Coronavirus en la Argentina: Al menos 56 violadores dejaron las cárceles bonaerenses por miedo a contagios del Covid-19

La resolución del juez Víctor Violini de la Cámara de Casación Penal señalaba que los protagonistas de delitos violentos no podían ser alcanzados por el beneficio de arresto domiciliario dispuesto frente a la pandemia del coronavirus. El propio magistrado dejó en claro esa posición, que fue tomada por las autoridades bonaerenses y nacionales para asegurar que solo se trataba de una medida de prevención sanitaria por el hacinamiento de las cárceles. Sin embargo, la aparición de casos específicos, como el de los imputados por abusos sexuales Antonio Armando Di Palma y Pedro Olmos, expusieron la salida de las cárceles de toda clase de reclusos. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que 56 violadores lograron la prisión domiciliaria en Buenos Aires por ser considerados dentro de los grupos de riesgo a potenciales contagios de Covid-19.

Si bien la jueza de ejecución penal de Quilmes Julia Márquez señaló que desde el comienzo de la etapa de aislamiento social obligatorio fueron excarcelados o, al menos, obtuvieron prisiones domiciliarias 176 abusadores sexuales (de lo que se informa por separado), las fuentes judiciales consultadas establecieron ese piso de 56 beneficios otorgados a violadores directamente por sus condiciones físicas, estimándose que en el resto de los casos puede tratarse de libertades asistidas o directamente la finalización de penas.

Esa situación confirmada en los casos bonaerenses se replica en otras provincias. En Córdoba, una jueza de San Francisco le concedió prisión domiciliaria a un hombre que abusó de su hija, que tenía 14 años en el momento del ataque.

La magistrada de Ejecución Penal María Teresa Garay le dio prisión domiciliaria a Antonio Puntonet, de 61 años, condenado a 8 años y tres meses de prisión por abuso; le faltaban 7 años para cumplir la pena. Los fiscales generales adjuntos de la provincia de Córdoba, José Gómez Demmel y Héctor David, solicitarán un jury de enjuiciamiento para Garay.

En Mendoza también aumentó la polémica alrededor de los beneficios judiciales al conocerse que volvió a su casa con prisión domiciliaria Mauro Aguirre, un exprofesor de la Universidad Nacional de Cuyo que está acusado de abusar sexualmente de sus alumnas. El hombre, de 67 años, había sido detenido en mayo de 2019.

En la localidad misionera de Eldorado, en tanto, hay indignación por la liberación del empresario Carlos Dalmasso, que había sido condenado en 2013 a cumplir 12 años y medio de prisión por la violación de sus dos hijos adoptivos.

El Tribunal Penal de Eldorado le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria "mientras dure la emergencia epidemiológica y sanitaria" por la pandemia de coronavirus, en una decisión que lleva la firma de los jueces Ángel Atilio León, Lyda Carballo y María Teresa Ramos.

Una situación similar se vivió en la ciudad de Junín de los Andes, donde otro violador recibió beneficios judiciales para evitar su presunto contagio en caso de que el coronavirus Covid-19 llegue al penal donde estaba alojado. Se trata de Eugenio Llul, de 67 años, que en 2016 había sido condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente, durante cuatro años, de su pequeña nieta. Richard Trincheri, uno de los tres jueces que resolvieron enviar a la casa al violador, aseguró en declaraciones periodísticas que esa decisión "se tomó mirando el estado del sistema de salud de Junín de los Andes y a toda la población. Esto es algo excepcional y tengo la conciencia tranquila".

No solo atacantes sexuales vieron mejorar sus condiciones de arresto por la pandemia. En Esquel, por ejemplo, un grupo de vecinos atacó a uno de los beneficiados por las medidas judiciales. En los videos que trascendieron de esa situación pudo observarse en las calles de esa localidad a Pablo César Sommaruga, condenado por integrar "La banda de los patovicas", un grupo de secuestradores que en 2002 le cortó un dedo a una de sus víctimas.

En Salta se registró otro caso de fuerte repercusión pública cuyo protagonista volvió a su hogar gracias al riesgo de contagio de coronavirus. El exjuez federal de Orán Raúl Reynoso recibió el permiso de la prisión domiciliaria. El suyo fue un expediente emblemático de la corrupción judicial relacionada con la narcotráfico, ya que se trataba del magistrado que debía combatir el tráfico de drogas en la zona más caliente del norte y, en cambio, resultó condenado a 13 años de prisión por favorecer a quienes debía investigar.

Otra traficante condenada recibió la prisión domiciliaria en Neuquén. Ruth Montecino debe cumplir una pena de 15 años de prisión como jefa de un clan al que se le incautaron 172 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína. La autorización para que la narco sea excarcelada fue firmada por el juez federal de Neuquén Alejandro Cabral, quien la consideró dentro de los denominados grupos de riesgo y señaló, además, que estaba en condiciones de pedir la libertad condicional.

Negociadora kirchnerista

Una de las personas que acompañaron a los presos en Villa Devoto durante la negociación con funcionarios nacionales y judiciales fue Claudia Cesaroni, que impulsó el reclamo de los presos pese a ser la directora de Prevención del Delito de Quilmes, bajo el mando de la kirchnerista Mayra Mendoza. Cesaroni renunció anteanoche a su cargo municipal.