Coronavirus: investigan homicidios con armas de fuego cometidos en cárceles

Al igual que sus compañeros, ella tomó una de las escopetas y se parapetó sobre los muros perimetrales de la Unidad Nº23 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Durante la mañana del 22 de abril, un grupo de detenidos, que habían logrado vulnerar sus celdas para alcanzar el techo de un pabellón, gritaban agitando algunas facas. Reclamaban mejoras en las condiciones de detención ante el avance del coronavirus en las cárceles. En ese momento, la agente E.D.H destrabó el arma que inicialmente se había atorado. Y luego disparó tres veces contra el cuello, la cabeza y el tórax del preso Federico Rodrigo Rey, que murió allí, según el expediente judicial al que tuvo acceso LA NACIÓN.

Este homicidio aún es investigado por la justicia y forma parte de una serie de cinco asesinatos cometidos con municiones de plomo en prisiones, donde el uso de armas de fuego está estrictamente prohibido. Los hechos se desencadenaron en cárceles de diferentes provincias durante las revueltas provocadas por el contexto de la pandemia. Así lo detalla un documento publicado pocos días atrás por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el organismo estatal de control facultado para inspeccionar cárceles.

Respecto del homicidio de Rey, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó a este diario: "Inmediatamente después del incidente, colaboramos con la investigación desde el primer momento; se aportaron las tres vainas secuestradas, las armas utilizadas en el procedimiento. Ocho agentes declararon sobre lo que ocurrió. También se relevó a la cúpula de la unidad, para garantizar transparencia en el sumario. Y los tres imputados del expediente judicial fueron pasados a disponibilidad".

El pasado 16 de julio en la Unidad Penal N° 1 del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, ubicada en el barrio Gorriti de la ciudad capital, los detenidos Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura murieron baleados –en el cuello y el abdomen, respectivamente– durante una protesta de personas privadas de su libertad que reclamaban información sobre contagios de Covid-19 al interior de la prisión. Tras la revuelta, se contabilizaron 13 personas heridas y hospitalizadas, una de ellas con herida de arma de fuego. Por los homicidios, 12 agentes penitenciarios fueron imputados, uno de ellos acusado por encubrimiento.

Sobre los homicidios cometidos en esta cárcel de Jujuy, una calificada fuente judicial que trabaja en el esclarecimiento del hecho informó a LA NACIÓN: "La investigación de campo urgente, inmediata, se pudo realizar con rapidez. Utilizamos un drone, porque se trataba de un entorno complejo. Más de veinte personas llegamos al lugar del hecho minutos después de que ocurrió y eso tornó difícil que alguien pueda entorpecer nuestro trabajo. Tras los homicidios, la cúpula del Servicio Penitenciario provincial fue relevada".

Por otro lado, respecto del motín que se desencadenó el 24 de abril en la cárcel federal del barrio de Devoto, el CNPT informó: "Resultaron heridos por armas de fuego Gustavo Barreto y Cristian Grageda; Barreto sufrió una lesión en su columna que le ocasionó la inmovilización de sus miembros, y Grageda fue herido en el tórax". Además, señalaron: "Al menos otras 16 personas presentaron heridas de distinta índole; en la investigación judicial por las lesiones gravísimas ocasionadas a Barreto y lesiones graves a Grageda –realizadas con arma de fuego– aún se intenta identificar a los agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que intervinieron en la represión del conflicto".

Ante la consulta de LA NACIÓN sobre las personas heridas con armas de fuego, desde el SPF indicaron: "En su momento se entregó todo el material requerido para la investigación. Ahora, el caso ya está en manos de la Justicia".

En la Unidad Penitenciaria Nº de la ciudad de Corrientes, José Candía murió el 21 de abril durante una revuelta. Recibió 10 impactos de balas de goma y tres de balas de plomo, según la autopsia. En principio, los agentes intentaron instalar la hipótesis de que se trató de una pelea interna, pero esta idea fue desestimada incluso por altos funcionarios gubernamentales luego de las primeras investigaciones, que condujeron finalmente a un cambio de jefatura en esa prisión y a una investigación judicial en curso.

Dos cárceles de la provincia de Santa Fe fueron también fueron escenarios de violentas protestas. El 23 de marzo, en la Unidad Nº1 de la pequeña localidad de Coronda, Alen Miguel Matías Montenegro –un preso detenido en el Pabellón 9– recibió dos disparos y murió durante un motín. En esa cárcel, otra persona resultó herida por los disparos. Ese día, también en los alrededores de la ciudad de Santa Fe pero en la Unidad Nº2 murieron –sin que aún se sepa cómo– Matías Gastón Crespo, Andrés Ezequiel Behler, Rolando Duarte, Jonatan y Exequiel Coria; días después moriría Juan Carlos Lacuadra, internado, por las heridas.

Una calificada fuente que analiza actualmente el desarrollo de las investigaciones judiciales por los cinco asesinatos cometidos en el interior de cárceles de Jujuy, Corrientes, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, dijo a LA NACIÓN durante un reportaje: "Las políticas para controlar el uso de la fuerza necesitan fortalecerse mucho. En todos los casos aparece una falta de control jerárquico para evitar que esto sucediera. En otros casos hubo cierta aquisciencia".

