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Coronavirus. Nueva marcha en Tigre en reclamo de una "cuarentena inteligente"
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LA NACION
En una reedición de lo que hicieron el 25 de mayo, el grupo de "vecinos autoconvocados" de Tigre volverá a marchar, en autos, con barbijos y enseñas celestes y blancas, desde los barrios de la zona del Dique Luján hacia el centro de esa ciudad del norte del conurbano.
Lo harán el sábado, a las 16, en coincidencia con el Día de la Bandera, para reclamar una respuesta a las autoridades municipales y provinciales a su pedido de la puesta en marcha de una "cuarentena inteligente" que, sin descuidar los necesarios recaudos para evitar contagios de coronavirus, les permita poner en marcha nuevamente el aparato productivo y laboral, al cumplirse tres meses del decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio para frenar el avance de la pandemia de Covid-19.
En esta ocasión, además, pedirán el restablecimiento y funcionamiento pleno de los tres poderes del Estado a nivel nacional y provincial. Y, acorde a la coyuntura, se manifestarán en contra de la expropiación de la cerealera Vicentin.
No solo denuncian que el intendente de Tigre, Julio Zamora, no los recibió para escuchar los argumentos que sustentan sus pedidos; afirman que el jefe comunal los excluyó de la discusión y, en cambio, convirtió en sus interlocutores a los administradores de los countries y barrios privados de las zonas de Dique Luján, Villanueva, Nordelta, Benavídez y Rincón de Milberg, a los que atribuyó la potestad de señalar a los vecinos que, supuestamente, violen la cuarentena.
"El inminente pico de casos que se acerca, los brotes que ya se produjeron en barrios populares, la desastrosa situación económica derivada de 90 días sin actividad laboral y la evidente falta de un plan económico que acompañe a la estrategia sanitaria nos obligan a insistir en nuestro reclamo", sostuvieron, en el comunicado de convocatoria, los integrantes del grupo "Vecinos de Tigre en Acción".
"No queremos enfermarnos ni enfermar a nadie y tampoco queremos ni podemos fundirnos. ¿Quién pagará los impuestos si todos quebramos? ¿De dónde saldrán los fondos para atender las necesidades de los sectores más vulnerables si los que podemos trabajar con todos los recaudos y en entornos de bajo riesgo no lo hacemos?", fueron las preguntas retóricas que ensayaron en su comunicado.
En ocasión de aquella marcha del Día de la Revolución de Mayo, que estuvo atravesada por la polémica previa cuando desde un destacamento policial de la zona de adyacencia de los principales barrios privados del partido se les envió a los vecinos de los barrios cerrados un mensaje intimidatorio que "recordaba" que, por la cuarentena, estaba "terminantemente prohibido cualquier tipo de manifestación", y en su réplica, una semana más tarde, el grupo "Tigre en Acción" reclamó al intendente Julio Zamora que canalizara ante el gobernador, Axel Kicillof, propuestas de flexibilización de las condiciones del aislamiento que les permitieran, por ejemplo, circular a pie dentro de los barrios cerrados o poder transitar para trabajar.
La respuesta del jefe comunal, en esa ocasión, fue denunciar públicamente a los organizadores de la marcha por haber puesto en peligro la cuarentena en el distrito; en ese contexto discursivo, aportó a la Justicia las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) para que se evaluara una posible infracción al artículo 205 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de seis meses a dos años a quien "violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia".
Desde aquel momento, ningún vecino fue convocado por la Justicia para responder por eventuales cargos. Pero tampoco se concretaron las reuniones con las autoridades ejecutivas para discutir las medidas que piden los vecinos autoconvocados.
Cambio de interlocutores
"Ante las dos marchas anteriores con este reclamo, realizadas en mayo pasado, las autoridades eligieron el silencio o la negativa sin explicación. El intendente Julio Zamora no respondió ni con un aviso de recibo al mail enviado por Vecinos de Tigre en Acción (que llevaba la firma, número de DNI y contacto del vocero del grupo). En cambio, sí se reunió con un grupo de administradores de barrios cerrados, atribuyéndoles de manera insólita, ilegal e ilegítima no solo el papel de representantes de los ciudadanos, sino, mucho peor, un rol pseudo policial de denuncia a los vecinos que, a su criterio, violaran la cuarentena. No aceptamos que empresas de ningún tipo se conviertan en intermediarios de facto entre las autoridades y los vecinos. Las autoridades elegidas democráticamente tienen la obligación de responder a los reclamos", afirmaron en el comunicado.
"La Provincia, por su parte, rechazó un pedido de la Municipalidad de habilitar algunas actividades. Como se desconoce en qué términos se realizó el pedido municipal, inferimos que ambos estamentos gubernamentales consideran que el partido de Tigre es un bloque demográfico homogéneo. Así, para las autoridades municipales y provinciales existe el mismo riesgo de contagio en un barrio popular, que en el centro de la ciudad de Tigre o en una localidad donde las casas están separadas por varios metros unas de otras, incluso por terrenos baldíos o campo", afirmaron.
Vemos mucha irracionalidad e indolencia en este manejo; hasta podríamos decir desinterés por las fuentes de trabajo de miles de ciudadanos y contribuyentes, como si esto no fuera también en desmedro de la salud.
La lista de reclamos
El colectivo de "Vecinos de Tigre en Acción" pide la puesta en práctica de "una cuarentena inteligente que permita retomar al trabajo con los cuidados necesarios para minimizar los contagios".
Para eso, proponen:
- Protocolos específicos por actividad comercial, profesional y económica, acordados entre las autoridades, especialistas médicos y representantes de cada actividad.
- Segmentación del partido de Tigre en zonas según mayor o menor densidad poblacional, para permitir actividades educacionales, comerciales, productivas y recreativas de modo que no impliquen riesgo de contagio.
"Nuestra propuesta permitirá poner en marcha la economía, ya que la paralización actual, sin grados ni matices, sin una ingeniería racional de lo que se puede y lo que no, solo generará más pobreza y menos salud", precisaron.
Finalmente, destacaron: "Queremos dejar claro que adherimos en esta ocasión en los reclamos por el pleno funcionamiento de todos los poderes republicanos. La Justicia y los poderes legislativos nacional y provinciales deben volver a funcionar nuevamente. Repudiamos, también, actitudes autoritarias como la anunciada expropiación de la empresa Vicentin, en pleno proceso de concurso de acreedores. Que la Justicia trabaje y actúe en este y en todos los casos que se están tramitando".
LA NACION
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