Cárceles bonaerenses: desde el 17 de marzo salieron de prisión 2244 presos, 439 de ellos, por el riesgo de Covid-19

Entre el 17 del marzo pasado y el 17 de este mes salieron de las cárceles bonaerenses 2244 presos. La mayoría,1607, fueron liberados por haber cumplido las penas que les fueron impuestas o porque ya estaban en periodo de libertades condicionales. Los otros 637 reclusos recibieron el beneficio del arresto domiciliario. De ese grupo, 439 lo hicieron por pertenecer al grupo de riesgo de contagio de Covid-19.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales al tanto de las estadísticas oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial.

Si se compara el mismo periodo del año pasado, se observa que entre el 17 de marzo y el 17 de abril de 2019 fueron liberados por el cumplimiento de la pena o por libertades asistidas 1713 reclusos (106 más que este año), pero solo se habían otorgado 30 arrestos domiciliarios.

"De un análisis serio de la información, a modo comparativo surge que entre el 17 de marzo y 17 de abril de 2019 egresaron de las cárceles bonaerenses por pena cumplida, libertad condicional o libertad asistida, 1713 presos. En tanto que fueron beneficiados con prisiones domiciliarias 30 detenidos, por lo que al sumar ambas variables se llega a la cifra de 1743. Ahora, entre el 17 de marzo y 17 de abril de 2020, al comparar las cifras con el año anterior, bajaron las libertades y subieron los arrestos domiciliarios. Por penas cumplidas, libertad condicional o asistida fueron excarcelados entre mediados de marzo y abril último 1607 internos, es decir, un 6,59% menos" que el año pasado, afirmaron a LA NACION las fuentes consultadas.

A los 439 presos liberados por pertenecer al grupo de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus en el interior de las cárceles bonaerenses, deben sumarse otros 320 reclusos "externados" de prisiones que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Así quedó reflejado en el acta de acuerdo firmado entre funcionarios nacionales y autoridades judiciales y representantes de los pabellones de la cárcel de Villa Devoto. En la mesa de diálogo, el director nacional del SPF, Emiliano Blanco, informó a las partes que hay 1280 internos "en condiciones de riesgo de Covid-19", de los cuales 320 ya fueron externados hasta hoy.

"Desde el 16 de marzo hasta hace dos días, se presentaron 2900 pedidos de excarcelaciones, de los cuales 1200 deben integrar el universo de riesgo. En nuestra opinión, de esos 1200, aproximadamente 800 han sido externados", afirmó hoy el procurador general bonaerense Julio Conte Grand durante una entrevista con radio La Red.

Conte Grand aclaró: "Las decisiones sobre las excarcelaciones u otros beneficios a los detenidos no las toman ni los defensores ni los fiscales, sino los jueces".

El 25 de marzo pasado, cinco días después de que el Gobierno dispusiera el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, la Suprema Corte de Justicia bonaerense reiteró la vigencia de la prohibición de alojamiento en comisarías de personas enfermas y de menores de edad; dispuso extender dicha interdicción respecto de las mujeres embarazadas y las personas mayores de 65 años de edad, y recordó "que es atribución de los magistrados competentes evaluar y discernir en su caso, en vista de las actuales circunstancias y con arreglo al orden jurídico vigente, la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el Covid-19, a tenor de lo establecido al respecto por el Ministerio de Salud de la Nación, en las condiciones antes referidas".

Hábeas corpus colectivo

Nueve días antes de la resolución de la Suprema Corte bonaerense, el 16 de marzo pasado, Conte Grand había dado instrucciones a los defensores oficiales para que evaluaran inmediatamente la posibilidad de requerir la prisión domiciliaria u otras formas alternativas al encierro para quienes pudieran estar en riesgo frente al avance del Covid-19.

A través de la resolución 158/20, el procurador general pidió que se consideraran especialmente "las particularidades fácticas y normativas de cada caso". Dentro del universo de "delitos leves" están contemplados los hechos con penas de hasta seis años de cárcel.

Después, el 8 de este mes, el Tribunal de Casación Penal bonaerense, con la firma del camarista Víctor Violini, ordenó que los detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario recibieran el arresto domiciliario.

En su resolución, Violini había diferenciado entre los casos de resolución inmediata (los presos por delitos leves y que integraban los grupos de riesgo) de aquellos que, aun en peligro por sus patologías de salud, estaban acusados o condenados por delitos graves, Violini sostuvo que cada caso debería ser analizado en forma particular por cada juez o tribunal a cargo de la causa y que serían ellos quienes decidirían si correspondía el arresto domiciliario o un aislamiento preventivo en la unidad donde cada preso está alojado.

El miércoles pasado, un nuevo fallo de Casación, esta vez firmado por el juez Ricardo Borinsky, ordenó a los jueces que ejecuten en forma "inmediata" la medida de arresto domiciliario para los presos en riesgo de salud y que hubieran cometido delitos leves. Ese fallo ya benefició a 51 personas alojadas en penales bonaerenses.

A pesar de que Conte Grand y Violini afirmaron que el beneficio del arresto domiciliario debía ser para presos acusados o condenados por delitos leves y no para casos de homicidios y violaciones, se sabe que abusadores sexuales lograron sus salidas.

Ese fue, por ejemplo, el caso de Antonio Armando Di Palma, que estuvo seis meses detenido, acusado de abuso sexual agravado, hasta que hace 15 días un Tribunal Oral de San Martín y un juez de la Cámara Penal de ese Departamento Judicial lo beneficiaron con la prisión domiciliaria.

Anteriormente hubo otro caso similar: el de Pedro Olmos, detenido en septiembre pasado, acusado de abusar sexualmente de una niña de 13 años. Por pedido de un fiscal de Lomas de Zamora estaba a punto de ser condenado a ocho años de prisión, en un juicio abreviado. Pero desde principio de mes, Olmos está en su casa de Burzaco, situada a pocas cuadras de la vivienda de la víctima. A pesar de que la llamada Ley de Víctimas (la 27.372) lo impone con obligatoriedad, ni a la menor abusada ni a su familia les informaron que el acusado había regresado al barrio tras haber sido beneficiado con la prisión domiciliaria, el 4 de este mes, simplemente por su edad: tiene 67 años.