Detuvieron al secretario de Seguridad de San Miguel del Monte

La sociedad de Monte, conmocionada
La sociedad de Monte, conmocionada Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford
Es por encubrimiento; apresaron también a tres policías y uno está prófugo; exhuman los cuerpos de dos de las víctimas
Gustavo Carabajal
Fernando Rodríguez
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27 de mayo de 2019  

La investigación por la muerte de un joven y tres chicos en una inconcebible persecución por las calles y bulevares de San Miguel del Monte no solo complica cada minuto que pasa a más policías bonaerenses de la zona: ya salpica, incluso, a la autoridades municipales. En las últimas horas fueron detenidos tres uniformados y el secretario de Seguridad local, Claudio Martínez. Y estaba en condición de prófugo quien, hasta el día de la tragedia, estaba al frente de la seccional del distrito, subcomisario Julio Franco Micucci.

Según calificadas fuentes de la investigación, se les imputa el eventual encubrimiento de circunstancias cruciales del hecho, fundamentalmente vinculadas al motivo aún inextricable que llevó a policías de la zona a montar la "cacería" del Fiat 147 en el que Aníbal Suárez, de 22 años, llevaba a cuatro amigos de entre 13 y 14 años, entre ellos, Rocío Guagliarello, única sobreviviente de la tremenda colisión, que sigue internada en gravísimo estado en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Las aprehensiones de Martínez, el teniente Héctor Enrique Ángel, la oficial ayudante Nadia Genaro y el oficial inspector José Manuel Durán elevaron a 12 la cantidad de detenidos por el caso. Pero no fueron las únicas novedades de la pesquisa. Inobjetables fuentes de la investigación confiaron a LA NACION que, al cierre de esta edición, el fiscal Lisandro Damonte había resuelto solicitar la exhumación de los cuerpos de dos de las víctimas del hecho. Según se explicó, espera poder determinar si alguno de ellos fue alcanzado por alguno de los al menos cuatro proyectiles disparados por los policías durante la persecución.

Hasta el momento, y como reveló LA NACION en su edición de ayer, el proyectil que alcanzó a Gonzalo Domínguez dentro del 147 salió de la pistola reglamentaria del oficial Manuel Monreal, que iba en el patrullero que intentó cortarle el paso al Fiat que traía detrás a la camioneta policial que había iniciado la persecución.

Los propios familiares de las víctimas aportaron a la fiscalía cuatro vainas servidas de calibre 9 milímetros que habían encontrado en el trayecto recorrido por los vehículos. Según los peritajes, esos casquillos se corresponden con el arma de dotación del oficial Rubén Alberto García, que iba con su colega Leonardo Daniel Ecilape en la camioneta bonaerense.

El fiscal Damonte procura establecer si alguno de esos proyectiles atravesó las chapas del Fiat 147 en movimiento y, en tal caso, impactó en alguna de las víctimas. El dato es crucial, porque agravaría todavía más la situación tanto de los policías que participaron de la persecución -más aún de quienes realizaron los inconcebibles disparos- como de quienes, con el hecho consumado, procuraron ocultar indicios y componer una versión monolítica, pero falsa, de las circunstancias que rodeaban el suceso para sustraer a los policías participantes de una responsabilidad penal que, finalmente, los atrapó.

Al respecto, según confiaron a LA NACION fuentes de la investigación, se estableció que el subcomisario Micucci llegó al lugar del hecho no bien se produjo la mortal colisión y desde allí, aún vestido de civil, fue a la comisaría de Monte, de la que estaba a cargo.

Las declaraciones de testigos tomadas en la seccional inmediatamente después del hecho tienen, justamente, el sello de Micucci, mas no su firma. Esto significa que habría validado esas testimoniales, aunque él no estaba presente, lo que representa una falsedad ideológica de instrumento público.

En cuanto a Martínez, si bien anoche no se dieron demasiadas precisiones acerca de la imputación en su contra, sí se sabe que en las últimas horas la jueza Marcela Garmendia había autorizado el pedido del fiscal Damonte para que personal de la Gendarmería hiciera una inspección en el centro de monitoreo de Monte. Se buscaba establecer si todas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad estaban disponibles e inalteradas o si, posiblemente, alguna imagen o secuencia de la persecución mortal -incluso, el instante preciso de los disparos- pudo haber sido ocultada o borrada.

Ya se sabe que en el auto en el que iban las víctimas no había drogas ni armas. Se sospecha que la insensata persecución persiguió fines netamente extorsivos.

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