Coronavirus en la Argentina: una jueza de Quilmes dijo que fueron liberados 176 condenados por delitos sexuales

Julia Márquez, jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento de Quilmes, señaló que fueron liberados 176 condenados por delitos sexuales desde que comenzó la cuarentena decretada por el Gobierno, en el marco de las prisiones domiciliarias concedidas para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles.

"Desde que comenzó todo esto fueron liberados 1076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas y 176 con condenas por delitos contra la integridad sexual (abusadores y violadores)", dijo la jueza esta mañana a Radio Mitre.

La magistrada brindó estadísticas en base a un informe del tribunal de Casación y dijo que "en 2018 se concedieron 160 prisiones domiciliarias, y que las libertades condicionales o asistidas fueron 2600, mientras que en lo que va de 2020, al 28 de abril fueron 2458", y ejemplificó que entre el 27 y 28 de abril, "en un solo día, fueron 172".

Enseguida, completó la idea y a la vez cuestionó el ocultamiento de las cifras, necesarias para comprender el contexto de la medida: "Sería muy bueno que muestren los números. No sé por qué los ocultan, porque tienen que ser datos públicos. Si son así, ¿por qué no los muestran?" "Es gente que salió de la cárcel con beneficio, no es que se les venció la pena fueron beneficiados sin saber bajo qué instituto", enfatizó.

"No sé si no hay un plan general de liberación de presos. Sé que no hay otro plan. Si la decisión es resguardar la vida de las personas, y eso es lo correcto, no es liberándolos. Y no hay ningún otro plan que no sea ese. Y no solo en esta situación de pandemia, porque hablamos del hacinamiento carcelario", expresó Márquez.

"Si hay interés de bajar el hacinamiento hay que poner énfasis en las obras que estaban paradas o hacer como los hospitales modulares. No todos los presos requieren demasiada seguridad. Hay un montón de alternativas que se pueden barajar antes de la liberación masiva. Parece que es la única idea que tienen", cuestionó.

En relación a los motines en algunos centros penitenciarios, como en Villa Devoto o Florencio Varela, la magistrada evaluó: "Una persona comete un delito, va a la cárcel, y sale de la cárcel cometiendo delitos. Un motín es un delito, es un hecho violento. Siguen utilizando la violencia para lograr lo que quieren y nosotros como autómatas, ¿firmamos eso? Es una locura".

Sobre los casos que lleva su juzgado en Quilmes, Márquez señaló que algunas decisiones no pasan por ella, ya que los defensores de los presos presentan "hábeas corpus directamente a la Cámara y la Cámara resuelve". "Me encontré con una situación en la que en el marco de un hábeas corpus se resolvió una libertad condicional de un señor que estaba preso por violencia de género y no teníamos ni siquiera el domicilio. Este señor podría haberse ido a vivir tranquilamente a la casa donde estaba la mujer a la que había lesionado gravemente", dijo.

En ese sentido, la magistrada subrayó que "un elemento fundamental es tener un domicilio, constatarlo y que lo reciban". "No podés dar una prisión domiciliaria sin saber si ese domicilio existe. Si yo le doy transitoriamente una prisión domiciliaria y después pasa la pandemia y le quedaban cinco años por cumplir y voy a buscar al señor para que cumpla la pena, y el domicilio no existe...", explicó.

"He leído resoluciones donde deniego una libertad condicional porque en el domicilio hay niños y la causa por la cual este señor había llegado era abuso de niños, y la Cámara me dice que el Código Penal dice ‘fijar domicilio’, no que en el 'domicilio no haya niños. [Me dicen] Que yo no tengo poder legislativo y entonces estoy incorporando requisitos que la ley no prevé. Es una locura, pero bueno, así trabajamos", puso como ejemplo.

La controversia por la excarcelación de presos, con disposiciones de prisión domiciliaria u otras medidas alternativas, atravesó toda la semana y tuvo su pico máximo anoche con un cacerolazo en contra de la salida de los reos.

LA NACION

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