Destituyeron a un fiscal que intervino en el caso del ataque a Sergio Massa
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LA NACIONGustavo Carabajal
En una resolución dictada por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, destituyó al fiscal Carlos Washington Palacios, quien había sido denunciado por una serie de irregularidades cometidas en la investigación del ataque contra la casa del diputado nacional Sergio Massa, en 2013.
El representante del Ministerio Público había sido suspendido en marzo de este año. Luego de analizar las pruebas presentadas por el acusado y por el Ministerio Público, el jurado presidido por el titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De Lazzari y conformado por los conjueces abogados Hernán Colli, Abraham Waismann, Graciela Amione y Pablo Perrino y los diputados Santiago Révora, Hugo Oroño y Guillermo Castello y los senadores Marcelo Julio Di Leo y Juan Pablo Allan, resolvió destituir al fiscal que se desempeñaba en la Unidad Funcional de Investigaciones N° 1, de Pilar.
Uno de los fundamentos de la denuncia contra el fiscal Palacios fue la declaración de uno de los testigos de la investigación del ataque contra la casa de Sergio Massa ocurrida el 20 de julio de 2013. Dicho atentado fue perpetrado por un efectivo de la Prefectura, que se desempeñaba en el área de Inteligencia de esa fuerza federal de Seguridad.
Este uniformado, identificado como Alcides Díaz Gorgonio, fue condenado en marzo de 2015 a 18 años de prisión por el ataque contra la casa del legislador nacional. Una de las pruebas contra el efectivo de la Prefectura fue la grabación de una cámara de seguridad de la casa de Massa en la que el acusado dispara con un arma con silenciador contra el dispositivo para borrar sus rastros.
Néstor Jaunarena, testigo del allanamiento en la casa de Díaz Gorgonio denunció que se había encontrado más dinero que el monto que Massa denunció que le robaron y que había recibido amenazas. Ante el tribunal, Jaunarena reconoció que sus dichos habían sido "patrocinados" por Palacios y un abogado, Tomás Pérez Bodría, ex concejal kirchnerista de Pilar.
A raíz de los dichos de este testigo se abrió un proceso contra el fiscal Palacios que derivó en el juicio político y en su destitución.
En la época del robo Díaz Gorgonio integraba la "sala de situación" del Ministerio de Seguridad de la Nación. Según consta en la causa, esa "sala" -desactivada por el ministerio al revelarse el robo- estaba integrada por miembros de las cuatro fuerzas de seguridad federales, que informaban al Gobierno sobre protestas sociales y políticas y sus autores. La Casa Rosada negó enfáticamente que el prefecto fuera un "espía".
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