Durante los meses de abril y mayo, equipos interdisciplinarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) advirtieron que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín "al mismo tiempo que rechazaba las solicitudes de arresto domiciliario de los detenidos pertenecientes al grupo de riesgo frente a la pandemia por COVID -19, ordenaba el cumplimiento de medidas compulsivas de aislamiento en confinamiento solitario por tiempo indefinido para esos mismo detenidos", según se explicó en un extenso documento publicado el pasado 4 de agosto.

El informe señala en esa línea que "de acuerdo a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, el aislamiento prolongado e indefinido de presos equivale a un acto de tortura o, cuanto menos, a un trato o pena cruel, inhumano o degradante". Por este motivo, desde la PPN denunciaron esta grave situación ante la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y también ante autoridades locales del Servicio Penitenciario Federal, porque los 13 casos relevados por la PPN se registraron en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz.

Tras las denuncias locales e internacionales de la PPN, estas medidas de aislamiento indefinido comenzaron a cesar en la cárcel de Marcos Paz, fundamentalmente, porque fue la propia interventora del SPF, María Laura Garrigós, quien articuló las medidas necesarias para que llegaran a su fin las órdenes del TOF 5 de San Martín.

También con un extenso documento de cerca de 800 páginas el Tribunal explicó cronológicamente al Poder Ejecutivo Nacional qué había ocurrido en torno a los casos de estos detenidos, todos acusados por delitos graves como secuestro extorsivo, narcotráfico organizado, trata de personas, y homicidio, entre otras causas, según informaron fuentes con acceso a los expedientes. Ante la consulta de LA NACIÓN respecto de esta denuncia de la PPN, desde el TOF 5 de San Martín, dijeron: "Ya hemos informado a través de las vías formales, oficiales, en relación a la medida cautaler de la CIDH que cita la PPN; y se dispuso lo correspondiente en el marco de los expedientes de cada uno de los imputados".

Este caso fue seguido con especial atención por el equipo de la Dirección Legal y Contencioso de la PPN. El subdirector del área, Rodrigo Borda, explicó a LA NACIÓN: "No está previsto en ningún protocolo del Servicio Penitenciario, y mucho menos del Ministerio de Salud, este tipo de aislamiento indefinido en cárceles. El TOF 5 de San Martín fue el único tribunal en el país que decidió asumir competencias que no le corresponden; el aislamiento está previsto como una sanción disciplinaria en casos de faltas graves, como por ejemplo un intento de fuga, y solo puede aplicarse por quince días. En este caso, los detenidos no habían cometido faltas disciplinarias, sino que pertenecían a grupos de riesgo".

Y agregó: "Cuando los entrevistamos, los detenidos estaban quebrados física y psicológicamente. Lloraban. Ningún preso perteneciente a grupos de riesgo fue aislado de esta forma. Ahora, resta analizar el daño que tuvieron después de estar casi cien días en un régimen de tortura. La PPN está realizando un seguimiento muy exhaustivo de esta situación. Hay un litigio internacional en el que está comprometida la responsabilidad del Estado argentino". Según el último reporte, hay 145 casos activos de Covid-19 en prisiones federales y se registraron 566 denuncias ante la PPN por deficiencias en la atención médica.

Entre la noche del domingo 9 de agosto y la madrugada de lunes 10, jóvenes detenidos en el Instituto Almafuerte de la ciudad de La Plata protagonizaron con armas blancas un violento motín, que incluyó la captura de un rehén durante una hora y media. Según se informó oficialmente desde el Organismo de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los detenidos reclamaban la posibilidad de contactarse personalmente con sus familias. Finalmente, la revuelta fue controlada.

Una fuente oficial informó a LA NACIÓN que, tras el motín, los menores fueron trasladados y este instituto de detención funciona ahora como un centro de recepción de ingresos, adonde no hay casos de Covid-19 confirmados. A su vez, en un comunicado, dijeron sobre la revuelta de los adolescentes: "Este reclamo tiene lugar en un contexto de emergencia sanitaria, en el que la Provincia, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) vienen trabajando en un esfuerzo conjunto, para revertir las problemáticas heredadas históricamente del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Entre ellas, el deterioro de la infraestructura en los dispositivos, la falta de personal, la calidad de vida de los jóvenes y las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en estas instituciones".

Por otro lado, también esta semana, trabajadores estatales del Centro de Recepción y Ubicación de Menores (CREU) de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, denunciaron que, como consecuencia de "la falta de un protocolo específico" y el faltante de elementos de protección personal, se registraron contagios de coronavirus en 15 asistentes sociales y 11 menores detenidos, luego de recientes hisopados.

Fernando es uno de los asistentes sociales que trabaja allí y resultó contagiado. También es referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el sur del conurbano. En diálogo con LA NACIÓN, dijo: "Desde el comienzo de la pandemia planteamos la necesidad de un protocolo específico para esta institución, que tiene sus particularidades, como las dificultades para el distanciamiento social o los problemas crónicos y no resueltos en cuanto a la infraestructura. Actualmente, hay alrededor de 50 jóvenes en el CREU. Hubo, también, problemas con la entrega de elementos de protección personal, de higiene cotidiana. La institución se cerró herméticamente por diez días. La situación está desbordada".

Respecto de las denuncias en el CREU de Lomas de Zamora, un vocero del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad desmintió ante la consulta de este diario que los trabajadores atraviesen una situación de desidia, y explicaron a este diario: "Se están trabajando protocolos, hay un equipo interdisciplinario de control de gestión y controles diarios para identificar los síntomas. Ayer, el municipio realizó tareas de desinfección".

Cárceles en la ArgentinaHoyViolencia institucionalCovid

---

Conforme a