
Desbarataron el búnker de “Los Rayitos”, una banda que utilizaba a menores para vender droga en Villa Bosch
Hay seis detenidos; secuestraron cocaína fraccionada, dinero, teléfonos celulares y elementos utilizados para preparar las dosis
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Una investigación que se extendió durante casi dos meses permitió desarticular el búnker de “Los Rayitos”, una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo que funcionaba desde una vivienda de Villa Bosch, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.
El operativo terminó con seis detenidos —entre ellos un menor de edad— y el secuestro de cocaína lista para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
El lugar había sido objeto de un operativo antidrogas en marzo pasado; en esa ocasión fue detenida, entre otros, una mujer que cumplía allí prisión domiciliaria. El nuevo procedimiento demuestra que la propiedad siguió siendo utilizada como punto de venta al menudeo.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Delegación San Martín de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, apoyados en las imágenes del 3F COM (Centro de Operaciones y Monitoreo de Tres de Febrero), en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del fiscal Raúl Germán Martínez.

La investigación había comenzado en mayo pasado a partir de información que vinculaba una propiedad situada en la calle 17 de Agosto al 700 con la venta frecuente de cocaína a diferentes clientes que entraban y salían del lugar.
Durante semanas, los investigadores realizaron tareas de inteligencia, vigilancias encubiertas y distintos relevamientos que permitieron reconstruir la modalidad de funcionamiento de la organización.
En esa tarea fue fundamental la revisión de las cámaras fijas y los domos de seguridad instalados en la vía pública. Así, los investigadores pudieron seguir en tiempo real esos movimientos y sumar filmaciones y fotografías cruciales para el expediente.

Según la investigación a la que accedió LA NACION, la vivienda —de características similares a un conventillo— había sido acondicionada como un búnker de comercialización de drogas, con tareas puntuales dentro de ese negocio ilegal: algunos se encargaban de la venta directa, otros actuaban como “satélites” o campanas para alertar sobre la presencia policial y un tercer grupo preparaba y fraccionaba las dosis que luego eran distribuidas entre los compradores.
Todo quedó expuesto luego de que un “agente revelador”, autorizado por la fiscalía, ingresara al domicilio para simular una compra de droga y exponer el ilícito. Entonces, los uniformados irrumpieron en el lugar y procedieron al secuestro de 40 gramos de cocaína distribuidos en 127 envoltorios plásticos termosellados, $125.500 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, sustancias de corte y una máquina termoselladora.
Durante el allanamiento fueron detenidas seis personas. Entre ellas había un adolescente, cuya situación quedó bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a su presunta participación en la comercialización de droga.
Un dato sorprendió a los investigadores: el inmueble ya había sido allanado a fines de marzo en otra causa por comercialización de estupefacientes. En aquella oportunidad había sido detenida una de las principales investigadas, quien posteriormente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sin embargo, esa medida cautelar la cumplía precisamente en la misma vivienda donde, según la nueva investigación, continuaba funcionando el punto de venta de drogas.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, lejos de desarticularse, la organización habría continuado operando desde el mismo domicilio, manteniendo su estructura y recurriendo incluso a menores de edad para sostener la comercialización y dificultar el accionar policial.
Con los seis detenidos a disposición de la Justicia y el búnker clausurado, la fiscalía continuará ahora con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y de la documentación incorporada a la causa para determinar si la organización mantenía vínculos con otros puntos de venta de estupefacientes en la zona o con proveedores que abastecían la estructura criminal.
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