Con chaleco antibalas y la camiseta de Platense debajo, Leonardo Cositorto comenzó a ser juzgado por 118 estafas en Salta
Se trata del proceso oral contra el líder de Generación Zoe, que ya tiene una condena a 12 años de cárcel dictada este año en Corrientes
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Vestido con la camiseta de Platense, y protegido con un chaleco antibalas, Leonardo Nelson Cositorto ingresó en la sala de audiencias de los Tribunales de Salta para afrontar la primera jornada del juicio oral por una estafa piramidal contra 118 inversionistas a través de su empresa Generación Zoe.
El debate está a cargo de los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Salta. Cositorto llegó al juicio acusado de ser presunto de jefe u organizador de una asociación ilícita que habría cometido 118 casos de estafas reiteradas.
Se trata del segundo juicio que debe enfrentar Cositorto en lo que va del año. El 25 de febrero pasado, Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por un Tribunal Oral de Goya, que lo consideró responsable de ser el líder de una asociación ilícita y por estafas reiteradas.
El Ministerio Público de Corrientes, representado por los fiscales Rubén Barry y María Eugenia Ballará, había solicitado una condena de 16 años de prisión. “Cositorto fue encontrado responsable penalmente como jefe de la asociación ilícita y como coautor de estafa. Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino como miembros y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado. Y, en cuanto a Nicolás Medina y Javier Sebastián Medina hubo un veredicto de inocencia”, expresó el tribunal correntino.
Como ocurrió en Corrientes, en el juicio que comenzó en Salta, Cositorto no estará solo en el banquillo de los acusados. Junto a él serán juzgados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, acusados de ser presuntos coautores de las 118 estafas.
Según fuentes judiciales, se calculó que el perjuicio ocasionado a través de Generación Zoe, de acuerdo con las denuncias realizadas, sería de 5.682.500 pesos y 574.120 dólares.
El juicio se desarrollará en la Sala de Grandes Juicios del edificio del Poder Judicial de Salta y será presidido por el juez Martín Pérez, con la participación de los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar.
Más de ciento sesenta testigos declararán en las diversas audiencias del debate que se desarrollará durante un mes.
“La audiencia comenzó con la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio. Seguidamente se comunicó la renuncia del defensor privado de Cositorto, Franco Tolaba, quien había aceptado el cargo el pasado 29 de mayo. El imputado ratificó la revocación del poder otorgado al letrado e indicó que no tenía otro abogado particular, por lo que se le informó que contaría nuevamente con defensa oficial. Luego de un cuarto intermedio, el juicio se reanudó con la presencia de la defensora oficial Cecilia Martínez, quien presentó un planteo de nulidad de la audiencia de debate por violación de la garantía constitucional de defensa en juicio”, informó el Poder Judicial de Salta.
En la información oficial se agregó que la defensora oficial “alegó que no se habían resuelto cuestiones que hacen al debido proceso, como la imposibilidad del acusado de presentar pruebas o de designar un abogado de su confianza”.
Por su parte, la de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó el rechazo del recurso de nulidad. La funcionaria judicial señaló “que todos los plazos procesales fueron cumplidos, que el imputado tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas a través de sus sucesivas defensas y que nunca estuvo en estado de indefensión”. Esa posición fue apoyada por la querella que representa a los denunciantes.
El planteo será resuelto por el tribunal en la próxima audiencia, que se realizará mañana.
Cositorto enfrenta otros procesos que terminarán en juicios orales en Córdoba, Santa Fe, en un juzgado en lo Criminal y Correccional porteño y en la Justicia federal.
La investigación que derivó en el juicio oral contra Cositorto, en Salta, comenzó en 2022, a partir de una serie de denuncias presentadas por damnificados por estafas presuntamente cometidas por Generación Zoe, que operaba desde la sucursal situada en Pellegrini 782.
Durante la investigación, realizada por el Ministerio Público, se determinó que los damnificados firmaban contratos con la empresa. Se trata de acuerdos de fideicomiso, denominados membresía educativa o inteligente, cuyo importe variaba entre los 500 y 1000 dólares.
A cambio de esa inversión, la financiera les prometía un retorno mensual de entre el 7,5% y el 10%, y un rendimiento anual del 120%. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.
Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.
Más allá de lo que ocurre en el juicio que comenzó en Salta, Cositorto sumó en los últimos días otro revés judicial. La Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero no hizo lugar a las apelaciones planteadas por la defensa de Cositorto y el resto de los acusados a la resolución del Juzgado de Control, que confirmaba el requerimiento de elevación a juicio de la causa Zoe. La instrucción de esa causa fue realizada por la fiscal Juliana Companys.
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