Corredor de la muerte: el laberinto legal que tiene atrapado a Víctor Saldaño hace 25 años

CÓRDOBA.- El cuarto de siglo que el cordobés Víctor Saldaño lleva en el corredor de la muerte está atravesado por infinitas presentaciones judiciales en los Estados Unidos y ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), por versiones sobre qué querría o no este hombre de 48 años, el único argentino condenado a la pena capital, y por la infinita angustia de su madre, Lidia Guerrero, que vive para ver, de una vez, el final de esta historia.

La situación parece un laberinto sin salida; cuando asoma una posibilidad, inmediatamente se cierra; incluso la de una fecha probable de ejecución. Hace años que, en conversaciones con LA NACION, Lidia Guerrero dice que su hijo es un “muerto en vida”. Ella se cobija en su “fe en Dios” y está convencida de que se hizo “todo lo que pudo” y de que fue “condenado ilegítimamente” a muerte en Texas por el asesinato de un vendedor de computadoras al que le robó 50 dólares y un reloj: en la primera sentencia, por haber estado viciada de conceptos racistas -lo que hizo que fuera anulada por la Corte Suprema norteamericana-, y en la segunda, porque él “ya no estaba en sus cabales”.

En setiembre de 2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la última instancia de apelación y no aceptó tomar el caso Saldaño en revisión. Al menos en suelo norteamericano, y bajo sus leyes, las únicas posibilidades del cordobés que pasó más de la mitad de su vida en el “corredor de la muerte” son la conmutación de pena -facultad exclusiva del gobernador tejano- o la ejecución por medio de un inyección letal.

Ante la Justicia estadounidense, Saldaño cuenta con el patrocinio de los abogados Scott Smith, designado por los tribunales federales, y Benjamin Wolff, nombrado por los tribunales estaduales. El profesor Jonathan Miller, contacto habitual con la prensa por este caso, afirmó a LA NACION que trabaja con ambos abogados y participa de las audiencias “ante todo asegurando que la perspectiva del Gobierno argentino sea escuchada”.

LA NACION preguntó a la Cancillería cuál es el vínculo con la defensa de Saldaño y cuál es la posición del Gobierno, ya que el caso sigue en trámite tanto en los estrados norteamericanos como ante la CIDH. No hubo respuesta; las fuentes se limitaron a decir que el tema es “muy delicado”.

“Tanto Smith y yo juntos, como Wolff, hemos estado con Víctor durante los últimos meses. Más de eso no voy a decir, porque no es apropiado romper la confidencialidad. Eventualmente vamos a pedir la clemencia, pero no es el tema en este momento”, definió Miller, quien señaló que tiene un “poder” firmado por Saldaño desde “hace varios años” que “sigue vigente”.

Por la pandemia, el año pasado Texas suspendió durante casi un semestre las ejecuciones y la de Saldaño todavía no tiene fecha. Miller sostiene que el tema “principal” durante el resto de este año y comienzos del próximo será determinar si el cordobés es “competente para ser ejecutado”. Especuló: “No anticipamos que la jueza ponga una fecha de ejecución durante los próximos meses”.

Definir si es “competente”, opinó el abogado Miller, implica que “tiene que tener un entendimiento racional de por qué está siendo ejecutado” y que si hay dudas “siempre hay nuevos peritajes”. Saldaño, para la CIDH, perdió su salud mental por los años que lleva en el “corredor de la muerte”. Hay que recordar que los informes de la Comisión Interamericana no son vinculantes para los Estados Unidos.

Respecto a qué pasos resta seguir ante la Justicia estadounidense, Miller planteó que existen circunstancias bajo las que “se puede presentar un nuevo hábeas corpus”, aunque reconoce que son “pedidos muy difíciles”.

Enfatiza que es Saldaño quien decide si hay que hacer un pedido de clemencia. “Es algo que siempre ha indicado que quiere que sea pedido, porque la clemencia implicaría irse de las condiciones inhumanas del ‘corredor de la muerte’ para estar con la población carcelaria general. De todos modos, no se pide la clemencia hasta que cualquier recurso acerca de su competencia para ser ejecutado haya sido agotado”, explicó.

Sin relación con Miller ni representación legal propia en los Estados Unidos, la madre del cordobés atrapado en el “corredor de la muerte” tiene una versión distinta de los deseos de su hijo. Lidia Guerrero contó que en otras oportunidades su hijo le planteó que no quería que hicieran “nada más” para frenar su ejecución.

