Coronavirus: quieren hacer por videoconferencia los jury a jueces denunciados por los arrestos domiciliarios

El aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19 le puso un freno al normal funcionamiento de distintas instituciones del Estado. Ahora, después de las polémicas decisiones de jueces que ordenaron arrestos domiciliarios de presos en medio de la pandemia, dos senadores presentaron un proyecto de ley para que los jury de enjuiciamiento de los magistrados bonaerenses se puedan hacer por videoconferencia.

El proyecto de ley, presentado hoy por los senadores provinciales de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y Nidia Moirano, "busca a modificar la ley de enjuiciamiento de magistrados y adaptarlos a las nuevas circunstancias producto del aislamiento", según explicaron en un comunicado de prensa.

"Necesitamos esa herramienta [audiencias remotas por medio tecnológicos que se habiliten] que adapte la legislación para continuar con los jury comenzados y que están frenados y para tratar las denuncias que, sin dudas, comenzarán a llegar por la decisión de los magistrados de otorgar los arrestos domiciliarios por el coronavirus", explicó a LA NACION el senador Allan.

Según informaron fuentes oficiales, hasta el momento en que se dispuso la cuarentena, había 140 casos abiertos y tramitados por el jurado de enjuiciamiento bonaerense.

Allan agregó: "El Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados y Senadores, o la misma Suprema Corte de Justicia, son ámbitos institucionales que están funcionando a través de las nuevas tecnologías. Pretendemos que con el sistema de enjuiciamiento ocurra lo mismo porque la situación que se está viviendo por la liberación de presos es muy delicada", afirmó Allan.

La Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (Aajep), según publicó la agencia de noticias Télam, planteó que "deben respetarse las decisiones judiciales fundadas para morigerar la prisión", excepto para los casos de "delitos graves" y entendió que "la amenaza pública del inicio de juicios políticos masivos" a raíz del otorgamiento de prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia de coronavirus, constituye "una afectación directa a la independencia judicial".

En un comunicado de prensa, la Aajep pidió que se respeten "las decisiones judiciales vinculadas a morigerar las prisiones preventivas de presos que conformen los grupos de riesgo ante la pandemia del coronavirus".

Ya hay una denuncia contra un magistrado por una decisión de prisión morigerada en medio de la pandemia. El juez de ejecución penal de Bahía Blanca Claudio Brun, cuestionado por otorgarle la prisión domiciliaria a un hombre condenado a siete años de cárcel por haber violado a una chica de 17 años con retraso madurativo, fue denunciado por mal desempeño por la abogada María Fernanda Petersen, con el patrocinio del diputado massista Pablo Garate (Frente de Todos). La medida contó con el apoyo del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de la Nación, propiciado por el presidente de ese cuerpo legislativo, Sergio Massa.

Por el fallo de Brun, Néstor Luis Ibars salió en libertad sin que fuera notificada la víctima ni su familia, sin que existiera ningún caso confirmado de coronavirus donde el criminal cumplía su condena de siete años, y además, sin que hubiera ponderado informes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) relativos a lugar donde se iba a remitir al condenado.

En las últimas horas se supo que el juez revocó su propia decisión luego de corroborar, a partir del informe ambiental finalmente realizado por el SPB, que "no estaban dadas las condiciones de seguridad para él y para su familia" en el domicilio al que Ibars había sido remitido desde la cárcel de Saavedra para cumplir la sentencia por la violación. La propia mujer del condenado se había presentado ante la Justicia para manifestar que vecinos arrojaban piedras y objetos hacia la casa a sabiendas de que Ibars estaba allí. Anteanoche, Brun ordenó su traslado al penal de Villa Floresta, en Bahía Blanca.

Monitoreo electrónico

"Es preciso destacar que de la propia resolución surge a todas luces que no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, lo que pone en una situación de peligro y gravedad a la víctima de los aberrantes hechos cometidos por el condenado", se sostuvo en la denuncia presentada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense.

A nivel provincial, Brun fue el primer juez denunciado. En cambio, a nivel del fuero federal, el diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio) ya había hecho una presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para denunciar a tres magistrados de un Tribunal Oral en lo Federal de San Martín que ordenaron el arresto domiciliario para un preso condenado por violación.

La denuncia por "mal desempeño, falta de imparcialidad y arbitrariedad" fue presentada contra los jueces federales de San Martín María Claudia Morgese Martín, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini.

El proyecto de ley

En cuanto al proyecto de ley de jury por videoconferencia, el artículo primero de la propuesta de los senadores Allan y Moirano postula que en el artículo 57 bis de la ley 13.661 (que fija las normas del procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios) se incorpore el siguiente texto: "En aquellos casos en que por circunstancias extraordinarias debidamente justificadas no pudieran llevarse adelante en forma presencial las audiencias previstas en la presente Ley, los conjueces podrán asistir de manera remota a través de los medios tecnológicos que se habiliten al efecto".

También solicitaron que el artículo 57 ter sea modificado por el siguiente texto: "La determinación de la existencia de causas extraordinarias que impidan la concurrencia personal a las audiencias y requieran la utilización de medios tecnológicos será determinada por el presidente del Jurado con la conformidad de dos tercios de los conjueces y procederá a pedido del denunciante, del denunciado, del acusador, de la Comisión Bicameral o de cualquiera de los integrantes del jurado según la instancia en la cual se encuentre el proceso".

Los senadores que presentaron el proyecto, propusieron que los conjueces que" asistan a las audiencias de manera remota, a través de los medios tecnológicos habilitados a tal fin, deberán acreditar su presencia mediante un sistema de validación por datos biométricos o, en la ausencia de este sistema, mediante la validación nominal de las presencias al igual que en las votaciones". Los votos, indicaron, deberán acreditarse con la firma digital.