Córdoba: ordenan la inhabilitación de casi 8000 permisos de tenencia de armas
El exdelegado de la Anmac, que estuvo detenido nueve meses, está procesado; está acusado de no cumplir y respetar los requisitos de entrega de credenciales.
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CORDOBA.- Las consecuencias del paso de Carlos Dini como director de la delegación Córdoba de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) continúan. Nueve meses después de su detención, en un trámite exprés recuperó la libertad por un fallo de la Cámara Federal de Casación. Ahora, el exRegistro Nacional de Armas (Renar), decidió revocar las Credenciales de Legítimo Usuario otorgadas durante su gestión porque hay irregularidades comprobadas.
Hasta que cumplan las disposiciones, los usuarios de armas quedan inhabilitados. Dini fue denunciado en 2019 por irregularidades administrativas luego de que una auditoría registrase un faltante de un 1.000.000 de pesos.
Además, en un allanamiento en busca de chalecos antibalas que les fueron prestados por una fuerza de seguridad y nunca fueron devueltos, se encontraron sellos de diferentes oficinas y autoridades.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro procesó a Dini porque en su carácter de delegado de la Anmac “no habría ejecutado las leyes cuyo cumplimiento le incumbía por la función, entre otras: habría omitido confeccionar o controlar la confección de los distintos legajos relacionados con operaciones que se registraban ante el ente a su cargo; habría omitido controlar el stock de estampillas y formularios; habría omitido depositar a su debido tiempo los importes adeudados por la dependencia a su cargo al ente cooperador y habría omitido controlar, previo a la expedición de credenciales a legítimos usuarios de armas, que los trámites correspondientes cumplieran con la documentación requerida y demás requisitos exigidos para su otorgamiento”.
A fines de marzo pasado el magistrado ordenó a la Anmac que cumpliera con una resolución en la que establecía que se regularizarían “todas las credenciales de legítimo usuario” otorgadas por Dini: solo entre el 10 de enero de 2019 y el 15 de julio de ese año fueron 7640.
La agencia notificará personalmente a los tenedores, quienes pueden pedir una reconsideración de esa decisión –presentando en ese mismo momento el cumplimiento de todos los requisitos exigidos– o se presentan y rehacen el trámite. Mientras tanto, están inhabilitados.
La Justicia puede determinar –como lo ha hecho en algunos casos- que algunos de los que aparecen en los listados devuelvan las armas. Por ejemplo, así se actuó con Juan Carlos Delgado, tesorero del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), quien tiene un procesamiento confirmado por defraudación y, además, antecedentes de actos violentos (amenazas, agresiones).
Bustos Fierro, en varias oportunidades en la causa, subrayó que Dini debió “cumplir y observar estrictamente la ley”, porque en cada arma de fuego otorgada “sin cumplir los requisitos fundamentales” puso “en riesgo la seguridad pública”.
Las exigencias para sacar o renovar credenciales o para la compra de municiones son muchas (Argentina es uno de los países más estrictos en el tema) y la legislación es “precisa”. Por ejemplo, toda presentación debe incluir entre otros ítems certificados de inexistencia de antecedentes penales, apto físico y psíquico y medios de vida lícitos. Dini era el encargado de controlar todo eso.
La resolución de la Anmac está acompañada de dos listados, uno que incluye los nombres de a quienes les falta cumplir “algún” requisito (son cinco páginas) y, el otro, con los que directamente no tienen respaldo documental (29 páginas). En ambas nóminas hay identidades que son conocidas en la provincia.
La investigación del caso se inició por la denuncia de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM) e incluyó una auditoria de la propia Anmac a su sede cordobesa que fue intervenida.
Dini fue despedido el 28 de octubre de 2019, “por serios incumplimientos y faltas graves y obligaciones a su cargo”.
La de Córdoba es la única delegación del interior del país –la otra es la de la Ciudad de Buenos Aires- que no solo recibía la información para la tramitaciones de las credenciales sino que también la analizaba y pedía a la oficina central su impresión.
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