con que "no hay consentimiento [en el contacto sexual] cuando la víctima es menor". Su pensamiento está en sintonía con la proclama de la Organización de Naciones Unidas, para la cual el abuso sexual es la forma más grave de violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. "De ahí la importancia de los nuevos paradigmas mundiales que considero que debemos incorporar en nuestro país", dijo a LA NACION.

Los tratados internacionales, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, insisten en los peligros del abuso, la negligencia y la explotación comercial (tanto en prostitución como en pornografía infantil). Garibaldi considera que "en la Argentina recién ahora se está transitando el camino de las convenciones", algo que el mundo incorporó hace décadas.

Conte Grand dijo que hay una fuerte necesidad de contar con un abordaje integral de la problemática. En ese sentido afirma que "no solo hay que quedarse con el Código Penal". El procurador general explicó que mientras los fiscales investigan, el Ministerio Público pone en conocimiento de los casos a otras áreas del Estado -médicos, psicólogos, trabajadores sociales- para iniciar los procesos de recuperación de las víctimas y evitar secuelas.

Piden armar equipos de intervención

La Procuración General bonaerense firmó el año pasado un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para coordinar, a partir de la implementación del Plan Integral de Asistencia a las Víctimas, el funcionamiento de los Centros de Asistencia a Víctimas del Delito (Cenavid). En los primeros tres meses desde su creación, el Cenavid ya asistió a 205 víctimas, a partir de pedidos de jueces y llamadas a la línea 149. Según Natalia Figueroa, titular del organismo, "durante años no hubo cifras oficiales del delito, algo que es peligroso, ya que no ayuda a dimensionar el alcance real de la situación". Figueroa consideró que "todas las estadísticas son parcializadas, según el Ministerio Público o el Poder Judicial de cada provincia, lo que genera una suerte de 'agujero negro' de información". Por eso propone instaurar como política de Estado que en todas las provincias y municipios se puedan armar equipos de intervención territoriales similares a los que ya están vigentes en Buenos Aires.

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