Detuvieron al jefe de la Policía Caminera y a otros cuatro uniformados por extorsiones
La sospecha es que los imputados usaban datos reservados y los utilizaban para coaccionar a las víctimas
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- El jefe de la Policía Caminera y otros seis uniformados de la fuerza provincial de seguridad fueron detenidos en el marco de una causa judicial donde se investiga una supuesta organización delictiva dedicada a extorsionar, coaccionar y negociar de forma ilegítima usando datos reservados del sistema policial.
La Policía de Córdoba atraviesa una serie de escándalos en los últimos tiempos, con varios integrantes de altos cargos imputados de diferentes delitos.
La investigación está a cargo del fiscal Guillermo González y los sospechosos fueron detenidos después de 11 allanamientos realizados en la ciudad de Córdoba, en Unquillo, La Calera y Cosquín.
Los procedimientos se hicieron en las casas de los sospechosos y en estudios jurídicos. También se registraron oficinas de la Jefatura de Policía con el objetivo de buscar evidencia.
Entre los sospechosos detenidos se encuentra el comisario general Maximiliano Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, quien fue acusado de coacción, extorsión, asociación ilícita (en calidad de jefe), peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia.
También quedaron presos Gagbriel Élido Burkhard (sospechoso que no es policía), imputado por coacción, extorsión, asociación ilícita (como organizador) y enriquecimiento ilícito; el comisario inspector Leonardo Javier Torres, a cargo de la dirección de Asesoría Letrada, por asociación ilícita.
La orden alcanzó también al comisario inspector Martín Darío Heredia, quien está acusado de ser miembro de la asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia; el abogado Gastón Ochoa Roldán -hermano del jefe de la Policía Caminera- por asociación ilícita; el comisario inspector Jorge Gutiérrez, de la Dirección de Custodias y Protección, por asociación ilícita y peculado de servicios, y el suboficial principal Dante Gabriel Villalba, que se desempeñaba como chofer en la Jefatura de Policía, por coacción, asociación ilícita (como miembro) y peculado de servicios.
Según la investigación, los sospechosos, en su mayoría efectivos con título de abogado, accedían a información confidencial del sistema policial —como antecedentes y planillas de prontuario— y la usaban para cobros extrajudiciales, fijación de honorarios y negociaciones paralelas, en connivencia con civiles y abogados particulares.
“La maniobra que se investiga no se podía detectar desde el seno de la fuerza de seguridad porque las acciones [delictivas] no se cometían en funciones, sino en sus actividades privadas como abogados”, digo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.
Por su lado, el fiscal González confirmó que parte de la acusación es por enriquecimiento ilícito, que se habría producido por el “cobro de honorarios en litigios que se veían favorecidos por el acceso a antecedentes y otros datos que generaban una competencia desigual con otros profesionales y les otorgaba una ventaja también con las otras partes, enfrentadas en un proceso".
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