Condenan a cuatro sicarios que balearon a dos hermanos para quedarse con la casa de su madre en La Horqueta
El ataque tuvo lugar en octubre de 2023, mientras las víctimas se desplazaban en un automóvil
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LA NACION
A las 19:30 del domingo 22 de octubre de 2023, los hermanos Claudio y Walter Ávila circulaban en su Toyota Corolla blanco por las calles de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro, en la zona norte.
Parecía un cierre de fin de semana más, pero en la esquina de Reclus y Patagonia, la rutina se quebró con violencia y lograron sobrevivir milagrosamente. Un Toyota Etios gris, con patente falsa, se cruzó en su camino. De su interior descendieron varios hombres con los rostros cubiertos por cuellos camuflados y gorras con visera. Sin mediar palabra, abrieron fuego. En total, fueron siete disparos los que cortaron la tranquilidad del atardecer del domingo. Uno de los proyectiles impactó en la pierna derecha de Claudio Ávila. Los atacantes volvieron a subir al vehículo y huyeron a toda velocidad.
A pocos metros, un patrullero de la policía bonaerense presenció la escena y comenzó una persecución que se extendió por quince cuadras. Gracias a un operativo cerrojo, los cinco ocupantes del Etios fueron detenidos en el partido de San Fernando. En el interior del auto, los agentes secuestraron dos pistolas: una calibre .40 con ocho municiones y dos cargadores, y otra con numeración suprimida, junto a 19 municiones y un cargador adicional. La escena del enfrentamiento dejó huellas claras: ocho impactos de bala en el Corolla de los Ávila y en otros dos vehículos estacionados. Siete vainas servidas fueron recolectadas. El dermotest realizado a los detenidos confirmó que al menos cuatro de ellos habían disparado armas de fuego.
Lo que en un principio pareció un intento de robo o un ajuste de cuentas aislado, pronto reveló una trama más compleja y oscura, según pudo desentrañar la Justicia. La investigación determinó que los atacantes formaban parte de una banda narco que pretendía apropiarse de la casa de la madre de las víctimas, ubicada en el Bajo Boulogne, para convertirla en un búnker de venta de drogas. Veinte días antes del ataque, la vivienda había sido baleada. La familia había recibido amenazas directas: debían abandonar la propiedad. El ataque del 22 de octubre fue la culminación de esa intimidación sistemática.
“Los sicarios formaban parte de una banda narco que se quiere quedar con la casa de la madre de los hermanos Ávila para convertirla en un búnker de venta de estupefacientes. Cuatro de ellos son de nacionalidad peruana y habrían ingresado al país por Bolivia de forma ilegal apenas ocho días antes del ataque”, había revelado una fuente de la investigación. La violencia desplegada, la logística del ataque y la participación de un menor de edad recién llegado al país fueron elementos que encendieron las alarmas de las autoridades judiciales que, a 21 meses del ataque, condenó a los sicarios.
El 2 de julio pasado, el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín dictó su sentencia. Los peruanos: Percy Roberto Carazas Vilchez, de 20 años; César Gerardo Quispe Herrera, de 21 y Erick Steven Vilchez Guillen, 30; más el argentino Jesús Emilio Molina, de 38 años; fueron condenados a diez años de prisión como coautores de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de armas de fuego, en grado de tentativa; portación ilegítima de armas de guerra; encubrimiento por receptación de un vehículo robado, agravado por ánimo de lucro; y falsificación de numeración individualizadora. El quinto implicado, un adolescente peruano de 17 años al momento de los hechos, fue declarado penalmente responsable bajo el régimen penal juvenil. Su juicio de punibilidad fue diferido para una etapa posterior.
El fiscal general Alberto Gentili fue contundente al describir el caso como un hecho de sicariato. “Estamos frente a un evento planificado: hubo adquisición previa de un vehículo robado, suministro de armamento y una violencia extrema durante su desarrollo”, sostuvo durante su alegato. Las escuchas telefónicas incorporadas a la causa revelaron que la organización criminal trasladaba sicarios a otras provincias, lo que, según el fiscal, demuestra que la actividad dejó de ser local. “Esto pone en peligro de manera significativa a los residentes de una comunidad”, advirtió. Gentili también remarcó que la banda se valió de un menor de edad, recién llegado al país desde Perú, para ejecutar el ataque. “La pluralidad de intervinientes y el modo de llevar adelante la agresión respondió a una planificación previa y detallada que incluyó seguimientos de las víctimas y del domicilio de al menos una de ellas”, explicó.
Un delito ordinario, pero en un contexto particular
En una primera instancia la investigación había quedado a cargo de la fiscal Paula Hertig, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio descentralizada de Boulogne, que había imputado a los sospechosos por homicidio calificado en concurso premeditado por la intervención de dos o más personas, por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad en grado de tentativa.
Aunque los delitos juzgados no son, en principio, de competencia federal, el caso fue tramitado en ese fuero debido al contexto en el que se produjo: una guerra entre bandas por el control territorial del narcotráfico. Así lo argumentó el fiscal Gentili, en línea con la estrategia de persecución penal definida por la Procuración General y validada por la Corte Suprema. El tribunal, integrado por los jueces María Claudia Morgese Martín, Walter Venditti y José Antonio Michilini, coincidió con el planteo del Ministerio Público Fiscal y avaló la competencia federal. La sentencia fue dictada en línea con el pedido del fiscal.
La Horqueta, un barrio residencial de San Isidro, no está acostumbrado a este tipo de violencia. “Fue como una escena de película. Nunca imaginamos algo así acá”, había contado a LA NACION un vecino que presenció parte del tiroteo.
El caso no es un hecho aislado. Hace seis semanas fue detenido en Brasil Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, un ciudadano uruguayo de 31 años, tenía una orden de captura nacional e internacional. Está acusado de ser el tirador que, con dos meses de diferencia, ejecutó a sangre fría a dos integrantes de una organización narcocriminal, asesinatos ocurridos en Pilar y en el barrio porteño de Recoleta.
“El sospechoso fue detenido en una casa alquilada en Florianópolis. Se le secuestraron dos kilos de marihuana, 40.000 dólares, 41.000 reales, un vehículo y una moto. Entró en Brasil en marzo pasado pagando a personas que lo llevaron hasta Florianópolis”, afirmaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales el 30 de mayo pasado.
Caraballo Escobar sería, para la Justicia argentina, el sicario que ejecutó a Fabián Sturm Jardon, un compatriota asesinado la madrugada del 12 de diciembre pasado cuando hacía una compra en un quiosco situado en Paraguay al 2900, en Recoleta.
También, según el expediente judicial, fue el tirador que mató a Marcelo González Algerini, un ciudadano uruguayo de 36 años que fue ejecutado en Pilar el 12 de octubre pasado.
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