“No aceptamos ni pedimos ninguna clemencia, ni del Estado de Texas ni de los Estados Unidos -explicó a LA NACION Juan Carlos Vega, abogado de Saldaño frente a la CIDH-. Si Saldaño tiene que morir asesinado con una sentencia internacional que declara nulas sus condenas a muerte, así será y esperamos que el antecedente servirá para ayudar a otros. Hay 2800 ciudadanos que están en el ‘corredor de la muerte’ y dos tercios provienen de minorías”.

Sobre qué pasaría si no es ejecutado, porque no se lo considera “competente” para comprender lo que le sucederá, Miller explicó que la jueza no tiene facultad para sacarlo del “corredor de la muerte” y que, a futuro, si el fiscal quiere, puede pedir que sea “evaluado otra vez” para analizar si mejoró su condición mental relativa a la comprensión de la situación.

“El Estado de Texas insistiría con que hay un tratamiento psiquiátrico adecuado en el ‘corredor de la muerte’, con traslados al hospital mental del sistema para situaciones temporarias”, añadió Miller, quien aclara que tiene “fuertes discrepancias” con el sistema de pena capital en los Estados Unidos.

Hace tres semanas, el abogado Vega -quien aclaró que no percibe honorarios de ningún tipo- participó de otra audiencia especial ante la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, solicitada por la Cancillería argentina. Hace 23 años él firmó, junto a Guerrero, la presentación ante la CIDH por el caso de Saldaño. Sostiene que nunca, en todo ese tiempo, recibió apoyo jurídico ni de la Cancillería ni del gobierno de Córdoba.

“El único que respaldó expresamente esta lucha fue el Papa Francisco, con notas diplomáticas y concretas”, agregó Vega. Sí hubo apoyo “humanitario” por parte de las administraciones nacionales que pagaron viajes de la madre de Saldaño para verlo en Texas.

En abril, el canciller Felipe Solá recibió a Vega; después de eso se hizo el pedido ante la CIDH. “Esta vez sí hubo acompañamiento político; es la primera vez que va el embajador ante la OEA a un encuentro”, definió el abogado, que está convencido de que el camino en el sistema judicial norteamericano “está cerrado”.

“Por eso insistimos ante la Comisión Interamericana, porque creemos que es el único camino”, enfatizó.

En la audiencia volvió sobre el Informe de Fondo de la CIDH, que dispone que es procedente la “reparación integral a las víctimas”, aunque no fija montos: “Queremos que la Comisión fije esos montos de la ordenada reparación integral por 24 años de tortura en el ‘corredor de la muerte’ en la suma de 10 millones de dólares. En el Sistema Interamericano no hay violación de los Derechos Humanos sin la obligación reparatoria del Estado responsable”.

En abril de 2019, al regresar de visitarlo en la cárcel, Guerrero contó a LA NACION que su hijo le dijo que en noviembre lo iban a ejecutar porque “porque la segunda apelación sería rechazada”. Efectivamente el trámite terminó así, pero la ejecución sigue sin fecha. “Creo que Dios va a decidir sobre tu vida... Esperemos”, reflexionó.

El cordobés fue detenido por secuestrar y asesinar a tiros Paul Ray King, un vendedor de computadoras al que, junto con el mexicano Jorge Chávez, ambos drogados y borrachos, sorprendieron en el estacionamiento de un supermercado en Plano, al norte de Dallas. Le robaron 50 dólares y un reloj de plástico, que el argentino tenía consigo cuando lo arrestaron; también conservaba el arma homicida. Su cómplice, que confesó el hecho, fue sentenciado a cadena perpetua. Saldaño, en cambio, fue condenado por primera vez en julio de 1996 y desde septiembre de ese año está en el “corredor de la muerte”. Primero en Huntsville, en un pabellón de máxima seguridad, pero algo más flexible que el actual. Ahora, en la prisión de máxima seguridad Allan B. Polunsky, de Livingston, Texas. La cárcel está en una zona rural.

Espera la definición sobre su vida en una celda de 2,7 metros por 1,8 metros, con una ventana en lo alto; no puede hablar por teléfono. Recibe pocas visitas, de algunos pastores evangélicos y de representantes del consulado argentino. No puede tener contacto físico con quienes lo van a ver. Una hora al día es su “recreo”, en el que tampoco tiene vínculo con otros presos. Lee y escucha radio. Con los dólares que le dejan compra en la máquina de alimentos de la cárcel.

Desde 2008 está medicado con drogas antipsicóticas fuertes, tal como consta en el escrito presentado ante la Suprema Corte norteamericana por los abogados que representan a la Cancillería argentina. Antes de esa fecha recibía medicación ocasional.

Por Gabriela Origlia

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