“Complicidades”. Garrigós será indagada por favorecer el ingreso de celulares en las cárceles que usaban los narcos
Uno de los que se vio beneficiado por la falta de controles fue el líder de Los Monos
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.-En un audio interceptado a Ariel Cantero, líder de Los Monos, se trasluce el descontrol que existía en los penales federales. El jefe narco le hace una especie de tutorial a un familiar sobre cómo camuflar un teléfono celular para ingresarlo al penal federal de Marcos Paz. “Agarrá unos pedazos de carne, congelalos re bien, pero bien congelados y mételo ahí adentro. Sabés lo que tienen que renegar ellos [los agentes del Servicio Penitenciario Federal] para descongelarte un coso, tienen que ir con un martillo y darle martillazos”, advierte el jefe de la banda, según consta en una de las causas judiciales en su contra.
La anécdota muestra la facilidad que tenían los jefes narcos para introducir smartphones en las prisiones federales donde están presos, y la falta de controles que había en los establecimientos penitenciarios durante la administración de Alberto Fernández. Esta situación cesó, aparentemente, con las medidas de aislamiento y mayores controles en los últimos dos años.
Pero lo más trágico de la situación que subsistía hasta la implementación de las nuevas medidas era que con esos teléfonos los líderes criminales, como Cantero, Esteban Alvarado y otros más, ordenaron crímenes, ataques a edificios judiciales y hasta atentados contra magistrados.
Estas falencias y posibles complicidades fueron señaladas en documentos elaborados por fiscales federales, entre ellos Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Los informes fueron presentados ante la Justicia durante la gestión de María Laura Garrigós de Révori como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el gobierno anterior. Según esas presentaciones, las supuestas anomalías ocurridas en los penales federales habrían permitido que jefes narcos continuaran operando desde prisión, utilizando teléfonos para comunicarse con otros miembros de sus organizaciones y con sus familiares. Más tarde, esas advertencias derivaron en un dictamen presentado en la Justicia federal, que dio origen a la causa contra la exinterventora.
La indagatoria a Garrigós de Révori y otros dos exfuncionarios estaba prevista para este lunes a las 9, pero la exfuncionaria se presentó en el juzgado N°4, que antes estaba en manos del exjuez Marcelo Bailaque y está siendo subrogado por Carlos Vera Barros. Según fuentes judiciales, Garrigós de Révori pidió una postergación de la indagatoria para tomar contacto en la causa en la que está involucrada por incumplimiento de deberes de funcionaria pública, entre otros delitos.
Este caso se inició en marzo de 2022 y fue a partir de un desprendimiento de otra causa en la que estaba imputado Guille Cantero. Los fiscales federales empezaron a investigar que los “beneficios” con los que contaba el líder de Los Monos en el penal de Marcos Paz podían ser consecuencia de “una complicidad estructural” dentro del SPF.
Se juntaron los antecedentes que existían en torno a estas sospechas y luego la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) hizo una investigación con documentación secuestrada y el manejo de los inhibidores de señal que configuraron la posibilidad de que existieran irregularidades en ese momento en el penal federal.
“Mediante el uso de dispositivos de telefonía celular u otros medios de comunicación ingresados en violación a la normativa penitenciaria, condenados o imputados de graves delitos de criminalidad compleja, lograron planificar y realizar maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban”, señaló el dictamen que sirvió de base para pedir la indagatoria de la exinterventora del SPF, que fue designada desde junio de 2020 hasta septiembre de 2021.
Garrigós de Révori, exjueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, fue nombrada por Alberto Fernández en medio del escándalo por las supuestas tareas de inteligencia contra presos que habían pertenecido al gobierno de Cristina Kirchner.
La hipótesis que manejan los fiscales es que Garrigós de Révori “omitió poner en marcha un plan de acción para ejecutar lo dispuesto por el artículo 160 de la ley 24.660”, que establece la necesidad de que se “lleven adelante las acciones conducentes para la adquisición e instalación dentro del ámbito de los establecimientos penitenciarios de inhibidores de señal que impidan la realización de comunicaciones de telefonía móvil por parte de los internos”.
El descontrol en los penales federales se traslucía, incluso, antes de la llegada de Garrigós de Révori, pero la situación siguió durante su gestión en el SPF. El titular de la Procunar presentó un informe en septiembre de 2021 sobre cómo actuaban los grupos narcos en la sombra de las cárceles federales, donde desde que estalló el escándalo por el llamado operativo Puf –de espionaje contra dirigentes políticos del kirchnerismo- se disolvió el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. En el documento se mencionaban 20 casos de capos narcos, la mayoría de ellos ya condenados, en los cuales se detectó que aún coordinan, desde cárceles federales y provinciales de todo el país, “maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados, ya sea lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas”.
Por ejemplo, Cantero, el líder de Los Monos, no necesitó de fibra óptica ni de celulares para seguir dando órdenes. Lo hacía desde los teléfonos fijos que le proporcionaba los propios agentes del SPF –fueron denunciados- dentro de su celda en el penal de Marcos Paz.
Había aprendido una treta que utilizaba su excompañero de pabellón Néstor “Loko” Rojas, líder del Primer Comando de Frontera. El misionero, que había querido comprar un misil dentro de la cárcel e intentó asesinar a dos magistrados de esa provincia con sicarios brasileños, usaba como método para comunicarse una triangulación que hacía con su pareja, que no estaba detenida.
Él la llamaba con un celular a su esposa y ella con otro teléfono se contactaba con los clientes de Rojas. De esa manera, el Loko hablaba con sus socios sin contactarse con ellos de manera directa. Así evitaba que las autoridades judiciales que lo escuchaban pudieran escuchar sus voces. Cantero empezó a hacer lo mismo.
En una investigación que terminó con un megaoperativo de la Policía Federal en Rosario, con la mira en Los Monos, quedó expuesto cómo era la matriz de funcionamiento actual de la banda. La organización se maneja desde las cárceles. En este caso, Guille Cantero daba órdenes desde el penal de Marcos Paz, a través del teléfono fijo, o público de la cárcel. Pero las directivas no eran de forma directa. El líder de Los Monos llamaba por el teléfono fijo que tenía en su celda en dos horarios: a las 14 y a las 20.
Se contactaba a un celular de otro preso en el penal de Ezeiza. Este recluso llamaba a su vez con otro teléfono móvil a los miembros de Los Monos que están en la cárcel de Piñero, que escuchaban la voz de Cantero que hablaba por el teléfono público de Marcos Paz. Ese teléfono le fue incautado dos veces: una el 23 de agosto y otra vez el 3 de setiembre de 2021. Sin embargo, seguía hablando por esa vía.
La facilidad con que los presos, considerados de alto perfil, conseguían un smartphone dentro de los penales federales y provinciales quedó expuesto en el caso del jefe narco de Rosario Julio Rodríguez Granthon, un expiloto nacido en El Callao, en Perú, que está detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. El 12 de diciembre de 2022 secuestraron cinco teléfonos celulares en el pabellón B, donde está alojado este narcotraficante que proveía de cocaína a Los Monos y formó su propia banda en Rosario. Un día después, El Peruano llamó por el teléfono fijo del penal a su pareja: “Decile a “carita de hamburguesa” que me traiga urgente dos”. Al otro día, Rodríguez Granthon, acusado de participar de la ejecución del exconcejal Eduardo Trasante, obtuvo lo que pidió: dos Iphone. Dos semanas después fue imputado como jefe de una asociación ilícita, junto a 19 jóvenes, varios de ellos también estaban detenidos.
En esta causa, que tiene a Garrigós de Révori como principal acusada, también se pone el foco en las supuestas complicidades en el SPF que fueron de carácter, según la mirada de los fiscales, “estructural”. Las maniobras no solo pasaron por “la mera facilitación de los medios para el ingreso de los aparatos de telefonía utilizados por Cantero, sino que incluye además, dada la notoriedad que ha adquirido el nombrado a lo largo de los años y por los antecedentes que registra, la posibilidad implícita del acuerdo para la realización de las actividades criminales posteriores, que son llevadas a cabo desde su lugar de detención”.
En la investigación se advirtió que hubo incumplimientos vinculados al uso de inhibidores de señal, dispositivos que habrían impedido a los jefes narcos utilizar sus teléfonos celulares dentro de los penales. La sospecha es que María Laura Garrigós de Révori y otros funcionarios no implementaron ninguna estrategia institucional para bloquear las comunicaciones no autorizadas de internos considerados de “alto riesgo”. Esa omisión habría permitido que continuaran liderando sus organizaciones delictivas desde prisión, incluso en casos reiterados de criminalidad compleja, muchos de ellos de público conocimiento y con epicentro en Rosario, donde se desplegaron actos de violencia vinculados al tráfico de estupefacientes.
De acuerdo al dictamen, esa “inacción” se verificó tanto “en la omisión de iniciar y finalizar procesos de adquisición e instalación de inhibidores de señales -pese a la obligación prevista en la Ley 24.660-, como en no haber instrumentado la adecuada supervisión del cumplimiento de la normativa relativa a la prohibición de ingreso y tenencia de teléfonos y en no haber controlado ni arbitrado los mecanismos pertinentes para que el personal del SPF diera cumplimiento en tiempo y forma con las restricciones ordenadas por los diferentes tribunales en relación a los internos considerados de “alto riesgo”.
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